En sesión ordinaria número 49 de la LXV Legislatura de Hidalgo se presentaron 12 iniciativas en temas de seguridad pública, fomento y desarrollo económico, cambio climático, patrimonio cultural e inmaterial, turismo sustentable, entre otros. Además, se realizaron tres exhortos en materia de sequía, salud y protección del medio ambiente.

El diputado Julio Valera expuso la iniciativa para impulsar y fortalecer a las mujeres empresarias, así como su partición en el mercado laboral y en los cargos de alta dirección, a manera que se deberán considerar criterios en la composición de la plantilla laboral para que se incluyan a las personas adultas mayores, con discapacidad, jóvenes y/o mujeres en una proporción mínima del 51% en el total de la plantilla.

Por otra parte, las y los legisladores Adelaida Muñoz, Tavo Magaña, Vanesa Escalante, Lisset Marcelino, Adelfa Zúñiga, Fortunato González, Jorge Hernández Araus, Toño Hernández, Tania Valdez, Elvia Sierra, Edgar Hernández y Osiris Leines, propusieron establecer como obligatorio un régimen complementario de seguridad social dentro de la ley de Seguridad Pública para el estado, para que los integrantes de las instituciones policiales tengan prestaciones como fondo de ahorro, seguro de vida, créditos hipotecarios, pago de gastos funerarios y seguro educativo, con la finalidad de otorgar certidumbre a cada integrante de los cuerpos policiacos y coadyuvar a la realicen sus actividades con mayor convicción y eficacia para con la ciudadanía.

Posteriormente, el diputado Miguel Martínez, presentó la iniciativa que propone disminuir el número de diputados por el principio de representación proporcional, pasando de doce a siete. Lo anterior, con la finalidad de fortalecer al órgano legislativo local al hacerlo más dinámico, más eficiente y al propiciar las condiciones necesarias que permitan la gobernabilidad y el acuerdo, manteniendo su naturaleza plural.

Más adelante, los integrantes de la Junta de Gobierno plantearon consolidar un mecanismo de consecuencia objetivo y directo a la actividad que realiza el estado, el cual resulte ser un medio de garantía en el acceso a la indemnización por daños en los bienes o derechos de las personas particulares; ésto en aras de dar una plena vigencia a las Constituciones federal y local, en materia de responsabilidad patrimonial, con la que se permita hacer efectivo el procedimiento del derecho ante un actuar irregular que no excuse la armonización de la normatividad de la entidad, mediante una miscelánea que muestra un estricto respeto al patrimonio, pues, hasta el momento impera una notoria insuficiencia legislativa estatal.

Continuando, las y los legisladores Citlalli Jaramillo, Erika Rodríguez, Michelle Calderón, Rocío Sosa, Julio Valera, Juan de Dios Pontigo, Roberto Rico y Marcia Torres, expusieron la iniciativa que pretende reformar y adicionar la ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático para el estado, con la finalidad de considerar y procurar a comunidades y pueblos indígenas y al pueblo afromexicano en las acciones contra esta situación. 

Asimismo, la diputada Citlalli Jaramillo, hizo el uso de la tribuna y presentó la iniciativa que busca que en el estado se pueda contar con instituciones más competitivas capaces de atender las problemáticas en materia de vivienda, y a su vez poder fortalecer a la comisión estatal de Vivienda, ya que es el organismo encargado de dirigir dicha política en la entidad y así focalizar los esfuerzos para reducir el rezago principalmente en las zonas donde habita la población de escasos recursos, las comunidades indígenas y en el entorno rural, garantizando una infraestructura básica, complementaria y de servicios en todo el estado.

Acto seguido, el legislador Andrés Caballero presentó la iniciativa que tiene el objetivo de declarar a las cabalgatas como patrimonio cultural e inmaterial del estado, para que esto derive también en la conservación y difusión de una importante tradición.

Seguidamente, la diputada Erika Rodríguez, dio lectura a la iniciativa que tiene por objeto incorporar la figura del Turismo Inclusivo como una actividad que reconoce la igualdad para desarrollar prácticas turísticas de una manera segura, cómoda, autónoma y normalizada de hombres y mujeres, de personas indígenas, de personas con preferencia o identidad sexual diversa, niñas y niños, personas jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, de tal manera que, el enfoque de inclusión sea considerado para fijar las bases de la política turística en el estado y dar pie a la diversificación de las actividades turísticas como un área de oportunidad en el de desarrollo económico para la entidad.

Posteriormente, la legisladora Adelaida Muñoz, dio a conocer al pleno el proyecto para establecer en la Constitución Política del estado de Hidalgo los criterios de sustentabilidad y economía circular, comenzando sobre los derechos humanos, para que todas las personas y sectores productivos coadyuven con las autoridades administrativas del Estado, para que, los procesos de producción y consumo se realicen bajo los criterios antes mencionados como forma de conservar el medio ambiente. En segundo término, propuso que el Congreso del Estado tenga la facultad de incorporar el enfoque y criterios de sustentabilidad y economía circular en las leyes de producción, consumo de bienes, servicios, prevención y gestión integral de residuos, además, incorporar los principios de sustentabilidad y economía circular de manera que toda la actividad del estado esté dirigida a mejorar considerablemente la calidad de vida de la población a partir del respeto al medio ambiente, la reducción de la huella de carbono y de la huella hídrica  y el respeto, promoción y protección de los derechos humanos.

En su participación, el diputado Juan de Dios Pontigo, llamó a fortalecer las disposiciones normativas en materia de desarrollo forestal sustentable enfocadas en los criterios generales, atribuciones, competencias y coordinación institucional de la ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el estado, a fin de proteger los ecosistemas de la entidad.

El diputado Ángel Tenorio tomó la palabra también, en su caso para la generación de las condiciones normativas necesarias dentro del ámbito de la Administración Pública municipal, para que toda persona tenga acceso al reconocimiento efectivo de su identidad de género ante los oficiales del Registro del Estado Familiar de los ayuntamientos, con independencia de la posibilidad de hacerlo ante la dirección del Registro del Estado Familiar del poder ejecutivo.

Para finalizar la presentación de iniciativas, una vez más las y los diputados Elvia Sierra, Tania Valdez, Osiris Leines, Edgar Hernández, Carmen Lozano, Tavo Magaña, Lisset Marcelino, Vanesa Escalante, Adelfa Zúñiga, Jorge Hernández Araus, Timoteo López, Ángel Tenorio y Toño Hernández, propusieron transformar el Código Civil del estado, con el objeto de trasladar la cultura jurídica a una realidad moderna, segura, práctica y ajustada a la tecnología que atienda las necesidades que existen en la práctica de los negocios, pero sobre todo, respete la dignidad humana.

Continuando con la sesión, se propusieron tres acuerdos económicos: el primero de ellos presentado por la diputada Tania Valdez, para exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del Agua federal y local para que colaboren en atención y mitigación del fenómeno de la sequía en los municipios de Hidalgo que se encuentran bajo sequía moderada y anormalmente secos. Asimismo, se dirigió a los 25 ayuntamientos que se encuentran en calidad de sequía moderada, a los 37 ayuntamientos que se encuentran en calidad de anormalmente secos para que generen e implementen en lo inmediato las acciones pertinentes de atención y disminución de la misma, y por último, a los 22 ayuntamientos restantes se ciñan a prevenir tal fenómeno. 

Asimismo, la diputada Erika Rodríguez pidió llamar a los titulares de las secretarías de Salud y de Seguridad Pública y a los 84 municipios del estado de Hidalgo, a reforzar las medidas sanitarias, de funcionamiento y de seguridad, en el ingreso de productos cárnicos crudos a la entidad y su comercialización, en particular los provenientes del pollo.

Por último, el legislador Tavo Magaña, convocó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que verifique a la brevedad el cumplimiento de la normatividad ambiental, por parte de las industrias que se localizan en el parque industrial de Atitalaquia, particularmente al vertido de residuos.

Para concluir con esta sesión, se presentaron posicionamientos referentes a las reformas Eléctrica y Minera recientemente discutidas en el Congreso de la Unión. En congruencia con sus grupos legislativos, las y los diputados Osiris Leines, Tavo Magaña, Noé Hernández y Toño Hernández, Lisset Marcelino, Vanessa Escalante, Fortunato González, Timoteo López, Sharon Macotela y Andrés Caballero se pronunciaron en contra de la determinación referente a la reforma Eléctrica y las y los legisladores Michell Calderón, Julio Valera,  Roberto Rico, Erika Rodríguez y Miguel Martínez externaron su apoyo a la desaprobación de la reforma eléctrica y su descontento con la ley Minera.

Los grupos parlamentarios de MORENA, PT y PVEM expusieron ante el pleno del Congreso hidalguense la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Hidalgo, con el fin de incorporar herramientas para un eficaz gobierno corporativo como lo es la posibilidad de adopción de resoluciones tomadas fuera de asamblea que se confirmen por escrito por unanimidad de los asociados o socios, con lo que se salvaguardan y respetan las medidas de distanciamiento social.

En la exposición de motivos, la iniciativa plantea que: “La pandemia global del Sars-Cov19 impuso a los gobiernos la necesidad de implementar medidas de aislamiento y distanciamiento social que la sociedad civil tiene que cumplir para evitar contagios y la propagación más rápida de esta enfermedad, lo cual produjo cierre de actividades, desplome de la economía, altos índices de desempleo”.

Asimismo, señala que las economías de todos los países advirtieron que el cierre de actividades en un principio fue una medida adecuada para evitar la propagación del virus pero que causó un desastre económico inimaginable. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II de la Constitución Política del Estado, 25 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 3, 65, 66 y 67 de su reglamento, la propuestas de las y los legisladores prevé atender la problemática que existe en las personas morales civiles residentes en el territorio del estado en la que se advierte que no hay una regulación referencial y uniforme en la materia de quórum de instalación y quórum de presencia para la celebración de asambleas de asociados y socios.

También se propone la celebración de reuniones de órganos colegiados de administración, lo que hace necesario que se determine una regulación específica con carácter de orden público con la finalidad de que el gobernado conozca las reglas que debe atender para hacer vigentes estas instituciones.

Durante la sesión ordinaria número 49 de la LXV Legislatura, las y los diputados, Osiris Leines, Adelaida Muñoz, Jorge Hernández Araus, Octavio Magaña, Vanessa Escalante, Lisset Marcelino Tovar, Adelfa Zúñiga, Fortunato González, Antonio Hernández, Tania Valdez, Elvia Sierra y Edgar Hernández, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 50 bis a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo y se reforma el artículo 123 de la Ley orgánica municipal para el Estado de Hidalgo. 

Esta iniciativa tiene como objetivo establecer como obligatorio un régimen complementario de seguridad social, para que cada integrante de los cuerpos policiacos estatales y municipales gocen de estos derechos, a fin de que estas prestaciones les otorguen certidumbre y coadyuven en la realización de sus actividades con mayor convicción y eficacia, y esto a su vez, se traduzca en un mayor bienestar para todas y todos los ciudadanos.

Las y los legisladores ponentes hicieron hincapié en que la labor que realizan las y los policías es esencial para el desarrollo de la vida en sociedad, pues la manera en la que se efectúa su trabajo se refleja en la calidad de vida de las y los hidalguenses.

“Casi nunca tratamos a los policías como seres humanos, todos tienen una familia y obligaciones económicas, sin mencionar que, como trabajadores, la carga laboral es demasiado grande, no hay pago de horas extras, el desempeño de su función es riesgoso, la salud está muy amenazada al realizar el trabajo, los salarios son inestables y a menudo, son despreciados por la sociedad. No tienen ningún sentido de seguridad en su trabajo, pero se deposita la seguridad de los municipios y estados en ellos”, explicaron. 

Finalmente, aseguraron que legislar para que todas y todos ellos enfrenten a la delincuencia con mejor organización y equipo, contando con condiciones adecuadas es un gran compromiso que atenderán desde su trinchera.

Las y los integrantes del grupo legislativo del PRI en el Congreso estatal, presentaron una iniciativa la Ley de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático para el estado de Hidalgo, a fin de considerar a comunidades y pueblos indígenas y al pueblo afromexicano en las acciones contra el cambio climático.

La diputada Marcia Torres González, en nombre del GLPRI, explicó ante el pleno que la iniciativa “tiene como objetivo reformar diversas disposiciones y adicionar un artículo Bis a la Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático para el Estado de Hidalgo”.

El Cambio climático tiene diversas manifestaciones, explicó Torres González, “como el aumento de las olas de calor – se tiene documentado que la década de 2011 a 2020 fue la más cálida a nivel global –, sequías e inundaciones – las cuales han producido aproximadamente 650 mil y poco más de 577 mil muertes respectivamente –, alteraciones de las pautas meteorológicas que afectan a la producción de los alimentos y el aumento en nivel del mar”.

Al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, precisó la diputada priista, “se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional”.

Torres González resaltó que “la Estrategia Estatal se elaborará procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones y comunidades más vulnerables al cambio climático, indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, académicos e investigadores”, finalizó. .