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El viernes pasado, el Partido Nueva Alianza en Hidalgo (PNAH), anunció el nombramiento de Juana María Márquez Parrasales como nueva presidenta estatal.
Luego de una sesión extraordinaria, las y los consejeros del PNAH confirmaron la elección de la nueva dirigencia, pero hicieron mucho más que una renovación
El viernes pasada, el magisterio hidalguense recuperó su partido político.
Las y los maestros hidalguenses, lograron arrebatarle a uno pequeño grupo encabezado por Sinuhe Ramírez y Sergio Hernández, el control de su organización electoral la cual fue, literalmente, secuestrada desde hace varios años.
La sesión extraordinaria del PNAH fue encabezada por Said Vargas Sáenz, secretario general de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de La Educación (SNTE); su presencia, fue clara señal respecto a que una nueva generación de trabajadores de la educación integran ese partido.
Desde su creación a nivel en 2005 con la maestra Elba Esther Gordillo, el Partido Nueva Alianza vivió diferentes momentos, hasta en que en 2018 quedó sin registro nacional.
En Hidalgo, Nueva Alianza se convirtió en un jugoso botín de las dirigencias sindicales que vieron ampliar su espectro de control político y acceso a recursos públicos durante varios años; en el contexto de la transformación, ya no fueron efectivas sus estrategias de complicidad o presión, según el caso.
La actual dirigencia estatal del SNTE se opuso a la continuación del cacicazgo Ramírez-Hernández. Incluso diputados locales y varios alcaldes fruncieron el ceño con la noticia; evidentemente trazaron rutas hacia nuevos cargos sobre la base del uso discrecional del Partido Nueva Alianza.
Hubo resistencia y habrá resistencia, por supuesto, fueron muchos años de prebendas, pero al final, ya dio inició una nueva era para el ala política de las y los maestros hidalguenses que recuperaron el control de su partido político.
Enorme en tamaño, variable en temperamento, el voto de los jóvenes de 18 a 29 años suma casi 25 millones en el padrón electoral, es decir, son un actor estructural que cualquier candidato debe considerar seriamente.
Sin embargo, su comportamiento es voluble: tienden a informarse por redes más que por artículos largos y, sobre todo, su participación ha sido menor que la de otros grupos en las últimas contiendas. El dato importa: si los partidos logran convertir interés en urnas, pueden mover el tablero a su favor; si no, el número queda solo como referencia del potencial.
Morena a pesar de ser el partido más votado en la última elección presidencial, tiene brechas generacionales.
Morena llegó a ser la fuerza dominante por combinar narrativa de cambio con programas sociales visibles. Entre jóvenes, eso funciona hasta cierto punto: atrae a quienes ven en Morena una agencia para políticas redistributivas y reconocimiento social, pero pierde a quienes perciben clientelismo, autoritarismo o agotamiento retórico. Además, los últimos escándalos o decisiones institucionales como procesos electorales o judiciales con baja legitimidad, erosionan simpatías entre jóvenes críticos e informados. En suma: Morena parte con ventaja estructural, pero su reto es renovar lenguaje y prácticas para retener a una juventud menos leal y más exigente.
El PAN mantiene atracción entre jóvenes urbanos y conservadores que priorizan seguridad y orden; el PRI sigue pagando el legado de viejas clientelas, pero conserva redes locales útiles. Para ambos la estrategia ya no puede ser repetir mensajes de siempre: deben hablar el idioma de empleo juvenil, movilidad social y libertades civiles sin sonar a manual caducado. En elecciones competitivas, el voto juvenil urbano y universitario puede traducirse en ventanas tácticas para PAN o coaliciones opositoras.
Movimiento Ciudadano tiene un importante capital entre los partidos jóvenes. MC se ha capitalizado como la “alternativa joven” en plazas urbanas y redes sociales; su discurso pragmático y de denuncia anticorrupción cala hondo entre estudiantes, emprendedores y profesionistas emergentes. Quienes ofrezcan cauces reales de participación (listados, candidaturas a jóvenes, propuestas concretas) y dejan de pedir lealtades genéricas, podrían tener ese valioso segmento cautivo. Las preferencias reales varían por ciudad y estrato: no es lo mismo un electorado juvenil en Guadalajara, que en CDMX o en una ciudad pequeña de provincia.
Los jóvenes juzgan a las figuras públicas por coherencia entre palabra y acto. Se inclinan por personajes con narrativa digital efectiva y presencia en espacios culturales, ganan visibilidad; los que arrastran escándalos o un tono demasiado paternalista, pierden rápidamente reputación entre audiencias jóvenes.
Además, la polarización crea héroes y villanos instantáneos; eso implica que la imagen pública de una figura puede mejorar mucho en semanas, pero también colapsar con la misma rapidez. Las encuestas muestran que las preferencias cambian según coyuntura y disciplina mediática. 
En distritos electorales con votaciones cerradas, un aumento en la participación juvenil sí puede ser definitorio. Dicho de otro modo: el voto joven puede ser determinante, pero no lo es automáticamente.
Los jóvenes esperan que dejen de hablar de ellos y empiezen a gobernar con ellos: con cargos reales, presupuesto, e incubadoras de proyectos.
La movilización mediante incentivos cívicos (como facilitar el voto, información clara en redes, procesos internos incluyentes) los motiva y los mueve más que el clientelismo.
Los jóvenes son una mina de votos, siempre que alguien se comunique y emprenda acciones correctamente.
Con casi 25 millones de potenciales electores, su voto es una fuerza capaz de inclinar elecciones cerradas; la trampa está en que, si los partidos siguen tratando a la juventud como una táctica de campaña en vez de un socio permanente, la abstención seguirá atenuando ese poder. A los partidos políticos les conviene recordar: que la juventud es volumen y criterio. Si se les respeta, la democracia gana; si se les ignora, los costos políticos llegarán antes de lo que muchos piensan.
X @David_Tenorio
Hay demasiados temas delicados que perciben una parte de los hidalguenses venían incluidos en el primer piso de la 4T del gobierno estatal, todos siguen vigentes a la mitad del periodo de esta administración pública.
Medran la imagen y prestigio del partido oficialista, Morena, casi en la misma proporción que a nivel nacional con los casos registrados por la prensa y ocultados o minimizados por el gobierno federal.
Por eso la presencia del dirigente estatal del partido guinda, Marco Rico, ha mermado y su poder pulverizado.
A tres años de la alternancia mediante las elecciones del 2022, las huestes de Morena y especialmente los funcionarios del gobierno estatal, son testigos de su caída entre sus votantes.
Una forma de frenar el efecto, fue reconfigurar a los actuales gobiernos municipales que abanderaron y que sus alcaldes han sido descubiertos mintiendo, robando y traicionando al pueblo.
Revisen las nóminas y pongan la lupa en los trabajadores foráneos, varios tienen “experiencia” de su paso por tesorerías y áreas estratégicas en pasadas presidencias locales y que dejaron un legado de impunidad.
De otra forma no se entiende ni se puede explicar que entre tanto profesionista oriundo de Actopan, Tizayuca, Huichapan y Pachuca, se haya recurrido a contratar a gente que es vecina de otras latitudes y hasta de otros estados.
Para ese sector de hidalguenses que ha puesto la lupa en ese punto, a la mitad del camino de este sexenio estatal 2022-2028, el primero de la marca 4T, está demostrado que las autoridades fiscalizadoras y de justicia tienen una enorme carga tapando los “baches” que están dejando los alcaldes.
De la inseguridad a manos de la delincuencia organizada y desorganizada presente en la entidad, también con el mismo sello guinda, no hablemos y simulemos que creemos en esa frase trillada: “Hidalgo no es tierra fértil para la criminalidad”, aunque la terca realidad demuestre lo contrario.
DE MIS TREBEJOS
Luego de la primera ronda de comparecencias de los secretarios estatales con motivo de la glosa del tercer informe del titular del Poder Ejecutivo hidalguense, han sido soporíferas y el contenido de lo expuesto forma parte de ‘Hidalgolandia’, no corresponden a la vida cotidiana de una parte de los habitantes.
La marcha en Actopan de ayer domingo 23 de noviembre para exigir la liberación del regidor del PVEM, Omar “N”, detenido por la PGJEH acusado de presunto homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en grado de tentativa, tuvo alto impacto mediático en el ciberespacio.
Omar “N” aumentó su popularidad en las redes digitales y en el mediano plazo, por eso su detención tiene un ingrediente político, estaría poniendo en riesgo un tercer triunfo al hilo de Morena en ese municipio, ya que tanto la exalcaldesa Tatiana Tonatzin P.Angeles Moreno como la actual Imelda Cuellar Cano, no avasallaron en las urnas, ya que el partido político oficialista sigue débil a cinco años de ganar las elecciones municipales.
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Se complican la inseguridad en Hidalgo y el discurso oficial no alcanza ya para mantener la calma entre los sectores más afectados por la delincuencia.
El combate al robo de combustible y las vertientes que derivan, es permanente pero no avanza, las cifras del gobierno federal ubican a Hidalgo como la primera entidad a nivel nacional con mayores índices de sustracción a pesar de los operativos coordinados.
Delitos como el robo y asesinato también registran un alza, sin embargo, las autoridades locales se niegan a reconocer este hecho, que además parece expandirse a diferentes regiones de la entidad.
Muchos de estos delitos tienen características que distinguen a células del crimen organizado, pero no son resueltos o al menos no se informa de ello.
Un recuento breve:
El 22 de mayo pasado, se localizó el cadáver desmembrado de un hombre, dentro de una bolsa de plástico negra en la comunidad de San Nicolás, municipio de Tulancingo.
El 29 de julio, Fueron encontradas dos bolsas con restos humanos en el paraje conocido como Rincón del Agua, municipio de Singuilucan. Los peritos confirmaron que los restos en ambas bolsas pertenecían a la misma persona.
El 30 de septiembre pasado en la zona de Xayahualuco, municipio del Cuautepec, se localizaron los restos de dos hombres dentro de bolsas de plástico.
El 13 de noviembre también en Cuautepec, la policía localizó restos de dos hombres, uno de ellos dentro de una maleta; los restos fueron abandonados en la comunidad de Almoloya-Vista Hermosa.
Los crímenes antes descritos tienen las mismas características, pero a ellos se suman muchos otros hechos violentos como asesinatos a alcaldes, jefes de la policía, taxistas o elementos de la procuraduría de justicia.
Bajo esta perspectiva ¿qué objetivo tiene negar u ocultar, que hay un incremento de criminalidad en la entidad?
La agenda política para el fin del 2025 vivirá una etapa abultada a partir de la presente semana, pero son tantos y tan diversos los temas pendientes que no tendrán los efectos positivos esperados.
Mañana martes inician las comparecencias de los secretarios que integran al gabinete en el marco del tercer informe del gobernador Julio Menchaca.
Los fenómenos climáticos que azotaron la entidad obligaron a posponer estos eventos y todos en el calendario burocrático-administrativo, pero la demora ha sido tal , que la presencia de los y las secretarías ante el Congreso seguramente será de mero trámite, si los ubicamos en el contexto de los acontecimientos recientes ocurridos en Hidalgo y en el país.
Los temas electorales y su trascendencia, quedan en segundo término en los medios de comunicación.
La asignación de los presupuestos para el 2026 de parte del Congreso local es un tema trascendental para la entidad. Las y los diputados van atender dos comparecencias diarias a partir del 18 del presente mes; inmediatamente después se concentrarán en la cuestión económica.
En un mes, todos los que integran el aparato burocrático de Hidalgo gozarán de vacaciones, sabemos que hay muchos pendientes y poco tiempo ¿en esas condiciones será posible analizar adecuadamente cada detalle y tomar las mejores decisiones para la población?
Lo que empezó con una convocatoria que se replico en redes a veces con memes, a veces con mensajes creados con IA, encontró eco fuera de la CDMX; con marchas en varios estados del país y manifestaciones de solidaridad en ciudades del extranjero. Esa capacidad de viralizar una agenda local y convertirla en fenómeno nacional e incluso global es, precisamente, la marca de fábrica de esta generación.
No es un invento mexicano: alrededor del mundo, la juventud “Z” ha protagonizado oleadas de protesta en países tan diversos como Nepal, Madagascar, Marruecos o Perú, con motivos que van desde la desigualdad y la corrupción hasta la precariedad laboral y la oposición a los recortes presupuestales a servicios públicos. El denominador común es generacional: una cohorte que creció conectada y que, cuando se indigna, organiza rápido y con estética propia (sí, el sombrero de paja de One Piece es el nuevo estandarte simbólico).
El alcance de estas movilizaciones es doble. Primero, comunicacional: obligan a la agenda mediática y política a atender reclamos mas alla de la prosa institucional.
Segundo, el político-institucional: presionan para que demandas puntuales; seguridad, transparencia, rendición de cuentas, reciban respuesta concreta. Pero también tienen su punto debil: la heterogeneidad del movimiento (influencers, activistas, ciudadanos desencantados, opositores que se suben a la ola) diluye los mensajes y facilita la narrativa de sus detractores: “esto no fue espontáneo, lo organizaron otros”.
Frente a la movilización según cifras oficiales de 17,000 hasta casi un millon por parte de los organizadores, la respuesta pública ha oscilado entre la exhortación al respeto , la manifestación pacifica y la sospecha. Esa estrategia, legítima en una democracia si se prueba, peligrosa si se usa como cortina de humo, corre el riesgo de erosionar la confianza en la protesta como forma legítima de interlocución.
La viralidad que dan las redes y la ambivalencia ideológica facilitan la infiltración de consignas ajenas al bloque juvenil, lo que a su vez alimenta la narrativa de la manipulación. Por otro lado lo que parecio una cuidada y estrategica operación para contener la marcha obliga a revisar los como.
En otras palabras: la polarización actúa como acelerador y puede terminar quemando el capital cívico que genera la movilización, pero tambien la credibilidad de las autoridades. Ante las marchas y su poder de convocatoria, conviene poner atención a cada una de sus peticiones.
La cantidad de información a favor y en contra ha sido enorme, inundo las redes sociales, especialmente en formato de video, más amigable para las nuevas generaciones. La furia en redes no siempre se transforma en cambio institucional, ni tampoco desvirtua en su totalidad. La prudencia reclama escuchar, pero tampoco podemos seguir simulando que la no acción es neutral. La Generación “Z” trae un estilo: directo, estético, digital y sobre todo, impaciente. Si el Estado responde con acciones de politicas públicas robustas, habrá ganado una oportunidad. Si lo hace con descalificaciones, controles y culpas, la factura vendrá después, y será cara.
En el ámbito político, al igual que en las redes sociales, guardar silencio no implica una postura neutral; el silencio mismo constituye una respuesta ante las circunstancias. Esto cobra especial relevancia en el contexto de las movilizaciones juveniles y las protestas sociales actuales. Cuando los actores políticos optan por no pronunciarse, ese silencio puede interpretarse como falta de interés, evasión o incluso desdén hacia las demandas ciudadanas.
X @David_Tenorio
El pueblo bueno y sabio está saliendo a las calles a ejercer su libertad de expresión, es lo que pregonan las huestes y gobiernos que están con Morena son fijar su postura frente a dichos movimientos sociales, por lo que cerramos una semana sin sobresaltos, aparentemente.
En cada manifestación los que observan o son expectantes se dividen en dos bandos: los que están de lado de los que llenan el lugar de congregación y por el otro los que están en contra de ellos, al menos en ese sentido fluyen las narrativas previas, durante y posterior al evento.
En Hidalgo estamos en un momento en el cual la autoridad estatal niega la división y crispación entre civiles; rechaza las voces de los que señalan y acusan un gobierno igual a los del pasado; desvía la atención de los gobernados que claman paz y seguridad sobre los hechos delictivos bajo la falacia de que la entidad no es “tierra fértil” para la delincuencia organizada, cuando sabemos que las mafias no piden permiso para esconderse y operar.
Y como si de moda se tratará, en un de esas ocurrencias del pueblo bueno y sabio está convocando a una revocación de mandato de varios presidentes municipales, curiosamente el movimiento surgió en uno de los que gobierna una persona abanderada de Morena.
En el fondo se trata de aquellos que creyeron ciegamente en los ideales de quien los gobernó de 2018 al 2024 y que Claudia Sheinbaum trata de proteger que no se manche de la corrupción de ese sexenio federal envuelto por el narcotráfico y el “huachicol fiscal”, mientras ella se sacude a los morenistas incómodos que siguen “mamando de la ubre del gobierno” que le heredó su mesiánico líder moral del partido guinda.
Esos hidalguenses supusieron que si ganaba un candidato a alcalde de Morena, el municipio se iba a volver próspero, y resulta que sí, pero solamente unos cuantos serían los beneficiarios, por eso están desilusionados no solamente de la figura del Ejecutivo Municipal como de sus síndicos y regidores, también de sus diputados locales, federales y finalizan con sus senadores.
En tanto la oposición al partido oficial se desvanece, es figurativa o la pulverizan los discursos de los morenistas que defienden todo lo que huela a gobierno federal y estatal.
Por eso ahora el pueblo bueno y sabio sale a las calles y externa de “dientes para adentro”, que Morena se refunde o sacuda la corrupción y funcionarios deshonestos, para que no haya sorpresas en las elecciones intermedias.
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La temporada de fin de año es la de mayor actividad económica en nuestro país, pero eso es algo que todos sabemos, lo que empieza a tomar fuerza y genera preocupación en el sector empresarial del estado, es el descontrolado aumento de extorsiones por parte de supuestos grupos criminales.
Comerciantes de Progreso de Obregón escribieron una carta para pedir ayuda las autoridades ante la ola de amenazas a pequeños negocios como misceláneos, estéticas o bares de parte de supuestos integrantes del crimen organizado.
En Mixquiahuala, una taquería que inició actividades apenas hace dos semanas, ya recibió amenazas. Los propietarios del negocio, confirman que miembros de un grupo conocido en la zona como “los colombianos”, fueron quienes les piden un pago semanal por dejarlos trabajar tranquilamente.
En Tasquillo, hasta los locatarios del mercado municipal fueron amenazados por supuestos integrantes del grupo de “los colombianos”, desafortunadamente, sus denuncias, así como la solicitud a la policía municipal para recibir ayuda, no fueron escuchadas.
El atentado contra un juez en la región de Tula, el asesinato del alcalde de Pisaflores, el asesinato del director de la policía municipal de Tasquillo, las amenazas en contra de la alcaldesa de Tepeji, son ejemplos recientes de otra vertiente en el problema de inseguridad que vivimos y que no puede ocultarse ni soslayarse.
El gobierno del estado mantiene toda su atención y recursos en las estrategias de auxilio a las personas afectadas por los desastres naturales ocurridos el mes pasado.
Auxilio médico, alimentación, dotación de agua potable y llevar a todas las familias afectadas a una situación fuera de riesgo, son los ejes de la primera fase de atención.
Sin embargo la vida sigue. Nuestra entidad tiene muchísimas necesidades y todas deben ser atendidas en la medida de lo urgente y lo posible.
Hace varios días la administración estatal fijó en el calendario el final de la primera fase de emergencia en la zona Otomí-Tepehua, Sierra Gorda, Vega de Metztitlán y Sierra Alta. Aún no sabemos si habrá una declaratoria oficial o no.
El tema es delicado ya que una tragedia de tales la magnitudes, exacerba la opinión pública que no busca analizar sino culpables.
Declarar el fin de la fase más crítica de la emergencia en las zonas devastadas por las lluvias, inundaciones o derrumbes no significa que el apoyo se terminó o que los trabajos de reconstrucción concluyen.
Los expertos aseguran que “regresar a la normalidad” significará un proceso de muchos meses o años, todo depende de los recursos económicos disponibles.
Así que con declaratoria o sin ella, a partir de la semana siguiente, las agendas oficiales reanudarán sus actividades y entre ellas destacan las comparecencias de los integrantes del gabinete del gobernador Julio Menchaca ante el Congreso, en el marco del 3er informe de actividades.
Una guerra intestina consume al ayuntamiento de Epazoyucan desde hace más de un año, pero lo más grave es que no se ven indicios de una solución, y por lo tanto, beneficios para la población.
Desde el inicio se su administración, el alcalde Carlos Montaño no logró conformar un equipo de trabajo sólido y leal; la constante ha sido una batalla entre grupos de poder que desgastaron el liderazgo del novato político, con la irremediable pérdida de confianza de la dirigencia estatal de Morena, así como las autoridades hidalguenses. Montaño se quedó solo, pero él se niega a aceptarlo.
Hace unos días se hizo el anuncio respecto a una investigación a dos regidores por supuesto desvío de cuatro millones de pesos.
Según las versiones oficiales, fueron “los habitantes de Epazoyucan”, quienes solicitaron al Congreso local investigar a los regidores Lorena Camacho León y Antonio Viveros Ávila por presuntas irregularidades en una obra pública y en apoyos económicos para una escuela.
Los señalamientos apuntan al regidor Camacho, quién supuestamente entregó menos dinero del recibido y a Viveros de participar en un posible fraude en el fraccionamiento Xochihuacán; argumentos poco claros ya que los regidores de ningún municipio manejan recursos para obras, ni hay datos sobre el origen de los supuestos millones.
“El grupo de ciudadanos” que impulsa la acusación, asegura contar con el respaldo del alcalde Carlos Montaño, declaraciones que dan un matiz de venganza al asunto, ya que los regidores implicados son declarados críticos Montaño.
En más de un año de gestión municipal, los habitantes de Epazoyucan han visto muy poca mejora en los servicios municipales, las únicas noticias se refieren a los problemas, públicos y privados, de Carlos Montaño.
La situación se complica ya que ese municipio forma parte de un plan de crecimiento metropolitano en donde están involucrados beneficios y obras para miles de personas como la construcción de un relleno sanitario (obra que ya fue suspendida), así como la continuación de desarrollos habitacionales entre Mineral de la Reforma y Epazoyucan.
El diario Reforma público en su edición dominical un reportaje de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que estima que a entidades como Campeche, Chiapas o Guerrero les tomaría hasta 196 años para erradicar la pobreza. El informe asesta una bofetada de realidad, no basta con reducir porcentajes, sino hay que cambiar las bases del sistema. En ese espejo, Hidalgo se adelanto e impulso políticas que lo posicionan entre los mejores estados generadores de empleo formal y en atracción de inversiones con cifras récord.
Hidalgo ha avanzado y mucho, para abatir la pobreza, no basta con dar apoyos aislados, sino cambiar las condiciones estructurales. Y lo están haciendo, se establecieron programas de apoyo directo, que entregaron apoyos económicos por 349 millones de pesos beneficiando a más de 34 mil personas, como parte de los “Programas del Pueblo”. Se ha impulsado el emprendimiento mediante el programa “Emprendiendo Paso a Paso 2025”, y se ha respaldado firmemente la atracción de inversión privada: 104 proyectos que implican alrededor de 157 mil empleos directos e indirectos.
También se han anunciado planes concretos para vivienda, manufactura avanzada y desarrollo de clústeres industriales. Esto significa que la estrategia va más allá de “dar el pesito”; hay voluntad de generar empleo formal, conectar el estado al mercado global y mejorar infraestructura de base. Bien por ello.
Pero ojo: los obstáculos siguen siendo severos. Reducir la pobreza del 41 % al 35.3 % es un logro, pero aún significa que más de 1.1 millones de personas la padecen. Y la pobreza laboral —que deja a familias con empleo pero sin un ingreso decente— es casi la mitad de la población. O sea: empleo sí, pero debe buscarse calidad y estabilidad.
Sin duda falta poner más atención en municipios extremadamente rezagados: por ejemplo Acaxochitlán , se estima que el 80 % de la población vive en pobreza. Que haya inversión y generación de empleo no garantiza que el beneficio llegue a esas zonas marginadas.
En otras palabras: la estrategia es la correcta, pero la velocidad —la tan mencionada “tardanza de décadas” en el reportaje original del Reforma, sigue siendo un riesgo. Sin duda nadie quiere que Hidalgo sea otro caso donde “sí se progresó” pero “todavía quedan generaciones por delante”.
Generar empleo es clave, pero hay que asegurar que ese empleo sea accesible para quienes tienen menor escolaridad o viven en zonas rurales. Los clústeres industriales deben tener rutas que conecten con municipios alejados: transporte, vivienda cercana, formación técnica local. A la par de impulsar programas de formación técnica en municipios serranos e incentivar empresas para que contraten localmente, con transporte para empleados.
El acceso a servicios básicos mejora la calidad de vida, llevar internet de banda ancha a municipios rurales. Hoy la economía digital puede ser inyectora de ingresos remotos.
No todas las familias pueden ingresar al empleo formal de grandes espacios industriales. Por eso es clave robustecer el tejido de microempresas y economía local.
El reportaje que alerta que algunas entidades podrían tardar casi 200 años en erradicar la pobreza es un llamado de atención fuerte. Hidalgo no está en esos extremos, pero tiene los mismos retos estructurales: empleo formal de calidad, cobertura total de servicios básicos, apostar por las zonas más rezagadas.
Si se mantiene el ritmo y se empodera a las familias para que no solo sobrevivan, sino que prosperen, no serán décadas, sino años los que falten para ver un Hidalgo verdaderamente transformado.
Los antecedentes de revuelta social contra proyectos gubernamentales y de la Iniciativa Privada, que desde la perspectiva popular atentan contra el bienestar de un sector de los hidalguenses volverán a ser recordados en la región de Tula.
En Zimapán fracasó y costó millones de dólares a los tres niveles de gobierno que se haya cancelado la planta de confinamiento de desechos industriales de la empresa española Befesa.
Se le fue un gran negocio al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz, incinerar una parte de los residuos sólidos urbanos (RSU) de varios municipios en Tizayuca.
Ambos ejemplos tuvieron en común que le ocultaron a la gente de los alrededores datos del proyecto y cuando quisieron socializarlos, ya era demasiado tarde, pues la opinión pública estaba dividida y se impuso el rechazo.
Y ahora en esa ruta parece que va el tan promovido por el gobierno federal Polo del Bienestar en la zona de Tula, que de manera coloquial pretende que sea depositada la basura de la Ciudad y Estado de México principalmente, en un amplio predio, por el cual, mediante un proceso poco conocido se valorizarán los desechos.
Tarde reaccionaron en la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, la que se encarga de la política interna.
Pretenden que con una consulta pública sea convencida la población de tres municipios y así dejar contenta a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de que los hidalguenses aceptan incondicionalmente todo lo que emana de la federación; además de calmar a un sector de esos habitantes que se oponen con argumentos a recibir la basura para convertirla en un negocio modelo mundial, según palabras de la principal promotora.
Se necesita que la mayor parte del electorado participe en dicha consulta y esté a favor del proyecto de economía circular, de lo contrario, el primer piso de la cuarta transformación de Morena en Hidalgo se agrietaría con riesgo de colapsar y empezar de nuevo o requerir una intervención para que no se note la fractura y eso va requerir de mucho dinero.
DE MIS TREBEJOS
Los presidentes municipales están pasando por el peor periodo para gobernar, ni cuando la pandemia del COVID-19 fue tan malo, hoy están cooptados y la señal les llegó muy directa con el caso del crimen del de Pisaflores.
Viene un periodo invernal de fiestas y derroche de dinero, tiempo para congraciarse con los gobernados por parte de los funcionarios, porque si fue difícil el 2025, el 2026 será continuidad.
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Una vez aprobado por los diputados federales, el presupuesto para el 2026; en Hidalgo se habla de que el año próximo habrá unos 65 mil millones de pesos disponibles para las diferentes áreas de acción del gobierno estatal.
Desde hace semanas se habla de reducciones importantes al sector salud y educación, pero todo puede cambiar, una vez que el Congreso local analice los temas prioritarios, principalmente después de la emergencia por las lluvias e inundaciones.
Donde es obligado un refuerzo presupuestal, será en tareas de infraestructura carretera, puentes y caminos locales que permitan incorporar (paulatinamente), a miles de habitantes de la zona Otomí-Tepehua, Sierra Gorda, Sierra Alta y Vega de Metztitlán, a la normalidad.
Las tareas asistenciales a cargo del DIFH, también podrían ser fortalecidas desde el perfil presupuestal lo mismo que las campañas de salud, principalmente en compra de vacunas.
El 2026 será un año lleno de matices políticos y en la segunda mitad, la opinión pública se volcará sobre el proceso electoral para renovar los ayuntamientos y el Congreso, sin olvidar la revocación de mandato (se lleve a efecto o no).
En esa condición, el gasto en infraestructura será severamente cuestionado por la oposición; todas las acciones en torno al proyecto denominado Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP), pasaran por un tamiz de cuestionamientos y descredito.
El manejo presupuestal para el 2026 será un tema político antes que operativo; los ataques sobre su aplicación abundarán; la argumentación oficial, como nunca, deberá ser sólida y coherente; principalmente en cuanto a la atención a todas las familias afectadas durante “el peor desastre natural de que se tiene registro en la historia de Hidalgo”.
La semana pasada, la auditoría superior del estado (ASEH) entregó al Congreso, informes individuales correspondientes a las cuentas públicas del 2024.
Como si fuera una casualidad, evidente no lo es, aparecen con muchos millones de pesos por comprobar, las administraciones de Tizayuca (Susana Ángeles); Mineral de la Reforma (Israel Félix) y Pachuca (Sergio Baños).
El tema de Tizayuca llama la atención porque desde hace tres años, la ASEH no disimula una persecución en contra de la ex alcaldesa, quién a pesar de ser militante distinguida de Morena, no comulga con la corriente local.
Por si fuera poco, el auditor Jorge Valverde fue titular de finanzas municipales del municipio cuando Susana Ángeles era alcaldesa y ahora es su escrutador.
En el caso de Mineral de La Reforma, finalmente la estrategia política sale a relucir, y las cuentas públicas del tercer año de la gestión de Israel Félix son observadas, lo que podría trastocar los acuerdos político-electorales que permitieron la llegada de la transformación a esa localidad.
Esta acción podría ser más perjudicial que benéfica si no hay un buen sustento contable o al final, sucede algo parecido a las investigaciones sobre el ex Oficial Mayor César Mora o la ex secretaria de Finanzas Jessica Blancas.
En la capital hidalguense, la ASEH plantea irregularidades en el pago de salarios a empleados municipales de los cuales no existe evidencia de alguna actividad o presencia; es decir, todo indica a que eran aviadores.
Ojalá que las denuncias hechas por la Auditoría Superior, se aclaren y si hay irregularidades, los responsables sean requeridos para resarcir el daño al erario público. Deseo que el fondo de las denuncias sea meramente el resultado de investigaciones fiscales legítimas, sin contaminación electoral o política porque lo que es hasta hoy, ninguno de los tres ex alcaldes señalados se han despeinado con señalamientos previos.