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Con la puesta en marcha del tren Pachuca -CDMX se espera una enorme reubicación de familias, principalmente del Estado de México, que vendrán a vivir a Tizayuca, Hidalgo.
En entrevista con Milenio Hidalgo, Miguel Tello, titular de políticas públicas confirmó, la eventual migración. La sola declaración trae a la mesa del debate, temas como la dotación de servicios básicos y las exigencias que en materia de seguridad para miles de personas en una zona que ya presenta altos índices de criminalidad.
La semana pasada, en esta misma columna hablamos del equilibrio entre crecimiento económico y bienestar social.
La relación entre desarrollo industrial y financiero versus bienestar social depende de muchísimos aspectos pero lo que está fehacientemente confirmado es que los dos elementos nunca avanzan a la misma a velocidad.
En caso de que esta reubicación se lleve a efecto, sería deseable que las autoridades estatales y federales reforzaran la presencia en la zona de Tizayuca, Tolcayuca, municipios Hidalguenses y de Tecamac, Zumpango localidades del Estado de México, donde los índices de criminalidad van a la alza.
Solamente este fin de semana, en Tolcayuca se dio una balacera con saldo de tres personas asesinadas y las características del evento señalan la presunta responsabilidad de células del crimen organizado luchando por el territorio. Hasta el momento las autoridades locales guardan silencio.
Recientemente, el propio secretario de seguridad a nivel nacional Omar García Harfuch , reconoció que varios estado y en Tula, región también limítrofe con el Estado de México, elementos de diferentes fuerzas habían desmantelado una enorme red de robo de combustible en la cual, presuntamente, habría funcionarios estatales involucrados.
Si bien es cierto que Hidalgo tiene una tasa de inseguridad interior a la media nacional, es en la zona de Tizayuca donde los números de la gráfica oficial se muestran muy arriba con lugares casi vedados a la policía como el fraccionamiento Héroes de Tizayuca o algunas zonas de Los Ángeles en Tolcayuca.
Bienvenidos el desarrollo y la infraestructura que fomente mejoría económica para todas las regiones del estado, pero no a cualquier costo.
En la historia de México, las relaciones con la comunidad judía internacional han sido marcadas por episodios de alta tensión que reflejan no solo los desafíos de la política exterior, sino también las complejidades internas de un país en constante búsqueda de su lugar en el mundo. Dos momentos, separados por casi medio siglo, ilustran cómo las decisiones gubernamentales pueden desatar controversias con repercusiones económicas y diplomáticas: el boicot turístico de 1975 durante el gobierno de Luis Echeverría y el reciente señalamiento de empresarios israelíes contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Ambos casos, aunque distintos en su naturaleza, revelan la fragilidad de las relaciones internacionales.
En 1975, el presidente Luis Echeverría, en su afán de posicionar a México como líder del Tercer Mundo y aspirante a la Secretaría General de la ONU, respaldó la Resolución 3379 de la Asamblea General, que equiparaba el sionismo con una forma de racismo. Esta decisión, tomada en el contexto de la Guerra Fría y la alineación con el Movimiento de Países No Alineados, desató una reacción inmediata de la comunidad judía estadounidense, que organizó un boicot turístico contra México. En un país donde el turismo era una fuente clave de ingresos, la acción golpeó duramente la economía, especialmente en destinos como Acapulco y Cancún. La comunidad judía mexicana, que para entonces ya se identificaba plenamente como parte de la nación, jugó un papel crucial en la mediación, logrando que Echeverría rectificara parcialmente su postura mediante diálogos con líderes judíos y una visita del canciller Emilio Rabasa a Israel, aunque este último terminó sacrificado políticamente como chivo expiatorio.
Este episodio dejó una lección clara: las decisiones de política exterior, especialmente en temas sensibles como el conflicto árabe-israelí, pueden tener consecuencias económicas devastadoras si no se miden con cuidado. Echeverría subestimó el poder de la diáspora judía y pagó un costo elevado, no solo en términos económicos, sino también en la percepción de su gobierno como torpe en el manejo de las relaciones internacionales.
Casi cinco décadas después, un nuevo escándalo se cierne sobre nuestro país. Empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto para financiar su campaña en 2012. A cambio, según estas acusaciones, se facilitó la venta del software espía Pegasus y equipo militar a instituciones mexicanas como la Sedena, la PGR y el Cisen.
Las consecuencias de decisiones que, aunque tomadas en contextos distintos, han colocado a México en el centro de controversias con la comunidad judía internacional. Mientras que en 1975 el boicot turístico liderado por la comunidad judía estadounidense fue una respuesta directa a una postura ideológica de Echeverría, los señalamientos actuales contra Enrique Peña Nieto por presuntos vínculos con empresarios israelíes reflejan un problema más profundo: la percepción de México como un terreno fértil para actividades ilícitas, ya sea por debilidad institucional o por decisiones políticas opacas. Ambos episodios, separados por décadas, nos invitan a reflexionar sobre las posibles repercusiones de los señalamientos actuales y su impacto en la relación de México con la comunidad internacional y el escenario geopolítico.
La comunidad judía mexicana, que históricamente ha sido un puente para resolver conflictos, podría enfrentar presiones internas y externas para pronunciarse sobre este caso. Si las acusaciones se confirman, y surge más información relacionada, podrían dañarse las relaciones bilaterales con Israel, un país con el que México mantiene acuerdos comerciales y de cooperación tecnológica.
Similar al boicot turístico de 1975, los señalamientos actuales podrían afectar la confianza de inversionistas extranjeros, particularmente en el sector tecnológico y financiero. La mención de Pegasus, un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group, pone en entredicho la transparencia de las compras gubernamentales en México.
Además, las recientes acusaciones de lavado de dinero a instituciones financieras mexicanas, aunque no directamente relacionadas con el caso Peña Nieto, han llevado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a sancionar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
A esta trama se suma lo acontecido en junio del 2022 en el aeropuerto de Queretaro, donde piso suelo mexicano una aeronave de Emtrasur vinculada a Mahan Air y Conviasa (Iran - Venezuela). La mención de Irán en este escándalo introduce un elemento de alta sensibilidad geopolítica.
Tanto el episodio de Echeverría como los señalamientos actuales subrayan la necesidad de una política exterior y de seguridad más cuidadosa y transparente. México no puede permitirse decisiones que lo coloquen en el centro de controversias internacionales. En un mundo donde las redes criminales y los intereses geopolíticos se entrelazan con facilidad, México debe aprender de su historia para evitar repetir los errores del pasado.
El boicot de 1975 fue una lección de humildad para Echeverría; los señalamientos de 2025 podrían serlo para el sistema político mexicano en su conjunto si no se abordan con seriedad y responsabilidad.
El sigiloso operativo inició al despuntar el sol y concluyó cuando ya se había ocultado. Era jueves tres de julio. Agentes de la Fiscalía General de la República ingresaron al domicilio ubicado en la esquina que forman la calle del Cano con avenida del Mercado en el barrio La Capilla, cerca de la presidencia municipal de El Arenal.
Cajas, vehículos y personas fueron asegurados, de acuerdo con la versión de los vecinos que identifican ese inmueble como el supuesto centro de operación de una familia dedicada a la delincuencia y el narcomenudeo, que llevaban varios años asolando el municipio y sus alrededores.
“Entraban y salían personas en motos, ya llevaban años así, todo mundo lo sabíamos (de sospechar de actividades ilícitas), pero hasta ahora los detuvieron”, es lo que afirmó un testigo de la movilización del jueves.
Al parecer de entre los detenidos, había un sujeto de 70 años, el cabecilla que junto con otros familiares mantienen operaciones delincuenciales en la región y contarían con una red de protección municipal.
Es sabido de la existencia de los narcogobiernos. México no es la excepción.
Una parienta de quienes habitaban el enorme predio al que le colocaron letreros de “INMUEBLE ASEGURADO” es Karina López Ayala, dos veces candidata de Morena a la presidencia de El Arenal, en 2016 y 2020.
Suplente de la entonces diputada federal del mismo partido, Sandra Simey Olvera Bautista; dice ser “licenciada” y no se encontró registro de cédula respectiva.
Karina López es prima de Omar López Pérez, asistente de seguridad del alcalde priísta Jensen Benony Oropeza Pérez, el funcionario es a su vez familiar de “El Chanclotas”, cuyo cuerpo sin vida apareció embolsado y con huellas de tortura en el bulevar de acceso a Tasquillo, en una madrugada pasada. No es el único en la nómina municipal, tiene otro pariente de compañero
La mujer incursionó en la política por su cercanía a Dolores Padierna, relación que trabó durante su vivencia en la Ciudad de México, de donde provenía cuando fue derrotada la primera vez que compitió por la alcaldía.
A la amplia familia se le conoce como “Los Malacos”, uno más bajo el alías “El Cebú”, fue videograbado y hay testigos que vieron cuando macheteó a un policía municipal, a la fecha sigue impune la agresión que dejó al oficial discapacitado.
Quizá sea mala suerte de Jensen Oropeza, pero en su afición de sacarse fotos con la gente, aparece con una presunta tía de Karina, hermana de su papá y madre del “Cebú”.
También, aunque ya borró las imágenes de sus redes sociales, el presidente municipal aparecía con el ahora exdelegado del Bocja, quien fue detenido en un cateo a una vivienda en esa comunidad donde encuentraro posible droga, armas, dinero y otros objetos, de acuerdo con el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo del mes de marzo de 2024.
Las historias de presuntas actividades delincuenciales que rodean a “Los Malacos” son conocidas por los arenalenses, como su relación con las autoridades municipales en turno.
Por cierto que le atribuyen a Jensen Oropeza la propiedad de un medio de comunicación digital, de los cuales dos de sus integrantes estarían cobrando doble sueldo al ser funcionarios municipales también, y que viven cerca del inmueble asegurado, sin que por ser intereses noticioso hayan cubierto la movilización del caso que sí fue publicado en otros medios de cobertura local.
DE MIS TREBEJOS
Se preguntan los barbacoeros de Actopan, cómo le va hacer la presidenta municipal, Imelda Cuellar Cano para comprobar y demostrar que con el récord Guiness de la fila más larga de tacos de ese platillo, aumentará la afluencia turística a la localidad.
Mientras Imelda Cuellar alzaba el título del récord Guiness el viernes, en otra parte de Actopan, civiles golpeaban y amarraban a dos presuntos delincuentes, que entregarían a las autoridades respectivas.
El primer informe de fiscalización a la cuenta pública 2024 a los municipios, demostró que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y su titular Jorge Valverde Islas, no deben tocar a las administraciones de los ayuntamientos emanados de Morena con el pétalo de una observación.
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El trabajo del gobierno hidalguense y del jefe del ejecutivo Julio Menchaca recibieron un reconocimiento y respaldo nunca antes registrado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció dos nuevos polos de desarrollo para la entidad como parte de la estrategia denominada Plan México y existe la posibilidad de que autorizar un tercero.
Hay razones claras por las que la visión económica nacional apunta a territorio hidalguense; en los últimos dos trimestres, la economía del estado se expandió un 1.15 por ciento en promedio. Previo a esto, su economía había crecido a una tasa promedio anual de 1.18 por ciento entre 2018 y 2023.
Hace dos años el registro de puestos de trabajo ante el IMSS de Hidalgo se ubicó con un incremento del 5.0 por ciento
El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), 2023 reportó que el Producto Interno Bruto (PIB), tenía valores constantes para Hidalgo con un valor de 442 971 millones de pesos. Esto implicó un incremento, en términos reales, de 2.7 por ciento respecto del valor de un año antes.
De esta forma, hay sustento para confiar en un desarrollo sostenido de la economía y una previsión a futuro igual o mayor.
¿Por qué los Polos en Tula y Zapotlán?
Los dos municipios que destacaron por sus ingresos, con 10.1 por ciento y más, son Atitalaquia y Pachuca de Soto; les siguieron los municipios de Tula de Allende y Tizayuca, los cuales se ubicaron en el estrato de 5.1 a 10.0 por ciento en ingresos, según datos del INEGI.
Un dato destacado es la existencia de 98 mil 567 establecimientos en Hidalgo, 2.3 por ciento del total del país.
La otra parte.
En Hidalgo, el desarrollo social se ubica en un contexto complejo. Si bien hay avances en la reducción de la pobreza extrema y la carencia alimentaria, el estado aún enfrenta desafíos significativos en términos de pobreza y desigualdad.
Hidalgo es reconocido por reducir la pobreza extrema y la carencia por acceso a la alimentación, ocupando el quinto y sexto lugar a nivel nacional, sin embargo, el estado aún presenta un porcentaje de pobreza mayor al promedio nacional, con un 1.9 puntos porcentuales más que el porcentaje nacional 41.9 por ciento según Coneval.
La desigualdad entre los municipios es otro reactivo en la ecuación que el gobierno debe resolver con algunos concentrando la mayor parte de la población en pobreza extrema.
Según los datos, aproximadamente de 1.16 millones de personas en Hidalgo presentan al menos una carencia social (agua potable, electricidad, drenaje, servicios básicos), según el informe de Coneval. Municipios como Huejutla de Reyes, Tlanchinol y Acaxochitlán, tienen una alta concentración de personas en pobreza extrema.
Hidalgo muestra avances en el desarrollo social, especialmente en la reducción de la pobreza extrema, pero aún enfrenta desafíos importantes en términos de pobreza general, desigualdad y rezago social. La situación varía significativamente entre municipios por ello la ubicación de los nuevos polos de desarrollo, se espera, generen una estela de beneficios que pronto cambie las condiciones sociales.
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La reciente designación de Tlaxcoapan (en la región de Tula) y Zapotlán de Juárez como Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBIS) posiciona a Hidalgo como un caso único en México, al contar con dos polos dentro de los 15 anunciados por el gobierno federal como parte del Plan México.
Esta distinción, formalizada ella semana pasada mediante un convenio entre el gobernador Julio Menchaca y la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una oportunidad histórica para detonar el desarrollo económico y social del estado. Sin embargo, para maximizar los beneficios de estos polos y alinearlos con la actualización del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2028, Hidalgo debe incorporar lecciones de experiencias similares, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y apuntalar estrategias específicas.
Los polos de Tlaxcoapan y Zapotlán están diseñados para atraer inversión nacional y extranjera mediante incentivos fiscales, como la deducción inmediata del 100% en activos fijos nuevos y bonificaciones del 25% por capacitación e innovación. Según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, los 15 polos nacionales generarán 300,000 empleos y una inversión equivalente al 1.5% del PIB.
En Hidalgo, el polo de Tlaxcoapan, enfocado en la economía circular, promoverá la generación de energía y el reciclaje de desechos industriales, abordando la contaminación en una región históricamente afectada. Por su parte, Zapotlán, cerca del AIFA, albergará industrias farmacéuticas, automotrices, aeroespaciales y logísticas, aprovechando su conectividad con el Tren AIFA-Pachuca. Estos proyectos complementan los logros del gobierno de Hidalgo, que reporta inversiones por 157,000 millones de pesos y 117,000 empleos generados en la primera mitad de su administración.
Los PODECOBIS no solo buscan crecimiento económico, sino también desarrollo urbano sostenible, con vivienda digna, servicios cercanos y empleos de calidad. En Tlaxcoapan, el Centro de Economía Circular promete reducir la contaminación y los lixiviados, mejorando la calidad de vida en una región conocida por sus desafíos ambientales. En Zapotlán, la cercanía al AIFA y el tren fortalecerá la integración a la zona metropolitana, potenciando el acceso a mercados nacionales e internacionales. Estos avances promoverán un desarrollo más equitativo, beneficiando a comunidades marginadas y reduciendo las brechas históricas en infraestructura, salud y educación.
Además Zapotlán, colindante con el AIFA, se beneficiará del Tren AIFA-Pachuca. Este proyecto, con una inversión de 20,000 a 50,000 millones de pesos, generará 125,000 empleos y mejorará la movilidad de 1.2 millones de habitantes. La infraestructura vial y ferroviaria, junto con la oferta educativa de instituciones como la UAEH, posiciona a Hidalgo como un nodo logístico y de talento humano.
La implementación de los polos y la actualización del PED abren un horizonte prometedor, pero también presentan desafíos. En el corto plazo (2025-2027), la instalación de empresas, que comenzará en agosto de 2025 tras las licitaciones, detonará la creación de clústeres industriales y empleos formales. En el mediano plazo (2027-2030), los polos pueden consolidar a Hidalgo como un referente en economía circular y logística, especialmente si se integran con proyectos como el parque industrial de Ciudad Sahagún, propuesto por el gobernador Menchaca como un tercer polo potencial. En el largo plazo, el éxito dependerá de la capacidad de mantener un crecimiento sostenible, evitar la gentrificación y garantizar que los beneficios lleguen al mayor número de comunidades locales.
Sin embargo, los desafíos incluyen la necesidad de mitigar impactos ambientales, especialmente en Tlaxcoapan, donde la región de Tula enfrenta problemas históricos de contaminación. Además, la alta demanda de infraestructura (agua, energía, telecomunicaciones) y la capacitación de la fuerza laboral requerirán una coordinación efectiva entre los sectores público, privado y académico. La experiencia de Ciudad Sahagún, con su declive tras las privatizaciones de los años 80, subraya la importancia de políticas que fomenten la estabilidad económica y el arraigo laboral.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con polos de desarrollo como el de Salina Cruz, ofrece lecciones valiosas para Hidalgo. Este proyecto, iniciado en 2019, busca integrar infraestructura portuaria, ferroviaria y logística para detonar el desarrollo económico en Oaxaca y Veracruz. Los puntos clave aplicables son: consulta y participación ciudadana: El Corredor realizó consultas indígenas y comunitarias para garantizar la aceptación social, un modelo que Hidalgo debe replicar, especialmente en Tlaxcoapan, donde las comunidades cercanas a Tula han enfrentado impactos ambientales. El PED debe priorizar foros participativos, como los 105 realizados en 2022, y extenderlos a comunidades indígenas y juveniles.
El éxito del polo de Salina Cruz depende de su conectividad (carreteras, puertos, aeropuertos) y acceso a servicios como agua y energía. Hidalgo debe garantizar estas condiciones en Tlaxcoapan y Zapotlán, invirtiendo en infraestructura vial, como la mejora de la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, y asegurando el suministro de agua potable y tratada.
La mitigación ambiental es importantísima, deben aplicarse medidas de restauración ecológica, un aspecto crítico para Tlaxcoapan, donde el Centro de Economía Circular debe implementar tecnologías innovadoras para tratar desechos sin generar lixiviados, como se destacó en la mañanera de junio de 2025.
Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcoapan y Zapotlán representan una oportunidad única para transformar Hidalgo en un motor económico nacional, pero su éxito depende de una actualización robusta del Plan Estatal de Desarrollo. Al integrar lecciones del Corredor Interoceánico, como la participación ciudadana, la infraestructura estratégica y la sostenibilidad, Hidalgo puede consolidar un modelo de desarrollo inclusivo y equitativo.
La propuesta de un tercer polo en Ciudad Sahagún, como sugirió el Gobernador Julio Menchaca, debe ser una prioridad en la prospectiva, capitalizando su legado industrial y su potencial logístico. Con una planificación rigurosa, transparencia y voluntad política, Hidalgo puede convertir estos polos en un legado tangible de bienestar para sus habitantes.
Maldito “Erick”. Sí. Mil veces maldito. El paso del huracán con ese nombre por territorio hidalguense dejó una estela de afectaciones en calles, carreteras y viviendas.
El agua pluvial de aquellos tres días continuos (20, 21 y 22 de junio) puso al descubierto que la obra pública hecha con la marca de la 4T es de mala calidad.
El agua arrastró los discursos oficiales de que no son iguales al pasado priísta; ahí están las evidencias: hoyos y más hoyos en Pachuca principalmente, donde se hicieron varias pavimentaciones con donaciones de material de Pemex y otras a cargo de empresas privadas.
La zona al sur de la capital que converge con Zempoala y Mineral de la Reforma son sitios que requieren urgente intervención porque la falta de mantenimiento las dejó intransitables. Ahí el olvido gubernamental cobró factura y las quejas vecinales aumentaron por las condiciones en que ahora se encuentran.
Esperamos el análisis de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (Sipdus) de Hidalgo, para que salgan a informar el nombre de las constructoras que repondrán los desperfectos, como parte de la transparencia gubernamental que tanto presume la 4T en el estado.
Y el tiempo pone las cosas en su lugar: la carretera federal México-Laredo, en su tramo Pachuca-Actopan necesita una intervención importante tras las lluvias de los últimos 20 días; es ejemplo de lo que dejó de hacer el sexenio federal 2018-2024.
Sí, porque durante el gobierno de Vicente Fox, esa importante vía terrestre de comunicación recibió mantenimiento, con Felipe Calderón continúo y no se detuvo tampoco en el de Enrique Peña Nieto, pero fue Andrés Manuel López Obrador el que interrumpió y las consecuencias las padecen los conductores. Claudia Sheinbaum necesita romper con el irresponsable legado.
DE MIS TREBEJOS
No se necesita un Plan de Desarrollo Metropolitano, entonces para qué tienen la Asociación de Alcaldes de Hidalgo, pues no que para eso la crearon para trabajar unidos y gestionar recursos para proyectos regionales
Les quedan tres meses para socializar los proyectos del Plan Hídrico federal, tiempo suficiente para que los campesinos lo entiendan y acepten, si se confían Napoleón González, al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y Miguel Tello, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, serán los responsables de las posibles protestas y bloqueo al mismo.
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Las intensas lluvias y sus efectos sobre el territorio hidalguense son un desafío logístico para el gobierno de Julio Menchaca, pero también político y económico.
Si bien, en el proyecto de gobierno fueron establecidas las directrices de prevención, acción y reacción ante eventos naturales, las proporciones de la actual emergencia requieren el respaldo de instancias federales con personal, equipos especializados y lo más urgente, recursos económicos.
En el proyecto nacional de infraestructura en comunicaciones, Hidalgo tiene un papel preponderante; el AIFA y en tren entre CDMX-Pachuca y CDMX-Querétaro con una estación en Tula son tan importantes que la presidenta Claudia Sheinbaum los supervisa en persona regularmente.
Las inundaciones en zonas por donde cruzan las vías de estos trenes o en las áreas de embarque y desembarque, serían inadmisibles si el origen es una mala planeación o negligencia en su edificación.
En la región de Tula hay un proyecto de re configuración hidráulica que, ante las actuales condiciones climatológicas, es urgente y con base en la experiencia reciente, posponerlo significa poner en riesgo a miles de familias que viven sobre los márgenes de 14 municipios por donde cruza el Río Tula, en su paso por Hidalgo.
Los remanentes del huracán Erick, trajeron lluvias intensas por varios días seguidos. La carretera México-Tampico vía corta fue cerrada al transporte pesado a causa del riesgo de deslaves, la lucía y neblina.
Las pérdidas económicas son innegables pero la causa no es el clima, es la omisión de decenas de gobiernos que se niegan a invertir en la ampliación de dicha carretera, algo que anunciaron oficialmente en varias oportunidades, pero no cumplieron jamás.
Extravíos
Las diferencias entre la oficialidad y el Partido Nueva Alianza Hidalgo siguen vigentes.
Sergio Hernández, dirigente del partido paga entrevistas a modo para insistir que es muy amigo del gobierno del Hidalgo y aliado de Morena, aunque pide a sus diputados locales ponerse a estos.
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Hidalgo, un estado caracterizado por su riqueza natural y su compleja geografía, enfrenta cada año los embates de la temporada de lluvias, un desafío que pone a prueba la capacidad de respuesta de sus instituciones y la resiliencia de sus comunidades. Las recientes precipitaciones, que han dejado inundaciones, deslaves y afectaciones en municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma, Zempoala y Tulancingo, evidencian la necesidad de replantear la política de protección civil para garantizar la seguridad de la población.
Si bien el gobierno estatal ha mostrado esfuerzos loables, aún persisten retos estructurales que deben abordarse con una visión integral y preventiva.
En los últimos días, las lluvias han causado estragos significativos. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, entre el 1 y el 3 de junio de 2025, Hidalgo registró 388.7 milímetros cúbicos de precipitaciones, desbordando ríos como el de las Avenidas y afectando fraccionamientos como Los Tuzos en Mineral de la Reforma. La tragedia humana también ha marcado esta temporada: la pérdida de un joven en Zempoala, arrastrado por una corriente, es un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentamos.
Ante este escenario, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, encabezada por Román Bernal Díaz, ha intensificado operativos de monitoreo, limpieza de vialidades y coordinación interinstitucional. Sin embargo, estas medidas reactivas, aunque necesarias, no son suficientes para mitigar el impacto de fenómenos que, año tras año, se repiten con patrones predecibles.
Uno de los principales problemas radica en la falta de una cultura preventiva arraigada. A pesar de que el Atlas Estatal de Riesgos identifica a tres municipios con peligro muy alto por inundaciones y 23 con riesgo elevado, muchos ayuntamientos no cuentan con planes de contingencia actualizados ni con consejos municipales de protección civil plenamente operativos. La reciente solicitud de la Subsecretaría para que los municipios activen sus planes contra inundaciones y preparen refugios temporales es un paso en la dirección correcta, pero llega tarde, cuando las lluvias ya han causado daños. Esto refleja una carencia de planeación a largo plazo, donde la prevención debería ser la piedra angular.
Otro aspecto crítico es la infraestructura. Las coladeras tapadas, los caminos rurales obstruidos por deslaves y la basura acumulada en las calles agravan las inundaciones. Si bien la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible ha trabajado en el retiro de escombros en lugares como Huehuetla y Pacula, estas acciones son paliativas. Es imperativo invertir en obras de drenaje modernas, desazolve preventivo de ríos y campañas de concientización para evitar que la ciudadanía tire desechos en la vía pública.
La coordinación con la Conagua también debe fortalecerse, especialmente en el manejo de presas como la Esperanza, que ya opera al 100% de su capacidad, o la Requena, al 93.9%, lo que representa un riesgo latente.
El Fondo para la Atención de Desastres Naturales del Estado, con más de 150 millones de pesos para 2025, es una herramienta valiosa, pero su uso debe ser estratégico. En 2024, la solicitud de declaratoria de emergencia no prosperó, lo que dejó a 36 municipios afectados sin apoyo federal. Esto subraya la necesidad de agilizar los procesos burocráticos y mejorar la evaluación de daños para acceder a recursos extraordinarios. Asimismo, la capacitación de los titulares de protección civil municipales, como se ha iniciado con 15 de los 84 municipios, debe extenderse y priorizarse antes de la temporada de lluvias.
Hidalgo no puede seguir reaccionando ante las lluvias; debe anticiparse. La política de protección civil debe evolucionar hacia un modelo de gestión integral de riesgos, con atlas municipales actualizados, simulacros periódicos y una ciudadanía informada. La colaboración entre los tres niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil es indispensable para construir un estado más resiliente.
Las lluvias seguirán cayendo, pero está en nuestras manos decidir si serán sinónimo de tragedia o de preparación. Es hora de actuar con visión, compromiso y solidaridad.
Lo que no pudieron los muertos y los heridos usuarios del transporte público en Hidalgo que desafortunadamente así les fue en su viaje, mover a la indolente y deshumanizada Lizbeth Robles, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal (Semoth), para que transforme el servicio en una prestación de calidad y seguridad para los pasajeros.
Lleva dos años nueve meses en el cargo: evitando a la prensa incómoda que hace preguntas sobre sus resultados para el pueblo, sin resolver las quejas añejas de quienes abordan los taxis, colectivas y Tuzobús, menos acabar con la corrupción que prevalece en la dependencia.
Ella y sus funcionarios tienen otros datos, desgraciadamente no son los mismos de los que padecen lo que a diario es un servicio deficiente.
Lamentablemente tuvo que morir un automovilista a manos de un taxista armado para que apareciera el “Mirrey” de Pachuca y sacará a Lizbeth Robles a trabajar.
Gracias a nombre de todos quienes diariamente desde 1990, por citar un año de referencia a la 4T de Hidalgo, padecemos las malas prácticas de políticas públicas en materia de movilidad al usar un taxi, colectiva y, a partir de 2016, el Tuzobús, plagados de irregularidades impuestos por quienes detentan las concesiones respectivas.
Lizbeth Robles es solo un ejemplo de los “floreros” que llegaron con la 4T hidalguense, hay más como ella en la Contraloría; la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social; en la del Trabajo y Previsión Social; Agricultura y Desarrollo Rural, por citar algunas.
Gracias Mirrey de Pachuca, deberías cambiarte a la Semoth para que así puedas justificar que no se cumplirá tu promesa de la “Capital de la Transformación”; te hace falta recorrer sus calles para que compruebes que en nueve meses los pachuqueños padecen los mismos problemas que antes de tu llegada.
Por lo pronto, gracias por tercera vez porque estás exhibiendo que Lizbeth Robles y sus subordinados están tuertos o ciegos frente a colectivas y choferes que violan diariamente la ley del transporte público.
También un gracias a Tláloc porque sacó a trabajar a la policía capitalina, al menos aumentó su presencia aunque los oficiales pasen de largo frente a las violaciones al respectivo reglamento vial y de tránsito.
DE MIS TREBEJOS
Personal de la Contraloría estatal y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo debería darse su vuelta a la Avenida 2, Federalismo y bulevar Minero de Pachuca a corroborar la mala calidad de las obras de la 4T, o también ¿estarán tuertos o ciegos, o son floreros?
A los mismos aludidos de arriba, ¿cuándo vamos a conocer las anomalías cometidas por la exalcaldesa de Tepeapulco, Marisol Ortega, o por ser de Morena hay que tapar el sol con un dedo antes que perder votos para 2027?
Por cierto, su sucesor tiene quejas por acoso sexual, al menos una en el Órgano Interno de Control Municipal, la otras las ha silenciado con amenazas y dinero.
Y no hablemos del servicio médico para los funcionarios de ese municipio por un médico sin cédula, de la clínica pública que cambió de sede, de los “robos” de documentos en Desarrollo Económico en al menos cinco ocasiones que se han metido a la oficina…
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Hidalgo se encuentra entre los estados con menor deuda a nivel nacional. En 2023, se ubicó entre las diez entidades con la menor deuda, con aproximadamente 3 mil 410 millones de pesos. Además, el gobierno estatal destino recursos importantes para el pago de la deuda pública, mostrando un compromiso con la reducción de la misma.
Adicionalmente, el gobierno estatal ha mostrado una gestión responsable al destinar recursos significativos para el pago de la deuda, lo que ha contribuido a su reducción. Esto se evidencia en la asignación de recursos específicos para el pago de la deuda pública en el presupuesto estatal, así como en los esfuerzos por disminuir el monto total de la deuda en administraciones anteriores.
La Secretaría de Hacienda local informó que Hidalgo pagó, en los primeros años del la administración de Julio Menchaca, 2 Mil 40 Millones de la deuda pública.
Esta cantidad representa una reducción superior al 25 por ciento del monto total recibido en 2022
La fuente confirma que al cierre de abril de 2025, la deuda pública estatal se redujo a 2 mil 910 millones de pesos.
En el periodo antes referido detalló que, se han realizado pagos por más de 2 mil 040 millones de pesos destinados al cumplimiento de las obligaciones financieras del estado. De esta cantidad, 966 millones de pesos corresponden al pago de capital, mientras que 1 mil 044 millones de pesos se destinaron al pago de intereses.
La dependencia precisó que la solidez y estabilidad de las finanzas públicas se reflejaron en un hecho sin precedentes en diciembre de 2023, cuando se realizó el pago anticipado de uno de los cinco créditos que integraban la deuda pública del estado.
Esta acción ha contribuido a la reducción de los costos financieros y, con ello, a la liberación de recursos destinados a la modernización de infraestructura vial, proyectos prioritarios y programas sociales, entre otros, que respaldan el desarrollo de la entidad.
Poco se habla de esta política financiera que significa una férrea disciplina en el gasto (tema por utilizado por los opositores al gobierno para denostar), pero es evidente que al llegar al tercer año de los últimos 4 sexenio tricolores, al llegar al tercer año ya se había contratado deuda pública o se renegociaba con los acreedores para amortizar las mensualidades bajo un esquema denominado reestructuración que no era otra cosa que prolongar por muchos años los pagos a capital e intereses.
David Tenorio
En un contexto político cada vez más polarizado, las redes sociales se han consolidado como un arma de doble filo: por un lado, son herramientas poderosas para la movilización ciudadana y la deliberación pública; por otro, se han convertido en un caldo de cultivo para la desinformación, las campañas negras y las calumnias que distorsionan el panorama electoral. En mi artículo de 2015, Las redes sociales al rescate, publicado en Revista Foreign Affairs LatinoAmérica, destacaba el potencial de las plataformas digitales para construir una sociedad más incluyente y participativa en México, señalando su capacidad para conectar a ciudadanos y políticos en un diálogo directo. Sin embargo, una década después, el escenario político actual nos obliga a replantear esta visión ante el auge de estrategias que manipulan la opinión pública y erosionan la confianza en la democracia.
En 2015, subrayé cómo las redes sociales, como Twitter y Facebook, habían demostrado su poder político en movimientos globales como la Primavera Árabe o el #YoSoy132 en México. Estas plataformas permitieron la creación de una consciencia colectiva con objetivos claros, dando voz a sectores que tradicionalmente eran ignorados por los partidos políticos. No obstante, en el escenario político de 2025, las redes sociales han evolucionado hacia un campo de batalla donde la desinformación y las campañas negras dominan el discurso. Los partidos y actores políticos, lejos de aprovechar estas plataformas para un diálogo constructivo, las utilizan para difundir narrativas manipuladas, atacar a adversarios y polarizar a la ciudadanía.
El problema no es nuevo, pero su escala es alarmante. En México, las elecciones recientes han mostrado cómo las redes sociales amplifican calumnias y noticias falsas a una velocidad sin precedentes. Bots, cuentas falsas y granjas de troles orquestan campañas para desacreditar candidatos, manipulando tendencias y generando percepciones distorsionadas. Por ejemplo, durante las elecciones de 2024, se documentaron casos en los que imágenes manipuladas y audios falsos circularon masivamente para desprestigiar a figuras públicas, recordando los escándalos que han marcado procesos electorales anteriores. Estas tácticas no solo confunden al electorado, sino que refuerzan el desencanto hacia la política, un problema que ya señalaba en 2015: la falta de confianza en los partidos y la percepción de que no representan los intereses ciudadanos.
A pesar de este panorama, las redes sociales siguen siendo un termómetro de la sociedad. Plataformas como X han reemplazado a Twitter como espacios clave para medir el pulso de la opinión pública, pero también para detectar el alcance de la desinformación. Los ciudadanos, especialmente los millennials y la Generación Z, que representan una gran proporción de los usuarios de estas plataformas, consumen información política de manera constante.
Sin embargo, la falta de alfabetización digital y la rapidez con la que se comparte contenido sin verificar agravan el impacto de las campañas negras. En este sentido, el reto que planteaba en 2015 sigue vigente: transformar las redes sociales en herramientas para una participación ciudadana informada y constructiva, en lugar de un campo minado de mentiras.
Para contrarrestar este fenómeno, es crucial que los ciudadanos y los actores políticos asuman responsabilidades compartidas. Los partidos deben abandonar las estrategias de confrontación y desinformación, optando por un uso ético de las redes que fomente el diálogo y la transparencia. Por su parte, la ciudadanía debe desarrollar un pensamiento crítico que le permita discernir entre información veraz y manipulación.
Iniciativas como Red Alas, que mencioné en mi artículo original, siguen siendo relevantes: proyectos que promuevan la participación ciudadana para combatir la corrupción, la impunidad y la desinformación son más necesarios que nunca. Además, las plataformas digitales deben implementar mecanismos más robustos para identificar y mitigar contenido falso, sin coartar la libertad de expresión.
El escenario político actual nos recuerda que las redes sociales no son inherentemente buenas ni malas; su impacto depende de cómo las usemos. En 2015, veía en ellas una oportunidad para cerrar la brecha entre ciudadanos y gobernantes, pero hoy, ante el auge de la desinformación, el desafío es aún mayor. Construir una sociedad incluyente y participativa requiere no solo aprovechar el potencial de estas plataformas, sino también neutralizar su lado oscuro. Solo así las redes sociales podrán ser, verdaderamente, un instrumento al rescate de la democracia.
X @davidtenorio
La sexta visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo a Hidalgo mostró los claroscuros de una entidad que política y socialmente hablando no está en su mejor momento.
Las tres manifestaciones: del CNTE, profesionales de la salud de la SSH y del Movimiento Antorchista, dejaron un mal sabor de boca a la mandataria y a su anfitrión, el gobernador Julio Menchaca.
Pero no son las únicas voces discordantes con los gobiernos estatal y federal de la 4T, hay otras entre los hidalguenses que más allá de observar que ambas administraciones públicas llevan beneficios a la población vulnerable, también han detectado que mentir, robar y traicionar al pueblo es parte de la actualidad entre algunos funcionarios especialmente del ámbito local
No es necesario esperar a que la presión social llene el vaso medio vacío, es preferible atender las demandas de la gente porque pareciera que bloquear carreteras o alzar la voz en las giras oficiales de las autoridades, es la única forma para que Menchaca escuche que varios de sus secretarios y miembros del gabinete son un lastre que están restando positivos hacia la mitad de su sexenio y tercer informe de gobierno.
Ni pensar en los alcaldes que en tono amenazante o minimizando la realidad, como lo hizo el de Tianguistengo, Febronio Rodríguez en las Rutas de la Transformación, movilizó a sus incondicionales y maquilló el evento haciendo suponer que goza de probidad con los gobernados.
No entienden que no entienden y la lección de los comicios del Poder Judicial de la Federación no les bastó para hacerles ver que Morena y los gobiernos que encabeza no están convenciendo ni a sus fanáticos y que los programas sociales y clientelares no son suficientes para que el pueblo que los eligió los defienda.
DE MIS TREBEJOS
Silenciosamente se está colando entre los bolsillos de los hidalguenses una desaceleración económica estatal por las políticas antimigratorias de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos; la inflación que no desacelera y la inseguridad que arrebata los bienes de quienes hicieron un esfuerzo económico para poseerlos.
Que el gobierno de Hidalgo etiquetó 11 millones de pesos para la Feria Actopan 2025, evento que la alcaldesa morenista Imelda Cuellar tuvo nueve meses para organizar y hoy tiene a los barbacoeros divididos y tambaleándose el Concurso nacional del platillo porque la sede del festejo está cerca de un basurero a cielo abierto.
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X: @elsotanocolumna
El gobierno de la transformación enfrentará semanas cruciales ante del tercer informe del gobernador Julio Menchaca.
Las elecciones judiciales quedaron atrás, los señalamientos negativos hacia el proceso, sus resultados y su costo, tendrán un enfoque nacional más que local.
En el Congreso del estado tomará más protagonismo el tema de la mini gubernatura, su posible ampliación a cinco años y la no obligatoriedad de presentar una candidatura femenina. El asunto generará opinión poco a poco, es obvio que el motivo original de la nueva propuesta, viene de un cambio en la estrategia electoral del oficialismo y Morena con miras al 2028.
Un asunto que no pasará por alto a la opinión pública, es la falta de cohesión en el gabinete oficial. Las áreas de seguridad, procuración de justicia y gobierno lo intentan, pero no se sintonizan, es notorio hasta en las fotografías oficiales.
Los rumores de cambios, ajustes y salidas en todo el andamiaje público vendrán con fuerza, las filtraciones ya abundan (por cierto, para algunos despistados eso significa deslealtad de la burocracia; en este caso, es real descontento por los frecuentes malos tratos y excesos de los jefes).
En todo proyecto de gobierno sexenal, el tercer informe es un punto de inflexión, hay material suficiente o así debería ser, para el contraste con el plan estatal de desarrollo y con base en los resultados, plantear las estrategias para la última etapa del mandato, incluida la sucesión.
La administración de Julio Menchaca tiene logros económicos muy destacados, históricos; que le cambiaron el rostro al estado. Sin embargo, también tiene enemigos poderosos que aprovechan la falta de experiencia y cohesión en el gabinete para dirigir sus ataques.
No hacen falta fotos en los diarios donde aparecen los integrantes del gabinete fingiendo sonrisas; es necesario que se acaben las divisiones, los intereses personales por encima del proyecto del estado.
El texto del tercer informe puede ser extenso, lleno de optimismo y cifras nunca antes alcanzadas; puede ser un compendio muy bien encuadernado entregado a tiempo y bajo un clima de fiesta; si la opinión pública percibe, como hasta hoy, una evidente fractura, las estrategias hacia la segunda parte de la administración no podrán construirse sobre una base sólida, serán nada más, buenas intenciones.
Las recientes elecciones en Veracruz y Durango, celebradas el 1 de junio, para renovar presidentes municipales, representan un termómetro clave para medir el pulso político de México rumbo a futuros comicios.
Estos procesos, marcados por una alta competitividad y baja participación ciudadana, muestran un panorama complejo donde Morena y sus aliados enfrentaron retrocesos significativos, mientras la oposición, encabezada por el PAN, PRI y un emergente Movimiento Ciudadano (MC), logró avances importantes.
En Veracruz, se renovaron 212 municipios , además de sindicaturas y regidurías, en un estado históricamente disputado y bajo el control de Morena desde 2018. En Durango, se eligieron 39 presidencias municipales , con una contienda centrada en municipios clave como Durango capital y Gómez Palacio.
Ambos estados enfrentaron un proceso electoral marcado por hechos de violencia, incluyendo el asesinato de candidatos en Veracruz y agresiones a equipos de campaña en Durango, además de una participación ciudadana baja (alrededor del 50% en Veracruz y menos del 40% en algunos casos), lo que refleja desencanto y apatía.
En Veracruz, la alianza Morena-PVEM se mantuvo como la fuerza dominante en número de municipios, pero con pérdidas significativas. Según el PREP, con el 99.9% de las actas contabilizadas, Morena-PVEM obtuvo 60 municipios (31.99% de los votos, 956,859 sufragios), mientras que Morena en solitario ganó 11 y el PVEM 13, sumando un total de 84 municipios para la coalición. Esto representa un retroceso respecto a 2021, cuando la alianza Morena-PT-PVEM conquistó 103 municipios. Ciudades clave como Poza Rica y Papantla, antes bajo control morenista, fueron perdidas, aunque Morena mantuvo el Puerto de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, y otros municipios densamente poblados.
La oposición, por su parte, mostró un crecimiento notable. Movimiento Ciudadano emergió como la gran sorpresa, consolidándose como la segunda fuerza política al pasar de 10 a 41 municipios (19.16% de los votos, 572,995 sufragios). El PAN se alzó con 34 municipios (13.55%, 405,306 votos), destacando su victoria en Boca del Río, un bastión tradicional, aunque por un margen mínimo de 751 votos. El PRI obtuvo 23 municipios (11.11%, 332,258 votos), manteniendo una presencia relevante. El Partido del Trabajo (PT), que rompió la alianza con Morena por desacuerdos sobre candidaturas, logró 28 municipios (12.51%, 374,320 votos), superando su desempeño de 2021 (6 municipios). Un candidato independiente, Miguel Ángel Grajales, ganó en Zaragoza, un hecho excepcional.
Morena presume que los municipios que controla representan el 65% de la población de Veracruz, un aumento respecto al 60% de 2021, lo que sugiere que, aunque perdió terreno en número de alcaldías, mantuvo influencia en áreas urbanas clave. Sin embargo, la fractura con el PT y la incapacidad de retener municipios estratégicos como Boca del Río (donde Morena denunció irregularidades y exige un recuento) reflejan debilidades en su estrategia electoral.
En Durango, Morena avanzó selectivamente. En alianza con el PVEM y el PT, se adjudicó 14 municipios, incluyendo Gómez Palacio, la segunda ciudad más importante, con Betzabé Martínez Arango como una figura emergente. Sin embargo, la coalición no logró conquistar la capital, Durango, donde la alianza PAN-PRI-PRD retuvo el control con la reelección de José Antonio Ochoa. Según el PREP, el PRI lideró con 23 municipios, consolidando su influencia en áreas urbanas clave. MC también mostró crecimiento, obteniendo 3 municipios y posicionándose como segunda fuerza en algunos casos, como en la capital, donde su candidato Francisco Franco quedó en segundo lugar, superando al morenista José Ramón Enríquez.
Morena denunció irregularidades en Durango, incluyendo la detención arbitraria de candidatos y agresiones a su equipo en Lerdo, calificando el proceso como una “elección de Estado”. A pesar de estos señalamientos, la oposición mantuvo su fortaleza en la capital y otras zonas estratégicas, mientras Morena incrementó su cobertura poblacional (33% en 2025 frente a 15% en 2022)
¿Quién ganó y quién perdió? Morena, aunque mantuvo una ventaja relativa en Veracruz al gobernar municipios densamente poblados, perdió terreno respecto a 2021, cediendo 19 alcaldías en total. En Durango, logró avances en municipios clave como Gómez Palacio, pero su derrota en la capital y las denuncias de irregularidades empañan su narrativa de “triunfo contundente”. La fractura con el PT en Veracruz y la falta de cohesión en su estrategia electoral son factores que debilitaron su desempeño
Morena no es el “huracán imparable”, pero su control de las áreas urbanas le permite mantener una base sólida. La oposición (PAN, PRI, MC) fue la gran ganadora en términos de recuperación territorial. En Veracruz, los partidos opositores (PAN, PRI, MC, PT) controlan el 60.19% de los municipios, frente al 39.81% de Morena-PVEM. El partido naranja se consolidó como una fuerza emergente, duplicando su presencia en Veracruz y mostrando crecimiento en Durango. El PAN reforzó su posición en bastiones como Boca del Río y Durango capital, mientras que el PRI mantuvo una base estable.
La oposición demostró que, aunque fragmentada, puede competir e incluso superar a Morena en contextos específicos.
Movimiento Ciudadano, merece una mención especial como el partido que más creció, pasando de 18 a 41 municipios en Veracruz y ganando terreno en Durango. Su estrategia de posicionarse como una “nueva alternativa” frente a la “vieja política” de Morena, PAN y PRI resonó entre votantes desencantados, especialmente en áreas urbanas.
Los resultados reflejan un electorado dividido y una oposición que, aunque no unificada, puede capitalizar el descontento con Morena. La falta de una coalición amplia (PAN-PRI-MC) evitó un golpe más contundente contra Morena, pero los avances individuales de estos partidos sugieren que una alianza en 2026 o 2027 podría ser devastadora para el oficialismo.
La baja participación (menor al 40% en algunos casos) evidencian un entorno electoral deteriorado. Esto plantea retos para la legitimidad de los resultados y la confianza en las instituciones.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reconoció que “de los éxitos y fracasos se aprende”. La ruptura con el PT y la pérdida de municipios clave obligarán a Morena a replantear su estrategia, especialmente en un contexto donde la oposición gana terreno.
El actor emergente fue MC, el crecimiento impulsado por figuras como Álvarez Máynez, indica que el partido está capitalizando la insatisfacción con el statu quo. Su apuesta por una narrativa de renovación política podría consolidarlo como una tercera vía en el futuro.
En resumen las elecciones en Veracruz y Durango muestran que Morena, aunque sigue siendo una fuerza dominante, no es invencible. La oposición, liderada por PAN, PRI y un ascendente MC, logró recuperar terreno y demostrar que la fragmentación del voto puede ser una oportunidad. Morena mantuvo su influencia en áreas urbanas clave, pero su retroceso en número de municipios y las tensiones internas (como la ruptura con el PT) son señales de alerta.
Por su parte, la oposición debe trabajar en una coalición más sólida para maximizar su impacto en futuros comicios. En un contexto de violencia y apatía electoral, estos resultados reactivan el debate sobre el futuro político de México, donde el equilibrio de fuerzas parece más competido que nunca.
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