La discusión sobre la entrada de plataformas de transporte como Uber en Hidalgo ha generado un intenso debate en los últimos años, enfrentando intereses económicos, sociales y legales.

La Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo establece que el servicio de transporte de pasajeros solo puede prestarse mediante una concesión otorgada por la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot). Esta disposición, aprobada en el 2018, limita la operación de plataformas digitales como Uber, ya que estas no operan bajo el modelo de concesiones, sino como intermediarias tecnológicas entre conductores particulares y usuarios.

En 2023, titular de la Semot señaló que cualquier empresa interesada en operar en Hidalgo debe someterse a un proceso de autorización estatal, cumpliendo con las revisiones administrativas correspondientes. Esto refuerza la postura de que las plataformas digitales no pueden operar sin ajustarse al esquema de concesiones, lo que ha sido un obstáculo significativo para Uber. Además, la Semot ha impuesto sanciones a conductores que ofrecen servicios a través de aplicaciones no autorizadas como InDrive, con multas cercanas a los 450,000 pesos, demostrando un enfoque riguroso en la aplicación de la ley.

A nivel federal, la SCJN ha emitido resoluciones relevantes que contrastan con la postura de Hidalgo. En diversos casos, la SCJN ha determinado que plataformas como Uber no prestan un servicio de transporte público, sino que facilitan una interacción entre particulares. Esta interpretación considera inconstitucionales las restricciones que impiden su operación, siempre que no exista una regulación específica que las prohíba explícitamente. Por ejemplo, en entidades como Jalisco y la Ciudad de México, la SCJN ha respaldado la operación de estas plataformas, argumentando que fomentan la competencia y el derecho a la libre movilidad.

Por su parte la COFECE clasifica a Uber como una Empresa de Red de Transporte (ERT), lo que implica que su modelo de negocio no se ajusta a la definición tradicional de transporte público, sino que opera como una plataforma tecnológica que conecta oferta y demanda. La COFECE ha recomendado a los estados regular estas plataformas en lugar de prohibirlas, ya que su operación puede generar beneficios económicos, como la creación de empleos flexibles y la mejora en la calidad del servicio de transporte.

Uber ha intentado ingresar al mercado hidalguense desde 2018, enfrentándose a múltiples barreras legales. En 2019, la empresa obtuvo un amparo (953/2019) que obligó a la Semot a responder sobre la posibilidad de operar bajo la legislación existente. Sin embargo, la respuesta de la Semot fue insuficiente, según el Poder Judicial de la Federación, lo que evidenció una resistencia administrativa. En 2022, Uber interpuso un segundo amparo (1053/2020-II), pero el Juzgado Tercero de Distrito sobreseyó el caso, argumentando que la Ley de Movilidad estatal no permite la operación de plataformas digitales. Finalmente, en 2023, el tribunal federal desechó el último amparo de Uber (resolutivo 61/2022), consolidando la prohibición de su operación en Hidalgo. 

A pesar de estos reveses, Uber ha expresado su intención de continuar con recursos legales, potencialmente escalando el caso a la SCJN. Esto sugiere que la batalla legal no ha concluido y que la empresa podría buscar un precedente nacional que obligue a Hidalgo a ajustar su legislación. 

La prohibición de Uber en Hidalgo refleja un enfoque conservador que prioriza la protección de los concesionarios y el cumplimiento estricto de la ley estatal. Sin embargo, esta postura podría estar limitando la innovación y el acceso a servicios de transporte más eficientes, especialmente en un contexto donde la demanda de movilidad crece en zonas urbanas. Una reforma a la Ley de Movilidad para incluir plataformas digitales colocaría a Hidalgo a la par de estados como la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León que han regulado estas plataformas con éxito, estableciendo requisitos como registros de conductores, inspecciones de vehículos, licencias, estándares de seguridad y contribuciones fiscales, garantizando un equilibrio entre innovación y protección a los concesionarios.

Dado que Uber podría escalar el caso a la SCJN, el gobierno de Hidalgo debe prepararse para un posible fallo que exija ajustar la legislación, evitando conflictos legales prolongados.

La pertinencia de permitir plataformas como Uber en Hidalgo depende de la capacidad del estado para equilibrar la protección de los concesionarios con la demanda de innovación en el transporte. Aunque la Ley de Movilidad estatal justifica la prohibición actual, el marco federal y los precedentes de la SCJN sugieren que regular estas plataformas es más viable que excluirlas. La resistencia a su entrada refleja preocupaciones legítimas sobre la estabilidad económica de los taxistas, pero también podría estar frenando el desarrollo de un sistema de movilidad más eficiente y competitivo.

Una reforma legislativa bien diseñada, acompañada de diálogo y medidas de apoyo al sector tradicional, podría ser la clave para resolver este dilema, beneficiando a usuarios, conductores y al estado en su conjunto.

X@David_Tenorio

Nos faltan 170 hidalguenses y un solo mensaje oficial por su ausencia no existe.

Pese a que las autoridades estatales saben exactamente dónde se encuentran no ha movido un funcionario ni desplegado operativo alguno para ir por ellos, como los que sí activa cuando se trata de un delito de alto impacto mediático.

La justicia que se imparte en Hidalgo nuevamente quedó entredicha sobre la supuesta imparcialidad de quienes la detentan y aplican.

El caso de las infantes que habrían sido abusadas sexualmente que involucran a personajes de Zimapán cobró notoriedad, otra vez, porque se liberaron órdenes de aprehensión contra esos imputados, una de las cuales es diputada local emanada de Morena, cuyos militantes distinguidos la defendieron y tienen fotos en las que posan sonrientes con los ahora perseguidos 

Así como están las cosas en materia de inseguridad y aplicación de la justicia, y que los principales responsables de su prevención y captura de los culpables han escuchado en voz  del pueblo bueno y sabio que ha tenido que denunciar los delitos que le afectan, persiste la corrupción y manipulación de las denuncias en favor de quienes sobornan con dinero a los que deberían detenerlos.

Está visto que no entienden que no entienden que la cuarta transformación ya llegó a Hidalgo -escuchen a la gente- los que habitan en la Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública estatales. 

Fue un 27 de abril de 2024 cuando el posible delito de desplazamiento forzado por motivos religiosos se cometió en Coamila y Rancho Nuevo, en Huejutla, en la que sus autoridades auxiliares municipales apoyados por habitantes desterraron a 170 de sus vecinos, entre infantes, adolescentes y adultos, todos evangélicos que llevaban tiempo siendo objeto de ataques por intolerancia de credo.

Aquí también hay un delito impune, asegura su abogado y los propios expulsados, pero a diferencia del caso de Zimapán, no se les ha ocurrido filtrarse en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir la intervención del aparato de gobierno federal.

Mientras eso suceda o no, los 170 desplazados forzadamente por sus creencias religiosas están rehaciendo su vida en un municipio de Veracruz; allá, lejos de los efectos y consecuencias de un papel firmado, entre otros, por Guillermo Olivares, secretario de Gobierno, y Margarita Cabrera, directora de Asuntos Religiosos de Alto Impacto.

DE MIS TREBEJOS

De tantas capacitaciones, reuniones informativas y explicaciones sobre sus funciones y obligaciones a los empleados municipales, que ya los pusieron entre la espada y la pared: por un lado el alcalde que los obliga a desviar recursos públicos y por el otro están saliendo a la luz que no saben justificarlos, y ni modo que se den un balazo en el pie en el partido Morena al exhibir que los delincuentes están en casa. 

Siete meses después están presentando el Plan de Desarrollo Municipal de Pachuca, tiempo que consumieron y dejaron crecer un problema de comercio ambulante en Valle de San Javier, ahí el perfil educativo y profesional de los vecinos no se conforma con un acuerdo en papel, exigirán hechos inmediatos cuando realicen una manifestación que ponga en riesgo la permanencia de los que ocupan la Dirección de Comercio y Abasto por la supuesta complicidad con los vendedores.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. X: @elsotanocolumna

Nos escuchamos de lunes a viernes de 2 a 3 pm en el 96.5 FM Radio Mezquital, “Noticias del Valle”.

La lucha contra la inseguridad en nuestra entidad se vuelve cada día más complicada.

De entrada, los grupos del crimen organizado que operan en estado vecinos y no tan vecinos tienen, evidentemente, sus miras sobre el territorio hidalguense; con recursos al por mayor promueven incursiones frecuentes en diferentes regiones, además de que las cárceles locales empiezan a poblarse de internos con perfiles más peligrosos.
La irrupción de intereses ajenos a las instituciones públicas como las policías municipales es algo evidente; con mando coordinado o sin el, hay momentos en que la violencia se desborda como sucedió el fin de semana en Tasquillo o recientemente en Tulancingo.
Otro ejemplo de las dificultades que enfrentan las instituciones publicas para combatir la inseguridad, es Mineral de La Reforma.
Los recientes asesinatos en contra de líderes locales, dejaron al descubierto una lucha por el control de espacios para el comercio ambulante con su connotación política.
Las investigaciones señalan a elementos de seguridad municipal coludidos con oscuros intereses pero no hay declaraciones oficiales.
Las balaceras en zona plateada llamaron la atención momentáneamente pero, una vez más todo fue matizado.
Nadie dijo nada de un empleado que murió al lanzarse al vacío desde un edifico en esa misma zona aunque para hacerlo rompió una pequeña ventana. Ese empleado era el contador principal de una empresa constructora enorme y que aparentemente tenía una vida muy cómoda sin motivos aparentes para atentar contra su propia vida.
Cada semana el jefe del ejecutivo encabeza una reunión con los integrantes de su gabinete de seguridad, exige y es estricto en la revisión de resultados, pero, al menos unos de los secretarios asistentes, dice a todos sus amigos que no hay cohesión en ese grupo y por lo tanto es muy complicado llevar a cabo los trabajos con eficiencia.

En un giro digno de una telenovela, las Fuerzas Armadas de Ecuador han desplegado un operativo de seguridad que parece más una coreografía de Hollywood que una respuesta racional a una supuesta amenaza.

Según el Comando Conjunto de ese país, el presidente Daniel Noboa, su gabinete y hasta los bancos del país están en la mira de un complot orquestado por delincuentes, entre los cuales —¡oh, sorpresa!— figuran los infaltables “sicarios mexicanos”. Con esta narrativa, el gobierno ecuatoriano no solo refuerza la seguridad, sino que también parece reforzar su talento para el melodrama político. Pero, ¿es este despliegue una reacción legítima o una cortina de humo para apuntalar la imagen de un presidente que necesita desesperadamente un guion heroico?

Primero, hablemos de la estrella del espectáculo: Daniel Noboa, el joven presidente que, tras ganar la reelección en abril de 2025 con un discurso de “mano dura” contra el crimen, parece decidido a mantenerse en el papel de salvador nacional. Las Fuerzas Armadas, con su alerta del 18 de abril, nos pintan un escenario apocalíptico donde Noboa es el blanco de un complot internacional.

¿Los villanos? Un grupo nebuloso de criminales, convenientemente encabezados por mexicanos, porque, claro, nada grita “peligro” como un cliché reciclado de series de narcos. Sin embargo, el gobierno no ha presentado una sola prueba concreta.

La ironía se vuelve más deliciosa cuando consideramos el contexto. Noboa, cuya popularidad ha sido golpeada por una crisis energética, apagones de 14 horas y un crecimiento económico que parece un espejismo, necesita desesperadamente un distractor. ¿Qué mejor que un enemigo externo para unir al país? La narrativa de los “sicarios mexicanos” no solo desvía la atención de los problemas domésticos, sino que también le permite a Noboa posar como el líder valiente que enfrenta al crimen transnacional. Es un guion tan predecible que uno casi puede escuchar la música épica de fondo mientras Noboa, con gesto serio, promete proteger la nación. Pero, ¿quién protege a los ecuatorianos de las promesas vacías y las políticas que no resuelven nada?

Y luego está el absurdo de blindar no solo al presidente y su gabinete, sino también a los bancos. ¡Los bancos! Como si los supuestos sicarios, tras cruzar fronteras y evadir a las autoridades, fueran a detenerse en una sucursal bancaria para un atraco de película. Mientras tanto, las calles de Guayaquil y Durán siguen siendo un campo de batalla donde la violencia real —la de las extorsiones, los homicidios y las masacres— no parece merecer la misma urgencia. Según InSight Crime, la extorsión en Guayaquil creció un 400% entre 2023 y 2024, pero el gobierno prefiere montar un circo de seguridad en torno a los bancos que atacar las economías criminales que asfixian a los ciudadanos de a pie. 

El colmo de la farsa llega con la respuesta de la cancillería mexicana, que rápidamente negó cualquier vínculo con las supuestas amenazas. En un comunicado, el gobierno mexicano dejó claro que no hay evidencia de que sus ciudadanos estén planeando atentados en Ecuador. Después de la crisis diplomática de 2024, cuando Noboa ordenó irrumpir en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glas, las relaciones entre ambos países están en el congelador. ¿Por qué, entonces, insistir en señalar a México? Porque es un chivo expiatorio perfecto: lejano, estigmatizado y lo suficientemente vago como para no tener que rendir cuentas. Es la misma táctica que Noboa ha usado al culpar a “narco-terroristas” de todos los males del país, mientras las estructuras criminales locales, aliadas con carteles internacionales, operan con una impunidad que su “mano dura” no ha logrado tocar.

La violencia en Ecuador es real y devastadora. Con más de 2,500 homicidios en los primeros meses de 2025, el país enfrenta una crisis que no se resuelve con operativos mediáticos ni con cuentos de sicarios extranjeros. Lo que Noboa y sus Fuerzas Armadas parecen ignorar es que el crimen organizado prospera en la debilidad institucional, la corrupción policial y la desigualdad rampante. En lugar de abordar estas raíces, el presidente opta por un espectáculo que lo pinta como víctima y héroe al mismo tiempo. Es una jugada maestra de relaciones públicas, pero un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos que viven con miedo real, no con amenazas inventadas. 

Así que, mientras las Fuerzas Armadas refuerzan la seguridad de Noboa, su gabinete y los bancos, el resto del país sigue esperando soluciones de verdad. La alerta de los “sicarios mexicanos” no es más que un capítulo más en la saga de un gobierno que prefiere el drama a la eficacia. Si Noboa realmente quiere combatir el crimen, que empiece por desmantelar las redes de corrupción en sus propias instituciones, fortalecer la justicia y atacar las economías ilícitas que financian a las pandillas. Hasta entonces, este circo de amenazas no es más que una de vaqueros.

X @David_Tenorio