La célebre frase atribuida a Fidel Velázquez, “El que se mueve no sale en la foto”, ha sido un mantra en la política mexicana durante décadas, simbolizando la disciplina y lealtad que los aspirantes deben mostrar para mantenerse en la gracia del poder establecido. En el contexto de Hidalgo, donde Julio Menchaca Salazar ha consolidado una gubernatura marcada por la estabilidad y un discurso de transformación, no son los tiempos ni las formas, no obstante diversos actores políticos han tomada la iniciativa de promocionarse, y es donde esta máxima cobra relevancia. 

Con tres años aún por delante, la sucesión no es un tema inmediato, pero en la política mexicana, los movimientos subterráneos comienzan mucho antes de lo que el calendario electoral dicta. ¿Quiénes podrían ser los aspirantes a sucederlo? Y, más importante aún, ¿quiénes entenderán que en este juego el que se mueve demasiado pronto podría quedar fuera de la foto?

Desde un manejo indiscriminado en el uso de las redes sociales buscando su nombre sea recordado lo más favorablemente posible, y algunos aceptan que sea  hasta negativa la mención, justificando dicen que lo que prevalece es el reconocimiento del aludido. Hasta quienes escudados en el partido que los llevo al poder utilizan la agenda política para armarse una estructura política electoral a modo. En un partido donde la disciplina es clave, aquellos que levanten la mano antes de tiempo, corren el riesgo de ser percibidos como desleales o ambiciosos, un pecado capital en la dinámica de la 4T. 

Por otro lado, la oposición, conformada por el PRI, PAN y PRD, que alguna vez dominaron Hidalgo, no duerme. Aunque debilitada tras la derrota de Carolina Viggiano en 2022, podría buscar reagruparse y lanzar a un perfil que capitalice el desgaste natural de cualquier gobierno. Sin embargo, su desafío será encontrar a alguien capaz de competir con el arrastre de Morena sin parecer un mero oportunista que “se mueve” para salir en la foto sin un proyecto sólido.

La frase de Velázquez también aplica a la relación de Menchaca con la cúpula nacional de Morena y la Presidenta Claudia Sheiunbaum, cuyo respaldo sigue siendo un factor determinante. Cualquier aspirante que intente brillar más que el Gobernador o que busque autonomía del proyecto nacional, podría ser descartado rápidamente. En este sentido, la sucesión en Hidalgo no solo dependerá de los méritos locales, sino de cómo se alineen las piezas en el ajedrez de la 4T a nivel federal.

Finalmente, el factor ciudadano no puede ignorarse. Si el Gobernador Menchaca continua cumpliendo sus promesas y entrega resultados tangibles, el pueblo hidalguense podría premiar la continuidad con un sucesor de su misma línea. Pero si el desgaste o los señalamientos de errores se acumulan, el que “no se mueva”, es decir, el que espere pacientemente a que el descontento abra una grieta, podría encontrar su oportunidad.

En conclusión, la sucesión en Hidalgo será un ejercicio de paciencia y estrategia. Los aspirantes, sean de Morena o de la oposición, saben que en esta foto política el encuadre lo define el Gobernador y, por extensión, la 4T. Quien se mueva demasiado pronto o sin permiso podría quedar fuera del cuadro, mientras que quién espere su turno, con disciplina y astucia, podría ser el próximo en posar para la posteridad. El tiempo, como siempre, será el mejor juez.

X @David_Tenorio

En el vaivén de las medidas arancelarias que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está imponiendo a diversos países como al nuestro, los hidalguenses necesitamos empezar a ver que de los “planes” se pasen a los hechos y para no crear falsas expectativas transparentar los beneficios reales de tanta inversión que se anunció por obras del gobierno federal y estatal para este 2025. 

Ya conocimos que en reacción a la guerra comercial que ha desatado el mandatario estadounidense, Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México enlistó el viernes anterior en un acto oficial los 18 puntos que contiene su estrategia “Plan México” para aminorar los efectos económicos de dichas acciones de Trump.

En consecuencia, luego de asistir a dicho evento, el gobernador Julio Menchaca Salazar se reunió con su gabinete económico el fin de semana y lanzaron su versión local, el “Plan Hidalgo”, que no es más que reafirmar las misiones programadas para este año y respaldar las de orden federal que pronunció Sheinbaum. 

Sin embargo, un sector de los hidalguenses se preguntan cuándo se traducen en hechos: los gobiernos deberían hacer público las empresas que van a contratar la mano de obra para solicitarles trabajo, en qué municipios se concentran las obras federales y estatales porque no todos serán beneficiados pero los habitantes de los alrededores pueden tener empleo, porque entre tanto plan, pues manos a la obra.

Toda inversión económica tiene un calendario para regirse en los tiempos marcadas del desarrollo del negocio o construcción, entonces la gente tiene derecho a enterarse de detalles como ese y así tener su propio “plan” con el cual salir adelante y junto con su familia aprovechar todas esas bondades o ahora les dicen áreas de oportunidad del Plan México y el Plan Hidalgo.

En el discurso oficial se escucha que quienes detentan el Poder Ejecutivo enfrentan los retos coyunturales de las decisiones de Donald Trump y se reúnen con el sector empresarial para abonar a que sus decisiones no desestabilicen más el entorno económico en medio de las medidas arancelarias.

Bueno, del anuncio pasemos a los hechos, iniciamos el segundo trimestre del 2025 y tenemos en puerta la temporada vacacional, un dato económico de cómo han impactado los efectos adversos de las finanzas globales, ¿y las obras cuándo comienzan?

DE MIS TREBEJOS

Se les complica a los candidatos a juzgadores de las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación que la prensa los tome en cuenta en sus redacciones, pero también hacer llegar su mensaje proselitista porque no están en la onda de las redes sociales 

Este fin de semana cumplieron siete meses al frente de sus presidencias municipales los alcaldes de 83 ayuntamientos, Cuautepec por elección extraordinaria en enero empezó el mandato. Los 56 en donde gobierna Morena se están especializando en comer sapos, sus padrinos de candidatura no les cumplieron.

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X: @elsotanocolumna 

Nos escuchamos de lunes a viernes de 2 a 3 pm en el 96.5 FM Radio Mezquital, “Noticias del Valle”.

Con el arranque de las campañas para la elección judicial en México, también inicia una nueva era en el equilibrio de poderes de gobierno.

De entrada, el Instituto Nacional Electoral (INE), frena oficialmente cualquier promoción, algo que a nivel estatal ya se había definido ante la opacidad de las reglas para una campaña de 60 días.

Para Hidalgo, ya se estableció que ningún medio público podrá hablarse de aspirantes, y propuestas, pero tampoco podrá hacerse promoción a personajes públicos, tareas cumplidas o entrega de beneficios, inversiones o detalles sobre recorridos, discursos.

Será con recursos de cada candidato y candidata (sus ahorros, dice claramente el ordenamiento), como se contrate publicidad en medios privados, así que es probable que dos meses no sean suficientes para que éstos den a conocer sus proyectos.

Tal vez las redes sociales ayuden a los aspirantes, pero no será suficiente para llegar con sus plataformas a zonas rurales o apartadas ni a sectores ajenos al proceso electoral, de por sí, inédito.

En total se disputan 881 cargos entre 3 mil 422 candidatos; 63 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN);15 a la Sala Superior del Tribunal Electoral; mil 640 a Magistrados de circuito; 38 al tribunal de Disciplina Electoral; 95 a cinco salas regionales del Tribunal Electoral y mil 570 a jueces de distrito.

En estas condiciones, la elección de junio próximo será una de candidatas y candidatos desconocidos, algo que tendrá que corregirse con el tiempo, pero más delicado será que la ciudadanía no entienda qué tareas y responsabilidades tendrán los perfiles que resulten ganadores.

De las estimaciones sobre la participación en el proceso omitiré mis comentarios. Hace semanas que la oficialidad, obliga a sus incondicionales a reunir 100 o más nombres con número de credencial de elector y fotografía, justo como se hacía con los “promovidos” en tiempos del priiato.

La elección judicial en México emergió desde su concepción como un tema candente en el debate político reciente. En un país marcado por la desconfianza hacia las instituciones y una polarización creciente, los paradigmas que rodean este proceso reflejan tanto las aspiraciones democráticas como los desafíos estructurales de su sistema político. 

Hoy tiene el pueblo la oportunidad de elegir directamente a sus jueces. El esquema de mecanismos técnicos que priorizaba la competencia interna o las recomendaciones familiares esta por desaparecer. El poder judicial federal y los estatales se encuentran plagados de familiares directos, todo esto aunado a  casos de corrupción a través de los años. 

Ernesto Zedillo cerro el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separó de su cargo a sus 26 ministros.

Propuso a 18 ministros a modo, los cuales fueron votados por sus eternos aliados del PAN. Veintiséis días le tomó reformar la constitución para obtener la aprobación de los senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales. Impuso a sus incondicionales, no había independencia judicial.

Hoy la reforma judicial impulsada, viene a democratizar un poder históricamente elitista y opaco, alineándolo con la voluntad ciudadana. En un país donde la justicia ha sido señalada por corrupción y favoritismos, la idea de “darle voz al pueblo” resuena con fuerza. 

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar: la falta de preparación del electorado para evaluar méritos judiciales, el riesgo de que los jueces se conviertan en figuras políticas y la influencia de campañas millonarias financiadas por grupos de poder amenazan la imparcialidad.

En el México de 2025, con elecciones marcadas por la desinformación y el clientelismo, este enfoque podría agravar la crisis de legitimidad del sistema judicial en lugar de resolverla.

La SCJN representa el modelo tecnocrático empleado por años, se defendía la tradición de un sistema basado en méritos y designaciones institucionales, como lo fue el modelo previo del Consejo de la Judicatura Federal y las propuestas de la oposición para fortalecerlo. Aquí, la selección de perfiles recaía en expertos que evaluaban “trayectoria, conocimientos jurídicos y ética profesional”, alejando a los jueces de las presiones electorales. Este enfoque, que históricamente dio estabilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se vio cuestionado por la sumisión ante el poder ejecutivo federal. Y perdiendo él tan necesario contrapeso técnico al poder político.

El acceso a la SCJN esta vetado al ciudadano común, su talón de Aquiles, la percepción de elitismo y desconexión: en un país donde el 60% de la población desconfía de las instituciones (según encuestas recientes), un sistema que excluye a la ciudadanía puede ser visto como una reliquia del viejo régimen, incapaz de responder a las demandas sociales.

El domingo iniciaron las campañas para elegir ministros, magistrados y jueces por el voto popular, tal escenario es un reflejo del momento histórico que vive nuestro país.

La clave estará en diseñar un sistema que atienda las demandas de justicia social sin sacrificar la imparcialidad ni la competencia. En un contexto de alta desconfianza y desigualdad, la reforma judicial no solo debe ser efectiva, sino también convencer a una ciudadanía hastiada de que el estado de derecho es más que una promesa vacía. 

X @David_Tenorio