Ha iniciado diversos procedimientos en seguimiento a denuncias relacionadas con presuntas violaciones a la Ley de Aguas Nacionales.

Durante la actual contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hidalgo, ha fortalecido su compromiso de cumplir con una administración ordenada y transparente del agua atendiendo las denuncias relacionadas con posibles violaciones a la Ley de Aguas Nacionales en materia de uso, aprovechamiento y explotación de este recurso. 

Para ello, ha realizado visitas de inspección y procedimientos administrativos, entre los que destaca la atención a denuncias presentadas por operadores de infraestructura hidráulica del Distrito de Riego 003 Tula, sobre usuarios de riego que presuntamente han tomado el agua sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.

Lo anterior derivó en cuatro denuncias penales interpuestas por Conagua ante la Fiscalía General de la República, así como en apercibimientos sobre las faltas, toda vez que la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, así como la Ley Federal de Bienes Nacionales, contemplan sanciones por la alteración de infraestructura hidráulica para el aprovechamiento de las aguas nacionales sin contar con el permiso. 

Adicionalmente, como parte de las visitas de inspección en los municipios de Tepeji del Río y Tecozautla, se realizaron dos procedimientos administrativos y la clausura de equipos de perforación utilizados para el aprovechamiento de aguas subterráneas sin las autorizaciones necesarias.

Finalmente, derivado de una visita en campo al municipio de Progreso de Obregón, se inició un procedimiento administrativo por la posible violación de la Ley de Aguas Nacionales.

Con estas acciones la Conagua fortalece la correcta administración del agua para dar certeza jurídica a los usuarios y asegurar el acceso al recurso para la población, los sectores productivos y el ambiente.

Realizan las y los diputados locales sesión ordinaria en su modalidad virtual.

Derivado de la contingencia registrada por la presencia del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de coronavirus tipo Covid-19, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo llevaron a cabo la sesión ordinaria número 127 de manera virtual, atendiendo los protocolos establecidos por la Junta de Gobierno que preside la diputada María Luisa Pérez Perusquía.

En primer término, el representante partidista del Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Marcelino Carbajal Oliver, propuso una iniciativa para reformar el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, a fin de establecer, “En caso de pandemias, epidemias, o de contingencias sanitarias, en las que la Federación deba dictar medidas preventivas indispensables para todo el País; de manera inmediata el Estado garantizará la alimentación y protección de la salud” 

Asimismo, “cuando las circunstancias descritas coincidan con el inicio o fin de ciclo escolar, será suspendido el cobro del servicio de agua potable hasta por un mes; y el de cuotas, servicios o colegiaturas, así como la recepción de aportaciones voluntarias, de los padres de familia a instituciones de educación obligatoria de carácter público”.

La diputada del Grupo Legislativo de Morena, Lucero Ambrocio Cruz, planteó reformar la Constitución Política del Estado de Hidalgo, con el objetivo de señalar que, “Todos los habitantes del Estado tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, a la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud”.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.

Su objetivo es anexar el capítulo III BIS denominado “Trabajo en casa”, con el que se estipula que es la modalidad de trabajo que, en el marco de las relaciones de laborales previstas en esta Ley, se realiza en la casa-habitación del trabajador, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo las actividades laborales que le son encomendadas y para las que fue contratado.

Por su parte, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Manuel Valera Piedras, planteó expedir la Ley de Fomento al Primer Empleo y a la Primera Empresa en el Estado de Hidalgo, con la cual se busca impulsar el desarrollo de los jóvenes a través del fomento a la creación de nuevos empleos y nuevas empresas, contribuyendo así a su plena inclusión en el mercado laboral y a la economía del Estado.

“Se propone establecer incentivos, estímulos, beneficios técnicos, económicos y fiscales, así como el acceso preferente a los programas y apoyos a las empresas que contribuyan en la creación de nuevos empleos, así como a jóvenes que desean iniciar una nueva empresa dentro del territorio hidalguense”, sostuvo. 

El integrante de la bancada de Morena, José Luis Muñoz Soto, propuso reformar el Código Penal para el Estado de Hidalgo a fin de estipular que, “cometen el delito de violencia institucional las y los servidores públicos de la entidad que, incurran en acciones u omisiones que dilaten, obstaculicen o impidan que cualquier persona acceda al goce y ejercicio de sus derechos humanos, así como, a las políticas públicas necesarias para su desarrollo”.

Así como, “Las y los Servidores Públicos cometen violencia institucional cuando obstaculicen el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; contravengan la debida diligencia, lo que obstaculiza respuestas eficientes, eficaces, oportunas y responsables para garantizar el respeto a los derechos humanos; no asuman la responsabilidad del servicio que tienen encomendado; incumplan el principio de igualdad ante la ley, entre otros.

La diputada panista, Claudia Lilia Luna Islas, solicitó adicionar los párrafos tercero y cuarto al artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo para estipular, “Bajo ninguna circunstancia, las y los Ediles podrán renunciar a las facultades y obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución del Estado de Hidalgo, en la presente Ley y en ningún ordenamiento jurídico”.

Además, “Las y los Ediles no podrán aprobar ningún acuerdo en el que le otorguen, concedan, confieran o cedan al Presidente Municipal sus facultades y obligaciones, o en el que renuncien a ellas. De igual forma por acuerdo la o el Presidente Municipal no podrá otorgar, conceder, conferir o ceder a ningún Edil sus facultades y obligaciones, o renunciar a ellas”.

La diputada priista, Mayka Ortega Eguiluz, promovió una iniciativa para derogar el capítulo I, II y II del título tercero del libro segundo del Código Penal para el Estadio de Hidalgo, así como sus artículos 163, 163 BIS, 164, 165, 166, 167, 167 BIS, 168, 169 y 171.

Lo anterior, a razón de armonizar con lo publicado el 4 de mayo del 2009 en el Diario Oficial de la Federación, respecto al decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo como una atribución exclusiva del Congreso de la Unión, el legislar en materia de secuestro y otras formas de privación ilegal de la libertad contrarias a la Ley.

Nuevamente, Luna Islas promovió una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo 5 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, a fin de señalar que, “Podrán votar en los procesos electorales y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizados en el Estado de Hidalgo, la ciudadana o el ciudadano que este privada o privado de la libertad y no le hayan dictado sentencia condenatoria”.

A fin de modificar el Código Penal para el Estado de Hidalgo en materia de violencia digital, propusieron reformarlo las y los representantes Noemí Zitle Rivas, María Corina Martínez García, Lucero Ambrocio Cruz, Víctor Osmind Guerrero Trejo, Rafael Garnica Alonso, Raymundo Lazcano Mejía, Jorge Mayorga Olvera, Salvador Sosa Arroyo, Doralicia Martínez Bautista, Ricardo Baptista González, José Luis Muñoz Soto.

“El objetivo de la presente iniciativa es sumar esfuerzos en esta LXIV Legislatura referente al tema de violencia digital en los medios de comunicación de nuestro Estado, ello encaminado a avanzar en el marco legal, abonar al trabajo de Diputadas y Diputados interesados por proteger los derechos fundamentales, penalizar la violencia digital y otorgarle un enfoque con perspectiva de género, con ello prevenir la violación de la intimidad sexual de mujeres y hombres a través de internet, redes sociales y medios electrónicos”, se indicó.

El representante partidista del Partido del Trabajo (PT), César Ismael Soto Llaguno, planteó adiciona un inciso aa Bis, a la fracción I del artículo 56 de Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y señalar que entre las facultades y obligaciones de los ayuntamientos será “apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos”. 

ASUNTOS GENERALES

En asuntos generales participó la diputada morenista, María Corina Martínez García, con el posicionamiento en el que condenó que no exista un trabajo integral para proteger e impulsar el turismo y cultura en el Acueducto del Padre Tembleque, a fin de conservar y mantener el sitio a fin de apuntalar la oferta turística en la región.

Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Morena propusieron exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a su Consejo General, al Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH) y al Consejo de Salubridad General, para haciendo uso de sus facultades, aplacen el proceso electoral local 2019 – 2020, a fin de que este se concluya en el mismo proceso electoral federal 2020 – 2021.

La diputada Noemí Zitle Rivas y su compañero de bancada, Ricardo Raúl Baptista González, plantearon exportar a la Junta de Gobierno de la Legislatura actual, a fin de que incluya en la Agenda Parlamentaria para desahogarse en el tercer año de Ejercicio Constitucional, o en su defecto para que se convoque a un Periodo Extraordinario de Sesiones para agosto de 2020, para que se discutan las iniciativas presentadas y se realice un proceso de consulta ciudadana para que se legisle a favor del Gobierno Abierto y en lo particular se legisle para implementar los principios y prácticas del Parlamento Abierto en este Congreso.

El legislador morenista, Salvador Sosa Arroyo, pidió se exhorte al ayuntamiento del municipio de Tulancingo de Bravo a transparentar los recursos captados por el uso y la renta de las instalaciones públicas de la unidad deportiva “Javier Rojo Gómez”.

El representante de Morena, Ángelo López Barrón, solicitó se exhorte a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que verifique de manera oportuna el proceso necesario para validar el cumplimiento de incapacidad que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza con su personal infectado de Covid-19.

Finalmente, los diputados Raymundo Lazcano Mejía, Noemí Zitle Rivas, Ricardo Raúl Baptista González, María Corina Martínez García y Salvador Sosa Arroyo, propusieron se exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, se considere el recurso necesario para la adquisición de insumos, medicinas aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y vacunas para atender el SARS-CoV-2, a efecto de contar con los elementos necesarios para la atención de este padecimiento, equipar al sector salud con los insumos de calidad y prevenir la enfermedad en los sectores más vulnerables.

La Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales pertenecientes de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), realizo el retiro de un árbol que cayó como consecuencia de las constantes lluvias y retiro de caídos en el municipio de Huehuetla.

Los trabajos se realizaron especialmente en la carretera estatal Santa María Temascalapa-Huehuetla en el tramo de kilómetro 12+800 al kilómetro 13+000 con el objetivo de que no se obstruya el tránsito vehicular.

La SOPOT continúa con las acciones de mantenimiento de las vialidades que se realizan diariamente con la finalidad que la población circule de manera segura y optimice la movilidad urbana.

-Incidirá en la certeza jurídica sobre el valor de las propiedades de la población

-Concluye ciclo de talleres y conferencias en Modernización Catastral

En la clausura del ciclo de talleres y conferencias en Modernización Catastral la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidalgo, anunció que en los próximos días se pondrá en marcha el Padrón de Peritos Valuadores del Estado de Hidalgo, el cual dará certeza jurídica a los hidalguenses sobre el valor de su propiedad.

A los más de 300 participantes, directivos locales, estatales, nacionales e internacionales, la secretaria reiteró que, en Hidalgo se apuesta por la recaudación eficiente, sin la creación o incremento de impuestos; para alcanzar dicho fin se aplican acciones para el fortalecimiento de la hacienda pública a través de acciones específicas que ayuden a recaudar más y mejor, valiéndose del catastro como una herramienta fundamental para la fiscalización de los ingresos.

En nombre del gobernador Omar Fayad, agradeció el interés de participar en esta serie de conferencias, expuso que la situación mundial que afecta a la sociedad a causa del Covid-19, no es una limitante para generar estrategias y seguir trabajando por Hidalgo y por México.

El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo en coordinación con la Secretaría de Finanzas Públicas, organizaron el ciclo de conferencias, en el que el que participaron servidores públicos, estudiantes e investigadores de México, Argentina, Ecuador, El Salvador y Venezuela.

Cabe citar que el catastro hidalguense se posiciona como uno de los cuatro catastros más importantes del país, de acuerdo con el Índice de Modernización de Catastro 2020, publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).