David Tenorio

En Hidalgo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se vivió una jornada marcada tanto por la conmemoración como por la protesta, reflejando la dualidad de esta fecha: un momento para reconocer los avances en los derechos de las mujeres y, al mismo tiempo, para visibilizar las luchas pendientes contra la violencia de género y la desigualdad.

En Hidalgo, como en muchas partes de México, el 8 de marzo no se percibe únicamente como una celebración, sino como un día de lucha. Es un recordatorio de la resistencia y la memoria frente a la violencia de género que sigue cobrando vidas. En 2024, México cerró con 733 feminicidios a nivel nacional.

A pesar de que los colectivos habían anunciado que no realizarían acciones directas contra las vallas, la escalada de violencia evidenció una falta de diálogo efectivo entre las autoridades y las manifestantes. El gobierno estatal, por su parte, afirmó que las protestas fueron atendidas bajo protocolo, aunque esta declaración no ha mitigado las acusaciones de represión.

Paralelamente, en el ámbito institucional, el Congreso de Hidalgo emitió posicionamientos contra la violencia hacia las mujeres días antes del 8M, destacando la necesidad de políticas públicas efectivas. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la respuesta en las calles, lo que pone en duda la coherencia entre el discurso oficial y las acciones concretas.

La participación masiva en Pachuca refleja un creciente hartazgo ante la violencia de género y una organización cada vez más sólida de los colectivos feministas. Las pancartas, cánticos y la presencia de mujeres de diversas edades y contextos muestran que la lucha por la equidad trasciende generaciones y sectores sociales. 

¿Qué falta por hacer? A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, tanto en Hidalgo como en México, persisten retos estructurales que requieren atención urgente. Como el fortalecimiento de la justicia con perspectiva de género, aunque existen iniciativas como la Ley Mariana Lima, que busca investigar toda muerte violenta de mujeres con perspectiva de género, su implementación en Hidalgo es aún limitada. Es necesario capacitar a jueces, fiscales y policías para garantizar que los casos de feminicidio no queden en la impunidad. 

Reforzar la prevención y atención a la violencia, labor del Centro de Justicia para las Mujeres, el cual es insuficiente, se requieren más. Así también un aumento en los recursos para programas de prevención.

Por otro lado integrantes del congreso local han señalado la necesidad de legislar políticas más efectivas, pero muchas iniciativas, como el incremento de penas por feminicidio o la Ley de Víctimas, siguen pendientes en el poder legislativo. 

El diálogo con la sociedad civil es clave para la gobernanza, el establecimiento de mesas de diálogo permanentes podría evitar confrontaciones y traducir las demandas en acciones concretas. Más allá de las leyes, es crucial invertir en campañas educativas que promuevan la igualdad de género desde la infancia y desmantelen los patrones culturales que normalizan la violencia contra las mujeres.

El 8 de marzo de 2025 en Hidalgo fue un reflejo de la lucha constante por los derechos de las mujeres: una mezcla de resistencia, denuncia y esperanza opacada por los hechos de violencia. Para avanzar, Hidalgo necesita no solo discursos de buena voluntad, sino una transformación estructural que incluya justicia efectiva, prevención de la violencia y un compromiso real con la equidad. 

La deuda histórica con las mujeres sigue vigente, y el 8M es un recordatorio de que la lucha está lejos de terminar. 

X @David_Tenorio