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David Tenorio
Las redes sociales actúan como un tribunal público implacable. La diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, ha protagonizado un episodio que ilustra a la perfección cómo una mala estrategia de comunicación puede transformar una crisis en un desastre reputacional irreversible. Lo que comenzó como una demanda por violencia política de género contra una ciudadana común, Karla Estrella Murrieta, ha derivado en un escándalo nacional que expone no solo los excesos del poder, sino también la fragilidad de una imagen pública construida sobre castillos de aire.
Recordemos los hechos: en 2024, Estrella publicó un tuit cuestionando la elección de Barreras como diputada, insinuando que su ascenso se debía más a su matrimonio con el morenista Sergio Gutiérrez Luna que a méritos propios. Barreras, invocando la figura de violencia política de género, demandó y ganó en todas las instancias, culminando en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligaba a Estrella a publicar disculpas públicas diarias durante 30 días, pagar una multa, asistir a un curso de perspectiva de género y ser inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política hasta 2027. Esta medida, calificada por muchos como un abuso censor, desató una oleada de indignación en redes, donde el hashtag #DatoProtegido —derivado de la protección judicial al nombre de Barreras— se volvió viral.
Aquí es donde entra en juego la estrategia de comunicación de Barreras, que pretendía cooptar las críticas posicionándose como víctima de una “campaña de desinformación” y defendiendo los derechos de las mujeres. Sin embargo, una disculpa efectiva no basta que sea con palabras; requiere reconocer el error, mostrar arrepentimiento genuino y, sobre todo, ofrecer una enmienda que repare el daño causado. Barreras, en cambio, optó por una disculpa pública que suena más a defensa que a contrición. En un video reciente, pidió perdón a sus votantes y al movimiento por el “daño” de las críticas a su estilo de vida lujoso —bolsos, y ropa de miles de pesos, viajes y acceso a la Fórmula 1—, pero lo atribuyó todo a “mentiras y exageraciones”, negando los costos reales y deslindándose de cualquier responsabilidad. Su esposo, Gutiérrez Luna, reforzó esta narrativa al calificar un boleto de F1 como “cortesía sin valor”, lo que solo avivó las burlas en redes.
Tras una crisis de esta magnitud, nada queda igual, y el objetivo debe ser minimizar daños, no negarlos. Barreras, al insistir en su victimización sin enmendar —por ejemplo, sin transparentar sus finanzas o retirar la demanda excesiva—, convirtió su disculpa en “vanas palabras” que no convencen a nadie. Peor aún, su intento de cooptar críticas al apelar a la sororidad y la lucha feminista se volvió contraproducente: la presidenta Claudia Sheinbaum, en una mañanera, la regañó públicamente, recordando que “el poder es humildad, no soberbia” y que exigir disculpas por 30 días es un “exceso”. Esto no solo aisló a Barreras dentro de su propio movimiento, sino que la expuso como ejemplo de autoritarismo disfrazado de justicia de género.
En redes, la estrategia implosionó. Lo que pretendía ser una contención de daños generó miles de posts irónicos, memes y tendencias que la ridiculizaron, desde acusaciones de censura hasta exposiciones de su vida opulenta.
Barreras misma reconoció el “costo” de defender derechos femeninos, pero omitió que el verdadero precio lo pagan las ciudadanas como Estrella, humilladas por opinar. Al final, su petición al TEPJF para reconsiderar la sanción —diciendo que “una disculpa fue suficiente” y que no necesitaba ser pública— llegó tarde y sonó a retroceso forzado, no a convicción.
El perdón sin enmienda es inútil, ya que la credibilidad radica en hechos coherentes que demuestren cambio.
Barreras no ofreció eso; en su lugar, profundizó la brecha con el público, recordándonos que en la era digital, las estrategias de imagen deben ser proactivas y auténticas, no reactivas y defensivas.
Su caso es una lección: intentar cooptar críticas con disculpas huecas solo las multiplica, y el daño a la reputación — ese “patrimonio invaluable”— puede ser permanente. En política, como en la vida, el verdadero perdón no se pide; se gana con acciones.
X @David_Tenorio
Estamos frente a la estafa maestra municipal en plena cuarta transformación para Hidalgo. El caso de una contribuyente morosa que acudió a apagar su impuesto predial para ponerse al corriente con un importe de $7823.76 y del cual le entregaron un recibo debidamente sellado, en hoja membretada y hasta con un código QR, resulta que la Dirección de Catastro de ese ayuntamiento 2024-2027 desconoció el ingreso en dinero en efectivo de tal cantidad, lo cual quedó asentado en un documento que firmó la propia directora de ese organismo.
Ahí le ofrecieron dos “soluciones” al dinero que se esfumó en el momento que el funcionario lo recibió y extendió el documento que lo acredita que incluye su nombre : “hablar con la presidenta municipal o volver a pagar”.
Al consultar con un integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Hidalgo de qué debe hacer la contribuyente, la orientaron: “Por orden de importancia y cadena de responsabilidades: primero solicitar a la alcaldesa que haga la investigación; si es omisa, acudir con los síndicos procuradores; en caso de no ser atendida, con los regidores y poner en conocimiento a quien sea titular del Órgano Interno de Control de la presidencia municipal”.
Si nadie de esos actúa, se le puede fincar responsabilidad legal por su inacción, empezando por el de la Contraloría municipal.
Además es importante acudir a la Procuraduría General de Justicia del estado, concluyó la orientación el especialista en Derecho.
Por su parte, un perito fiscal contable rastreó algún comprobante y datos del pago del impuesto predial de la contribuyente y no encontró evidencia, y en un ejercicio extra tampoco de otros diez ayuntamientos existe información.
Está no es la primera vez, ya había sucedido en 2020, y tal parece que el de abril de 2025 sigue la misma ruta de impunidad que aquel, aunque en el primero se puso en conocimiento a la contraloría municipal y, no por intervención de ésta, se le corrigió el recibo al contribuyente por los $15700 pesos en vez del que le habían extendido de $700.
Dicen que hay en proceso una auditoría por el de 2025, sin embargo han pasado tres meses sin que la afectada haya sido notificada si así fuese.
Tengo otra denuncia en otra localidad, pero no me entregaron copias de los pagos del servicio de agua potable.
La misma forma: el dinero se esfumó en cuanto la cajera lo recibió e imprimió el papel con los debidos indicadores de seguridad que amparan que el dinero en efectivo ingresó.
El perito fiscal no descartó, como el abogado, que lo mismo está pasando en las 83 alcaldías restantes porque “un ciudadano cualquiera que vaya y pague en las cajas de las presidencias municipales está indefenso de comprobar que su dinero no entró a la caja y su recibo es falso”
Pero ni en el pasado como en el presente, la Contraloría estatal o la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo han encontrado un pretexto para intervenir a todo el personal de las cajas receptoras de pagos de las presidencias municipales, como sí hubiera sucedido aplicando la máxima: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
Si viviéramos bajo esa ley, “me canso ganso” que para el próximo 5 de septiembre ningún alcalde haría público su primer informe debido a que habrían sido intervenidas sus áreas recaudadoras y ellos sujetos a una investigación por posibles desvío de recursos públicos y peculado, pero eso no sucederá porque el infaltable ingrediente político partidista los protegerá: “no somos iguales”, sea de la boca de quien salga.
Vigente el secreto a voces: son la “caja chica” de los presidentes municipales el pago del predial y del agua, quien diga lo contrario es que no ha visto al actual alcalde que le abren la caja con el dinero del predial y lo que agarré su mano, “yo lo ví”, me aseguró un abogado.
En ese entramado, todos los niveles de gobierno salen salpicados, también razón para la inacción legal, algo pasaría si los contribuyentes pagaran impuestos y el gobierno dejará de recibir dinero en efectivo, aunque así como ahora, los funcionarios se sofisticarían para desviar recursos; hackear cuentas bancarias se volvería un delito normal en sustitución al desvío de dinero.
El que nunca va desaparecer -por más que los de Morena digan desde Japón, España o de algún otro punto lejos de México, que ellos no son como los políticos del pasado-, es el delito de peculado porque hay varias formas de ser los nuevos ricos a costa del cargo.
DE MIS TREBEJOS:
Me quedé sin palabras nada más de ver cómo resultaron igual que sus antecesores, no hay forma de afirmar lo contrario.
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La Unidad de Planeación del Gobierno del estado confirmó que desarrolló y entregó a la Secretaría de Seguridad Pública, en el 2024, un proyecto para construir un nuevo Centro de Readaptación Social que tendría como sede el municipio de Tasquillo.
La Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible confirmó que tiene los elementos del plan, pero no ha sido autorizado, sin embargo, sí se construirá un cuartel de la policía estatal en ese polígono.
La historia
En el periodo 2023-2024 el gobierno del estado hizo una donación de un predio de 10 hectáreas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), la intención era construir un moderno penal en donde se concentrarán internos de los penales ya obsoletos de Mixquiahuala, Huichapan, Jacala e Ixmiquilpan. El proyecto incluía la mudanza de juzgados, agencias del ministerio público, así como toda la infraestructura legal que requiere un centro de readaptación social.
El proyecto documental, tiene un apartado que se refiere a la intención de que el nuevo centro fuera administrado en parte, bajo un concepto de concesión privada, como se hace en Querétaro.
Los terrenos destinados para tal fin se ubican a un costado de la carretera 85 México-Laredo en el municipio de Tasquillo. Una parte es administrada por la Secretaría de Agricultura y otra se otorgó, también en donación.
Desde el año pasado, el proyecto es analizado por la secretaría de Infraestructura en donde hay por lo menos 3 ante-proyectos pero el tema presupuestal no fue definido nunca.
Brigadas de trabajadores de esa dependencia se presentaron hace algunas semanas en Tasquillo para hacer un levantamiento topográfico que no fue concluido, debido a que vecinos de la zona les impidieron el acceso.
Todo apunta a que el proyecto no será desarrollado porque requiere de una inversión muy alta; para el 2025 no está contemplada y de acuerdo a las estimaciones presupuestales del 2026, tampoco tendría cabida.
Nuevamente, la secretaría de Infraestructura confirmó sobre el penal, “ya fue contratado un proyecto previo, lo que sí se va a hacer es un cuartel de la policía estatal”.
La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al citar a Benito Juárez y subrayar que “la justa medianía debe ser la guía de todo servidor público”, fue un recordatorio contundente de los principios que deben regir a quienes ostentan un cargo público en México. En un país donde la desigualdad y la percepción de abuso de poder han marcado la relación entre gobernantes y ciudadanos. Este mensaje no solo reafirma los valores de austeridad y congruencia, sino que también pone el dedo en la llaga frente a las actitudes de quienes, desde el poder, parecen olvidar el compromiso con la ciudadanía. La alusión a destinos como Lisboa, Madrid, Capri, Ibiza o Tokio no es casual: es una crítica directa a aquellos funcionarios que, seducidos por el glamour o la ostentación, desvían su brújula ética y olvidan que su labor debe estar al servicio del pueblo, no de sus propios intereses.
La justa medianía, ese concepto juarista que aboga por una vida digna pero sin excesos, no es solo una filosofía personal, sino un deber ético para quienes manejan los recursos públicos. En el contexto de Morena, un partido que se ha proclamado defensor de la austeridad y la transformación, este principio debería ser innegociable. Sin embargo, la realidad a menudo dista de los ideales. No es raro escuchar de servidores públicos que, lejos de practicar la sobriedad, incurren en gastos excesivos. Esto no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que contradice los valores que el propio movimiento de la Cuarta Transformación dice defender.
Para ilustrar cómo otros países han abordado esta problemática, basta mirar casos como el de Estados Unidos, donde los gastos personales de los funcionarios públicos están estrictamente separados de los recursos del erario. Por ejemplo, en el ámbito federal, los servidores públicos de alto nivel, como congresistas o miembros del gabinete, deben cubrir de su propio bolsillo gastos como comidas personales, viajes no oficiales o incluso el transporte cotidiano, salvo que estén estrictamente relacionados con sus funciones. Además, existen regulaciones claras, como las establecidas por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), que exigen transparencia en los ingresos, regalos y posibles conflictos de interés. Este tipo de mecanismos no solo promueven la rendición de cuentas, sino que refuerzan la idea de que el servicio público no es un medio para el enriquecimiento personal.
En países como Canadá, los funcionarios están sujetos a códigos de conducta estrictos, y los gastos relacionados con viajes o eventos oficiales deben justificarse minuciosamente. Por ejemplo, un ministro que asista a una cumbre internacional debe detallar el propósito del viaje, los costos asociados y cómo estos benefician al país. En caso de irregularidades, los órganos de fiscalización, como el Comisionado de Ética, pueden imponer sanciones o hacer públicas las faltas, lo que actúa como un disuasivo.
En México, aunque se han implementado medidas de austeridad, como la eliminación de privilegios excesivos para altos funcionarios o la reducción de salarios, aún falta consolidar mecanismos robustos que garanticen la transparencia y eviten el mal uso de recursos públicos. Por ejemplo, la Ley de Austeridad Republicana de 2019 prohíbe el uso de fondos públicos para gastos suntuosos, pero su aplicación ha sido desigual. Un paso hacia adelante podría ser la creación de un sistema de auditorías en tiempo real para los gastos de funcionarios, similar al modelo estadounidense, donde cualquier erogación debe estar respaldada por facturas y justificaciones públicas. Asimismo, la obligatoriedad de declaraciones patrimoniales y de intereses, verificadas por un organismo independiente, ayudaría a prevenir conflictos de interés y a detectar enriquecimientos ilícitos.
El mensaje de Sheinbaum no debe quedarse en la retórica. La justa medianía exige no solo un cambio de mentalidad en los servidores públicos, sino también la creación de instituciones y mecanismos que hagan imposible el desvío de recursos para fines personales. Los militantes de Morena, y en general todos los funcionarios, deben entender que el poder no es sinónimo de privilegio, sino de responsabilidad. La ciudadanía, cada vez más informada y vigilante, no tolerará incongruencias. Si México aspira a una verdadera transformación, la austeridad no puede ser solo un discurso, sino una práctica cotidiana que refleje el compromiso con la justicia y la equidad que Juárez defendió hace más de un siglo.
La presidenta Sheinbaum ha puesto sobre la mesa un principio fundamental que debe permear no solo a su gobierno, sino a toda la clase política. La justa medianía no es una utopía, sino una exigencia ética y práctica que puede lograrse con voluntad política, transparencia y sistemas de rendición de cuentas efectivos.
Solo así, los destinos, la joyería, los autos y las comidas de lujo dejarán de ser una tentación para quienes han jurado servir al pueblo.
X @David_Tenorio
El diagnóstico es contundente. Las pruebas y síntomas no dejan lugar a dudas. Se pudo evitar, coinciden varios especialistas. No aplicaron un cerco y es irreversible, la Cuarta Transformación se contagió de corrupción.
La ostentosidad, el dispendio, la frivolidad y todo aquello que suponíamos sería pasado desde aquel lejano primero de julio de 2018, cuando el país cambió a una figura totalmente sana, inmune dijeron muchos, genéticamente modificada argumentaron otros y algunos más que no era igual a su pasado priísta; se equivocaron al paso del tiempo, afortunadamente está vez en menos de 90 años que representó la primera oleada de corrupción.
También es hora de borrar la frase de que la corrupción se puede erradicar y comprobar que la corrupción somos todos; entonces se acaba la humanidad y se acaba la corrupción, así de simple, lo respaldan politólogos, filósofos y sociólogos, y en el corto plazo también coincidirá en este punto la Inteligencia Artificial.
Los que forman el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) callan porque no pueden con tanta evidencia de que se infectaron.
En Hidalgo se simula que nada pasa, cuando basta mirar a un secretario de estado o a un alcalde o diputado o senador o funcionario de “medio pelo” con los síntomas evidentes del contagio.
Y las consecuencias ya se las saben: pagará el más visible de todos, el que valientemente lanzó el reto luego de los resultados de las votaciones de junio de 2022, confiando que a la mitad del mandato continuaría el respaldo ciudadano a la 4T de Hidalgo y nadie supuestamente revocaría tal afirmación.
Fallaron como los que les antecedieron, se necesita una nueva figura que represente la esperanza para Hidalgo, nada más para tres años, no seamos aspiracionistas porque también es malo el exceso para los políticos y su red de parientes y personajes que viven con la “enfermedad”.
DE MIS TREBEJOS
Para muestra de lo anterior, uno de tantos botones: en Ajacuba, el excomisariado ejidal, Marcelino García, alteró las constancias de posesión a cambio de obtener un beneficio personal, y ahora el sucesor, Alejandro Becerra, está encontrando esas “perlitas” deslindándose de sus efectos penales.
Otro botón: En ese mismo municipio, en la Tesorería con la simple presentación de una “constancia de posesión” abren una cuenta de impuesto predial y reciben el importe de ese nuevo contribuyente, generando un problema a los dueños legítimos del terreno, tal como le sucedió a Irma Jiménez Trejo, que padece por esas dos situaciones el despojo de su ejido, el cual denunciará en las Procuradurías Agraria y General de Justicia de Hidalgo.
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Desde que Morena efectuaba su proceso interno de selección de candidatos a alcaldes, fue evidente que el argumento de mayor peso para ganar la designación era el control político sin importar si los y las abanderadas tenían arraigo o conocimiento del cargo al que aspiraban.
Con la elección cumplida, casi de inmediato, las y los nuevos alcaldes dieron evidentes señales de descontento por lo que el gobierno estatal tuvo que intervenir con capacitaciones en temas administrativos, financieros y operativos ya que en muchos casos los ayuntamientos estaban a totalmente a la deriva.
En los primeros meses del mandato municipal fue evidente que los alcaldes emanados de Morena estaban “empoderados”; hicieron exactamente mismo que tanto censuraron de las administraciones priistas.
La falta de conocimiento, soberbia, pero sobre todo un amplio desconocimiento de la ley dio como resultado, por ejemplo:
Zorayda Robles alcaldesa de Apan, mantiene un enfrentamiento con habitantes de la región por el abastecimiento de agua.
O el alcalde de Huejutla, Alfredo San Román, siga mintiendo sistemáticamente a la población y ello derive en violentos enfrentamientos y amenazas a la paz social en la zona.
En el Valle del Mezquital, el alcalde de Tasquillo Alberto Basilio, no ve más allá de su nariz y sigue sin atender temas de seguridad pública que ya cobraron la vida de su director de policía; además confrontarse con todos los vecinos que le exponen sus problemáticas.
Aquí hay tres ejemplos de personajes que no eran líderes en sus municipios, pero las componendas políticas fueron las claves para entregarles el control sin importar el bienestar de sus habitantes.
Mixquiahuala, Mineral de La Reforma y Tulancingo están bajo esa misma circunstancia, pero reciben permanente apoyo del gobierno estatal por lo que representan económicamente y políticamente. Tanto apoyo, que, en el caso de Mineral de La Reforma, cada decisión que se anuncia, previamente fue analizada, supervisada y aprobada en la secretaría de gobierno.
Con ejemplos así, es muy complicado que, al cumplir un año de gestión municipal, la mayoría de las 84 localidades que conforman nuestro estado, tengan buenas noticias de verdad.
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Hay una historia añeja que relata cómo un padre avisa a su hijo que deberá casarse con la mujer que él elija, a lo que el joven se niega. El progenitor insiste, mencionando que se trata de la hija de Rockefeller, y el hijo acepta. Entonces, el padre acude a Rockefeller y le pide la mano de su hija para su descendiente. Rockefeller se niega. El padre añade que su hijo sera nombrado el gerente del Banco Mundial, y Rockefeller aprueba. Finalmente, el padre visita al presidente del Banco Mundial y solicita que nombre a su hijo como gerente, pero la petición es rechazada. El padre agrega que su hijo se casará con la hija de Rockefeller, y el presidente acepta. Así funciona la política: se construyen puentes incluso donde no los hay.
Esta historia viene a colación por un hecho reciente en Hidalgo, donde el pasado 24 de julio de 2025, en el municipio de Zimapán, se reportaron bloqueos en la carretera México-Laredo como protesta por la falta de agua potable en la comunidad de La Cruz. Según reportes, habitantes de la localidad, liderados por figuras locales, cerraron la vía para exigir al gobierno estatal y municipal una solución inmediata a la escasez de agua que afecta a cientos de familias. Este acto de presión, que interrumpió el tránsito en una arteria clave, refleja cómo grupos organizados utilizan el bloqueo como herramienta para hacerse escuchar, afectando a miles de personas y generando tensiones con las autoridades.
El estado no puede ser rehén de grupos minoritarios ni quedar a merced de liderazgos locales, gremios o sindicatos que, amparados en el descontento social, buscan negociar beneficios a cambio de desbloquear las vías de comunicación. Como en la historia, donde se teje una realidad desde la nada, aquí el vínculo es clientelar: favores a cambio de lealtad y obediencia. Estos bloqueos, aunque efectivos para visibilizar demandas, evidencian una dinámica donde el poder regional se construye y se ejerce al margen de la institucionalidad, desafiando la gobernabilidad.
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Cuando se suponía que los primeros seis años de un gobierno federal emanado de Morena habían permeado en aproximadamente 600 mil hidalguenses recibiendo dinero gratis bajo un esquema paternalista y populista, que garantizaría la conformación del voto duro de ese partido, el escenario cambió.
Cuando se suponía que el primer piso de la 4T había llegado al estado hace tres años gracias a ese efecto del sexenio federal y que en el caso de algunos municipios también en el complicado 2020, hay muestras de que no cambió mucho el escenario.
Cuando se suponía que los hidalguenses pobres ya no verían nacer nuevos ricos como lo fue durante 90 años de priismo, el escenario no ha cambiado.
Cuando se suponía que en 2024 Morena iba a arrasar, aunque lo hizo en el Poder Legislativo federal y estatal, a nivel alcaldías los votos no les favoreció.
Hoy somos testigos de la violencia de alto impacto, esa de la cual la Procuraduría General de Justicia local y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, presumen resolver pronta y expedita, el escenario no ha cambiado porque no informan detalles de quienes son los funcionarios que están vinculados o relacionados con los pocos detenidos investigados por narcotráfico, ordeña de ductos, sus empresas que realizaron obra pública o hasta cantantes y/o grupos musicales que se presentaron y se presentan en las ferias.
En poco tiempo, el modelo de Morena hidalguense se ha convertido en todo lo que criticó, ni hablemos de quienes son sus militantes u operadores, de quienes han creado sus negocios para ser los nuevos proveedores de gobierno, entre otras malas copias del otrora “partidazo”.
En tanto a nivel nacional las figuras políticas están relacionadas con el mundo delictivo, nadie metería las manos al fuego en Hidalgo asumiendo que aquí los de Morena están exentos.
La red de complicidades está en marcha, el escenario ha cambiado en ese terreno porque no están solos como sucede en el ámbito nacional.
DE MIS TREBEJOS
Que estará haciendo mal el alcalde de Ixmiquilpan que no fue sede estatal del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El operativo para revisar el transporte público que puso en marcha el Mirrey de Pachuca en conjunto con la deshumanizada titular de la Semoth, Lyzbeth Robles, no ha dado frutos en al menos tres líneas que diariamente utilizo para llegar al sur y centro de Pachuca.
El día del informe del presidente de la Junta de Gobierno de la 66 Legislatura arrancará el proyecto para alcanzar la Casa Rule.
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Los preparativos para el tercer informe de trabajo del gobernador Julio Menchaca entran en la última fase.
El protocolo del evento será totalmente distinto al del año pasado ya que el jefe del Poder Ejecutivo local, irá personalmente al Congreso del estado, en donde dará un mensaje a los diputados y entregará el legajo con los detalles del informe, algo que no sucede desde hace varios años.
La segunda fase del programa se desarrollará en la Plaza Juárez de Pachuca, lugar donde Julio Menchaca ofrecerá mayores detalles de las metas alcanzadas durante los últimos 12 meses.
La logística del evento sugiere que las condiciones políticas del estado son más estables, de ahí la visita al Congreso.
Otro aspecto sobre la recomposición interna en el gabinete apunta hacia la Oficialía Mayor, instancia que adquirió muchos” más protagonismo en los últimos años y que hoy tienen potestades presupuestarias o logísticas en áreas que antes no reportaban a esa dependencia.
Sobe el contenido del informe, hay varios aspectos que serán destacados como el crecimiento económico, la eficiencia y transparencia en el ejercicio presupuestal.
Habrá otros temas complejos como el de la seguridad y la atención a desastres naturales que des ahora generan expectativa.
El tercer informe es la mitad del camino. El gobernador Julio Menchaca lo sabe y a partir del 5 de septiembre próximo, los partidos políticos y sus actores estarán mucho más activos con miras a la elección municipal y local del 2027 previa aduana en la revocación de mandato un año antes.
Vienen los años más “políticos” del sexenio, hay que observar cómo se colocan las piezas del jefe político y de Morena, cómo se mueven porque las reglas del juego son diferentes.
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El escenario político mexicano está en un punto de inflexión. Morena el partido político que tiene en su poder la presidencia, la mayoría de los gobiernos estatales, los congresos locales y el federal; puede consolidar su poder si logra superar sus fracturas internas y diversificar sus estrategias, o puede caer víctima de su propia complacencia. Como decía George Orwell, “quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro”. Para Morena, el control del presente depende de no caer en la trampa del “yes man”, todo político de altos vuelos necesita la seguridad que le da un “yes man”, el que le dice sí a todo.
Esta frase, cargada de ironía y verdad, resuena con fuerza en el contexto del Octavo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el domingo y en el panorama político mexicano actual que pareciera querer construir un futuro que trascienda la obediencia ciega.
La convención de Morena, un evento descrito como “histórico y encendido” por analistas, fue un intento de alinear estructuras dentro del partido. Sin embargo, las fracturas internas, evidenciadas por la ausencia de figuras clave como Andy López Beltrán y los escándalos que rodean a personajes como Adán Augusto López y Arturo Ávila, muestran que el control total que Morena persigue está lejos de ser una realidad.
El “yes man” en este contexto no es solo un subordinado complaciente, sino un símbolo de la necesidad de control en un partido que, tras años de victorias electorales, enfrenta el desafío de mantener la cohesión.
La suspensión de derechos de figuras como el exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de liderar un cártel, entre otros temas, muestran que Morena no solo lucha contra la oposición, sino contra sus propios demonios internos.
La lealtad absoluta que buscan los líderes puede sofocar la crítica constructiva, debilitando la capacidad del partido para adaptarse a un entorno político cada vez más complejo.
Mirando hacia el futuro inmediato, Morena enfrenta un escenario político donde su hegemonía está en juego. La convención extraordinaria fue un intento de cerrar filas, pero los escándalos y la falta de figuras clave sugieren que el partido podría estar perdiendo el control de su narrativa.
Las elecciones de 2026 se acercan, y aunque Morena mantiene una base sólida, la percepción pública actualmente no es la mejor y la división interna podría erosionar su apoyo. La frase del “yes man” nos recuerda que rodearse de incondicionales puede ofrecer seguridad temporal, pero también aislar a los líderes de la realidad.
Por otro lado, el contexto internacional agrega presión. La influencia de figuras como el Presidente Donald Trump podría inspirar estrategias más polarizantes en México, donde el partido gobernante podría optar por endurecer su discurso para consolidar a sus bases. Sin embargo, esto podría alejar a los votantes de centro, que según encuestas como la de Quaest en Brasil, son clave para el éxito electoral.
En México, Movimiento Ciudadano (MC) ya está buscando capitalizar estas fisuras, negociando consensos que limiten el margen de maniobra de Morena.
Si Morena quiere mantener su dominio, necesitará más que aplausos incondicionales: requerirá líderes dispuestos a escuchar, adaptarse y enfrentar los retos con una visión clara.
“¡No estás solo!, ¡No estás solo!, ¡No estás solo!”, corearon los morenistas cuando se presentó al líder parlamentario en el Senado y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien ocupó un asiento en el presidium durante la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del partido oficialista.
Esa frase resume y sintetiza lo que representó en el sexenio federal 2018-2024 la política en materia de seguridad pública: “abrazos no balazos”, y los múltiples casos de cómo el crimen organizado o la delincuencia o los narcotraficantes infiltraron a los gobiernos de todos los niveles y que aún persiste la relación, con evidencias que la prensa expone más no las autoridades, hasta que Omar García destapó el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en tiempos del gobierno de quien fuera “hermano” de Andrés Manuel López Obrador.
Inmersos en ese escenario nacional, en Hidalgo deberían poner sus barbas a remojar algunos de los actuales funcionarios y representantes populares.
En los municipios hay claras muestras de que la actividad delictiva es parte del paisaje cotidiano, o será que los 84 alcaldes tienen otros datos, esos en los que como Adán Augusto no sabían, no le informaron o es parte del pacto para poder gobernar.
Si revisamos el rubro de seguridad pública, no existe inversión de gran impacto en las filas de los policías municipales, por ejemplo en Ixmiquilpan, que es un lugar referente de consumo de drogas y delitos, el alcalde (de Morena) José Emanuel Hernández Pascual, aparte de que se le hizo engrudo la licitación sospechosa de compra de lámparas para alumbrado de sus 128 comunidades, dijo desde su mañanerita de los lunes (mala copia de la que nos endilgan desde Palacio Nacional con preguntas a modo), que es para combatir los ilícitos cuando perfectamente se ha comprobado que no es así puesto que lo mismo argumentó la exalcaldesa de Actopan (2020-2024) y no resultó.
Él, como otros y otras gobernantes de ese nivel, evaden el tema, o acaso en Pachuca en el mandato del Mirrey ha aumentado el patrullaje de la corporación policial, es obvio que no, aunque esto viene desde hace dos cuatrienios atrás, ocho años y la delincuencia opera casi con impunidad porque solo atrapan a rateros de ‘medio pelo’.
Algo similar pasa en la Procuraduría de Justicia estatal, pero a diferente escala, ahí están los datos: resuelven hechos de impacto mediático, pero hay miles de denuncias que siguen ahí empantanados en los archiveros de los MP, algunos en los que involucran a los propios funcionarios de la dependencia.
Dentro de poco tiempo los peritos van a sufrir las consecuencias, similar a lo sucedido en las filas de los agentes de la Policía de Investigación.
También vemos que ni con el Mando Coordinado, modelo con el cual desde la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo se impone a los jefes de la corporación municipal y se simula el combate la inseguridad; ordenan no vigilar zonas de robo de hidrocarburo o que patrullen en el día pero de noche no.
Necesitamos un “golpe de timón” porque el pueblo sabio y bueno ha preferido hacer justicia por propia mano, ahí está el caso de Actopan y su grupo de “Vecinos Vigilantes”, aunque de eso no habla su alcaldesa, cuyo hermano y sobrino están procesados por homicidio y delitos contra la salud.
DE MIS TREBEJOS
La propuesta de ley estatal de protección a los defensores de derechos humanos y de la prensa tiene todo el toque de Morena: improvisada, mal hecha y en una de esas se aprueba.
Tenemos 84 inútiles encabezando el mismo número de ayuntamientos, al grado de que hay 30 legisladores estatales que les ayudan, ahora los segundos a más de dos años de aprobada la Ley de Imagen Urbana para Hidalgo, realizan foros para que los primeros la apliquen porque llevan 10 meses de oídos sordos y eso que en las Rutas de la Transformación se las recuerdan.
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Escuchen de lunes a viernes, de 2 a 3 pm Noticias del Valle en el 96.5 FM Radio Mezquital.
Las Rutas de la Transformación y los Servicios para el Pueblo, son el programa más importante de la administración del gobernador Julio Menchaca. A través de esa estrategia, entregan beneficios directos a los grupos sociales más necesitados; se invierte en obra pública prioritaria; hay constante supervisión del avance físico y el uso transparente de los recursos.
Hay un aspecto fundamental en la agenda de las Rutas: el contacto directo de la autoridad con la población.
La presencia y cercanía no sólo es un tema operativo o de posicionamiento, también es una herramienta valiosísima para conocer de primera mano el ánimo de la sociedad, la interpretación que le da a los mensajes del gobierno; es un parámetro muy confiable sobre las condiciones políticas y sociales prevalecientes en cada región.
La estrategia de las Rutas de la Transformación es tan amplia e importante que opera en todas direcciones, es una red que capta información, pero también es un transmisor desde el cual se dan mensajes para un público amplio, o más dirigidos y sutiles, sólo para iniciados.
La semana pasada, el mandatario hidalguense Julio Menchaca acudió al municipio de Chapantongo, conocido por su vocación agrícola y su tradición charra; en otros años, uno de los bastiones priistas más férreos, quizás por su cercanía geográfica con Huichapan, cuna de la estirpe Rojo-Lugo.
Al gobernador lo acompañan siempre, integrantes de su gabinete, directores y personal de la estructura oficial que tienen la tarea de organizar la orden del día en cada recorrido.
En cada visita hay invitados especiales, representantes de los sectores beneficiados, las y los alcaldes que son anfitriones, las y los diputados locales y federales, por su puesto, los senadores hidalguenses.
Durante su mensaje a los asistentes al evento en Chapantongo, el gobernador Menchaca Salazar hizo una distinción al trabajo coordinado de los representantes hidalguenses en todos los Poderes, subrayó que gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro estado es una potencia en desarrollo.
En el presídium estaban los dos senadores hidalguenses de Morena, Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa quienes no ocultaron su beneplácito ante la respetuosa deferencia del gobernador.
Un poco después, en sus redes sociales, Cuauhtémoc Ochoa hizo un amplio reconocimiento al trabajo y al liderazgo del jefe político de Hidalgo; algo que llamó la atención porque desde hace meses, el senador hace declaraciones en contra del secretario de gobierno Guillermo Olivares Reyna.
Hace varios meses y a pesar de varias solicitudes para que no lo hiciera, el senador Ochoa inició su campaña de posicionamiento en busca de la candidatura al gobierno del estado por Morena; algo que no fue bien visto por las corrientes internas del movimiento. Sorprendentemente, la semana pasada los representantes coincidieron en elogios y eso es un mensaje que desde hace tiempo no había en la frecuencia política local y que sólo puede ser producto del trabajo de conciliación.
El encargado de la política interna de Hidalgo es cuestionado y señalado en distintas foros y momentos; ser el secretario de gobierno cuando la transformación no tiene ni tres años vigente, sería equiparable a tener la responsabilidad de un pararrayos: Si las cosas salen bien, no pasa nada; pero cuando salen mal, toda la descarga la recibe él.
Por el escritorio del secretario de gobierno pasan miles de asuntos durante la gestión y es por la operación de Olivares y su equipo que se atienden, resuelven o enfrentan, según su importancia; nunca se celebran y mucho menos hay reconocimientos.
La actitud retadora y frontal del senador Cuauhtémoc Ochoa hacía la administración estatal ya es distinta, tal vez nunca nos enteraremos de cuántas reuniones fueron necesarias para lograrlo, dónde se verificaron, cuánto duraron o en qué tono se dieron, ni a qué acuerdos se llegó -de eso se trata el trabajo de un secretario de gobierno-, sí veremos los resultados de esa labor.
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En los últimos meses, la Presidencia Municipal de Pachuca ha intensificado sus operativos de supervisión en bares y establecimientos nocturnos, resultando en la clausura de 13 locales entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, principalmente por operar sin licencia de funcionamiento. Estas acciones, lideradas por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, reflejan un esfuerzo por imponer orden en el comercio local y garantizar la seguridad ciudadana, con un enfoque particular en la protección de menores frente al consumo de alcohol. ¿Qué implicaciones tienen estas medidas y cómo benefician a la ciudad?
Según reportes, de los 13 bares clausurados, 12 carecían de licencia de funcionamiento, mientras que uno fue sancionado por vender alcohol a menores y por incumplir con requisitos de higiene, seguridad y protección civil. Estos operativos, respaldados por el Reglamento de Establecimientos y Horarios Mercantiles y Espectáculos Públicos del Municipio de Pachuca, buscan hacer cumplir normativas que exigen licencias actualizadas, medidas de seguridad adecuadas y el cumplimiento de estándares sanitarios. Además, este fin de semana, se reportó la clausura de dos bares, por la presencia de menores y, en un caso, por posesión de drogas, lo que evidencia la diversificación de los motivos de sanción.
La Presidencia Municipal de Pachuca ha enfatizado la importancia de que los propietarios regularicen sus negocios para evitar sanciones, que incluyen multas de hasta 500 días de salario mínimo, clausuras temporales o definitivas, e incluso arrestos de hasta 36 horas. La administración municipal también ha ofrecido facilidades de pago para incentivar la regularización, mostrando una postura que combina firmeza con apertura al diálogo.
Los operativos realizados refuerzan el cumplimiento de las normativas municipales, asegurando que los bares operen dentro de un marco legal. Esto no solo protege a los consumidores, sino que también genera un entorno competitivo más justo para los negocios que sí cumplen con los requisitos. Un comercio regulado contribuye a la economía local al garantizar ingresos fiscales a través de licencias y permisos. Y la protección de Menores al regular correctamente la venta de alcohol a menores, que es una problemática recurrente en Pachuca, agravada por el uso de identificaciones falsas.
La clausura de establecimientos que violan esta norma envía un mensaje claro: la protección de los menores es una prioridad. Estas acciones disuaden a los propietarios de bares de permitir el acceso a menores, reduciendo el riesgo de consumo irresponsable de alcohol, adicciones y situaciones de violencia asociadas.
Los operativos, que cuentan con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y otras instancias, aseguran que los bares cumplan con medidas de seguridad, como salidas de emergencia y protocolos contra incendios. Esto es crucial en un contexto donde tragedias en bares, como el caso de Lorena Berenice en 2019, han puesto en evidencia los riesgos de la falta de regulación.
Las clausuras y la presión para regularizarse promueven una cultura de responsabilidad entre los dueños de bares. La capacitación del personal en temas como derechos humanos y atención a comunidades diversas, como se establece en las recientes reformas al reglamento, refuerza el compromiso social de estos negocios.
A pesar de los beneficios, los operativos enfrentan desafíos. Por un lado, la resistencia de algunos propietarios a regularizarse sugiere una falta de comunicación efectiva o barreras económicas para cumplir con los requisitos. La municipalidad debe fortalecer los programas de orientación y apoyo, como los mencionados planes de facilidades de pago, para evitar que los negocios opten por operar de manera clandestina, un problema señalado en reportes sobre fiestas ilegales anunciadas en redes sociales.
Por otro lado, la detección de identificaciones falsas sigue siendo un obstáculo. Distinguir credenciales falsificadas es complicado, lo que requiere una colaboración más estrecha con autoridades federales y estatales para implementar tecnologías o protocolos que faciliten esta tarea.
Finalmente, la percepción pública de los operativos puede ser un factor determinante. Aunque las clausuras buscan proteger a la ciudadanía, algunos sectores, como la Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca, han expresado preocupación por iniciativas que restringen horarios de venta de alcohol, como la aprobada en septiembre de 2024. Estas medidas, aunque bien intencionadas, podrían afectar la economía nocturna si no se equilibran con políticas que apoyen a los negocios legales.
Los operativos de la Presidencia Municipal de Pachuca son un paso firme hacia un comercio más ordenado y seguro. Al priorizar la regularización de bares y la protección de menores, el municipio no solo fortalece la legalidad, sino que también protege a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá de un enfoque equilibrado que combine supervisión estricta con incentivos para la regularización, así como una mayor inversión en tecnología y capacitación para abordar problemas como las identificaciones falsas, sin sanciones ya que esto originaria extorsiones por parte de la seguridad de los bares o autoridades ante la posibilidad de ser presentados al Ministerio Público como ha sucedido en otras entidades. En un contexto donde la vida nocturna es parte integral de la identidad de Pachuca, estas medidas, bien ejecutadas, pueden garantizar un equilibrio entre diversión, seguridad y responsabilidad.
X @David_Tenorio
Mientras a nivel nacional el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) atraviesa por una crisis de rentabilidad, credibilidad, liderazgo, y resultados por quienes de sus filas hoy son gobernantes y funcionarios, en Hidalgo el líder moral y primer figura pública que representa al primer piso de la 4T estatal, Julio Menchaca Salazar cerró la semana con un mensaje político de unidad.
Desde Chapantongo, con su estrategia distintiva de las Rutas de la Transformación en la que escucha en privado las quejas y tropelías de los actuales alcaldes y sus antecesores, como de los secretarios estatales, expuestas en voz del pueblo bueno y sabio, el jefe del ejecutivo hidalguense estuvo en la localidad con los dos senadores, Sandra Simey Olvera Bautista y el recién desposado, Cuauhtémoc ochoa Fernández.
A su derecha del gobernador el expriista y exverde ecologista, converso a Morena, y a su izquierda la experredista y dos veces diputada federal por el partido oficialista, así lo observaron quienes asistieron a Chapantongo, zona de influencia del senador.
En tiempos en que fanáticos, militantes y simpatizantes hidalguenses de Morena no dan crédito de que sus representantes populares han tropezado y caído en la tentación de robar, mentir y traicionar al pueblo bueno y sabio, se necesita enviar señales de cohesión que pueden enderezar el barco para no ver mermada su popularidad en las urnas del 2027, luego de la debacle de los comicios para elegir por vez primera a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación, aunque haya voces que digan lo contrario.
De continuar persiguiendo sus propios intereses Sandra Olvera y Cuauhtémoc Ochoa, y otros por los futuros puestos a renovarse en el lejano 2027, y haciendo públicas sus guerras sucias, le van a abrir la posibilidad a los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) de frenar la marea guinda, con todo y lo que implique los actores políticos detrás de esos dos institutos políticos.
Y todavía falta atestiguar si quienes fiscalizan a los alcaldes descubren la “estafa siniestra” versión morenista, para enviar la señal que quien traiciona, roba y engaña al pueblo recibe castigo y así recuperen adeptos.
DE MIS TREBEJOS
Resulta que desde la 64 Legislatura estatal un grupo de diputados locales elaboraron la iniciativa de transición de Procuraduría General de Justicia hidalguense (PGJEH) a Fiscalía y se la presentaron al entonces encargado del despacho de la dependencia, Santiago Nieto Castillo y a su otrora asesor, Fernando Fernández Hasbun, pero como en ese 2022 ya no eran diputados en funciones, pues los batearon.
Siguiendo con el legado de descontrol y malas relaciones entre mandos superiores y subordinados dentro de la PGJEH de Santiago Nieto y lo continúa Fernando Fernández, ahora los agentes de la Policía de Investigación van abrir dos frentes: solicitarán a la Embajada de Estados Unidos investigue la legalidad de los documentos con los cuales acreditó en ese país su profesionalización el titular de la División de Investigación, Luis Cruz; y al gobernador le entregarán un oficio dando cuenta con “pelos y señales” de que Cruz y el primer comandante, Víctor Carrera, son los culpables del deterioro del área por presuntos actos de corrupción y vínculos con los malos.
Por último, cesaron a un coordinador de peritos de la región Tula por presuntas anomalías en las que involucraba a sus compañeros obligando a que firmaran documentos parte de las carpetas de investigación.
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