El diputado José Luis Espinosa Silva, integrante del GLPRI, exhortó a la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo para que, en el ámbito de sus facultades, inicie una campaña de información en todos los medios de comunicación respecto a los pacientes recuperados de COVID-19, con el objetivo de evitar actos de discriminación.

Espinoza Silva explicó que “todas las personas pueden ser objeto de discriminación; sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida”.

Un tema importante y claro ejemplo de lo que puede llegar a ser un acto de discriminación, precisó el diputado priista, “son los pacientes recuperados de COVID 19, en el estado de Hidalgo contamos con aproximadamente tres mil trescientos noventa y un casos de pacientes recuperados de COVID19 y es donde a la mayoría de las personas nos surgen diversas dudas sobre ¿Qué sucede después de tener esta enfermedad? ¿Qué debe hacer un paciente recuperado de COVID 19? ¿Cuándo es el momento oportuno de reincorporación? ¿En qué momento dejan de ser un foco de infección? ¿Cómo deben ser sus medidas con las personas que no son portadoras de este virus? entre otras”.

Espinoza Silva expuso ante el Pleno que “es preocupante las situaciones que se están presentando en nuestra sociedad, sin importar el nivel académico o situación económica se están realizando actos de discriminación en contra de los pacientes recuperados de COVID 19. Hace unos días una maestra de la cual omitiré su nombre porque así me lo solicito, se enfrentó a una situación muy desagradable y penosa”.

“La maestra fue discriminada junto con su pequeña hija por ser paciente recuperada de esta terrible enfermedad que ha paralizado al mundo entero ¿Y qué es lo más sorpréndete de esta situación? Que el acto de discriminación lo realizo una compañera maestra, la falta de información hizo que la maestra en mención fuera maltratada y excluida de realizar un trámite”, narró Espinoza Silva.

“Por ello es que solicito a la Secretaria de Salud del estado de Hidalgo emita una campaña de información de los pacientes recuperados de COVID19 en los medios de comunicación, donde se emita información sobre qué sucede con ellos tras la recuperación, cómo es su reincorporación con la sociedad, en qué momento dejan de ser un foco de infección, así como qué sucede después de tener esta enfermedad y qué debe hacer un recuperado de COVID 19”, concluyó.

Las diputadas Adela Pérez Espinoza y Mayka Ortega Eguiluz, así como el diputado Diego Ordaz, integrantes del GLPRI en el congreso local, presentaron tres iniciativas que reforman diferentes ordenamientos legales del estado, en favor de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Adela Pérez expuso ante el Pleno la iniciativa en la que propone la reforma a la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en la que “las mujeres indígenas que son víctimas de violencia tienen derecho a conocer los avances que en materia de legislación y aplicación de justicia se ha logrado”.

Pérez Espinoza explicó que “lo que se propone es que el Estado proveerá a las instituciones de impartición de justicia las herramientas necesarias para atender con perspectiva de interculturalidad y género a las mujeres de zonas indígenas que así lo requieran”.

Dentro de la exclusión general de la población indígena, señaló la diputada del GLPRI, “los factores de género colocan a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y desventaja para el ejercicio pleno de sus derechos. Uno de los ámbitos que reflejan más claramente esta desigualdad es la violencia de género”.

“Las acciones en todo caso se llevarán a cabo de manera incluyente y procurando que éstas consideren las condiciones particulares de las zonas indígenas del Estado de Hidalgo” señaló Pérez Espinoza.

Por su parte, Mayka Ortega Eguiluz  presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 183 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, “en el cual se tipifica el delito de abuso sexual, como la conducta de quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella actos sexuales, la obligue a observarlos o la haga ejecutarlos para sí o en otra persona”.

Ortega Eguiluz precisó que “con la finalidad de que la agravante de punibilidad prevista en su párrafo segundo, sea aplicable a toda persona menor de dieciocho años y no solo para menores de 15 años como actualmente se encuentra previsto, y no obstante que otorgue su consentimiento, caso en el cual se aplicara una punibilidad de cinco a nueve años de prisión y multa de 200 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización”.

Aunado a lo anterior, explicó la legisladora del GLPRI, “a efecto de visibilizar la perseguibilidad de los ilícitos de abuso sexual, considerando que tratándose de mayores de edad con capacidad de comprender el significado del hecho y tener la posibilidad para resistirlo, es vital su colaboración en la investigación del delito, se propone adicionar un numeral 184 bis en el que señale que los delitos relativos al abuso sexual, se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea menor de edad, incapaz para comprender el significado del hecho o no tenga la posibilidad para resistirlo”, finalizó.

En su oportunidad ante el Pleno, el diputado Diego Ordaz expuso la iniciativa que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 44 de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, “con la finalidad de que el citado ordenamiento, prevea que, en la Planeación del Desarrollo Municipal concurra como parte de la ciudadanía, el sector juvenil, esto es, la población entre 18 y 29 años y con ello instrumentar la inclusión y participación de este importante sector poblacional”.

Ordaz Castillo explicó que “tratándose de la ciudanía, las autoridades municipales u órganos señalados en esta ley para intervenir en la planeación del desarrollo municipal, convocarán específicamente a las organizaciones juveniles y, en su caso, a los colectivos conformados en su mayoría por personas entre 18 y 29 años de edad”.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Hidalgo, promovió una iniciativa para modificar el Código Civil para el Estado de Hidalgo, en sus artículos 1605 y en el artículo 2329, en materia de derechos que poseen las y los conyuges al momento de fallecer sus parejas.

La representante de la bancada, Claudia Lilia Luna Islas, explicó que se busca adicionar que en caso de existir un solo bien inmueble, producto de la herencia, el cónyuge que sobrevive tendrá el derecho al usufructo vitalicio, siendo éste un derecho real que será intransferible.

Asimismo, que se establezca que sin menoscabo de lo dispuesto en el párrafo precedente, cuando el o los donantes sean personas de 60 años o más, el notario que expida el instrumento público de donación deberá incluir de forma oficiosa la cláusula de usufructo vitalicio sobre los bienes otorgados a los donatarios.

“En el Partido Acción Nacional ratificamos  nuestro deber  con los adultos mayores, siendo proactivos  para el amparo y salvaguarda de  sus derechos, porque ellos son la memoria y la guía de las nuevas generaciones, porque a ellos se les tiene que aprender, respetar y querer, porque ellos son el pasado y presente de nuestra nación, porque ellos construyeron la actualidad que tenemos, por eso y más los adultos mayores son y serán parte fundamental de nuestro país”, sostuvo.

Puntualizó que “con esta propuesta también se busca prevenir los posibles engaños o abusos, privilegiando su protección a través de su patrimonio, por lo que resulta razonable que con apoyo del Notario Público se vigile y garantice el usufructo vitalicio del inmueble objeto de la donación”.

Mencionó que en Nuevo León, el ordenamiento señala que, “el cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de una hija o hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan a la porción que a cada hija o hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con hijas o hijos adoptivos del autor de la herencia”.

Mientras que en la Ciudad de México se expone que “el cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia”.

Este jueves, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.

La modificación al artículo 108 de la Constitución Política de México establece que, durante el tiempo que dure en su cargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos en que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

Adicionalmente, la minuta también contempla la modificación para establecer en el artículo 111 que, para proceder penalmente contra el jefe del Ejecutivo del país, sólo se podrá acusar ante el Senado en los términos del artículo 110. El Congreso de la entidad avaló esta minuta aprobada al interior de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

También, se exhortó a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, para que en el uso de sus atribuciones, incorpore en las Reglas de Operación del Programa denominado “Fomento al Desarrollo de la Participación”, para el ejercicio fiscal 2021, una modalidad de coinversión con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro para la ejecución de proyectos alineados a las actividades sujetas de fomento, establecidas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil.

De la misma forma, requirieron a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que, a través de los programas sociales dirigidos a mujeres, brinden la atención pronta, especializada y dirigida, en atención a la creciente violencia de género que se vive en México.

INICIATIVAS PRESENTADAS

La diputada priista, Adela Pérez Espinoza, propuso modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Hidalgo, enfatizando en que es importante que todas y todos trabajemos en favor de la población más vulnerable y que nuestro trabajo sea un trabajo de impacto real, que llegue a quienes tiene que llegar, que se entere quien deba enterarse de él. Las mujeres indígenas que son víctimas de violencia tienen derecho a conocer los avances que en materia de legislación y aplicación de justicia se ha logrado, ese es el objetivo principal de la iniciativa que se presenta.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Hidalgo, promovió una iniciativa para modificar el Código Civil para el Estado de Hidalgo, en sus artículos 1605 y en el artículo 2329, en materia de derechos que poseen las y los cónyuges al momento de fallecer sus parejas.

La diputada priista, Mayka Ortega Eguiluz, planteó se reforme el Código Penal para el Estado de Hidalgo, a fin de tipificar el delito de abuso sexual, como la conducta de quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella actos sexuales, la obligue a observarlos o la haga ejecutarlos para sí o en otra persona; ello, con la finalidad de que la agravante de punibilidad prevista en su párrafo segundo, sea aplicable a toda persona menor de dieciocho años y no solo para menores de quince años como actualmente se encuentra previsto, y no obstante que otorgue su consentimiento, caso en el cual se aplicará una punibilidad de  cinco a nueve años de prisión y multa de 200 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

La coodinadora del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), Viridiana Jajaira Aceves Calva, planteó modificar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo a modo de establecer la subsistencia de la obligación alimentaria dependerá de la evaluación de las circunstancias del caso. Por lo que, la "necesidad" y procedencia de la pensión alimenticia deberán evaluarse en términos de "razonabilidad", es decir, el Juez de la causa deberá ponderar si es razonable la condena alimenticia de acuerdo a las circunstancias del caso concreto.

El diputado del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PR), Diego Nicolás Ordaz Castillo, pidió se reforme la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, a fin de señalar que los Planes de Desarrollo Municipal incorporen la participación específica del sector juvenil para la propuesta e inclusión de su visión social y de gobierno en el instrumento municipal que por antonomasia tiene por objetivo el desarrollo de su sociedad, esto es, el Plan Municipal de Desarrollo, pues como se ha mencionado reiteradamente, en su condición de eje rector de la política municipal durante el ejercicio de los periodos de gobierno no puede excluir la visión de la juventud y mucho menos su participación individual o de grupo en su construcción, de ahí la necesidad de que, ante el cambio de Ayuntamientos que se avecina se hace sumamente necesaria la previsión en ley estatal de un elemento jurídico normativo de inclusión dirigido al sector juvenil en la construcción y propuestas del Plan Municipal de Desarrollo.

La legisladora Areli Rubí Miranda Ayala, propuso una iniciativa para modificar la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo a fin de garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud, y más aún, cuando recientemente el senado aprobó el proyecto de decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley General de Salud, para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

ASUNTOS GENERALES

En asuntos generales planteó el diputado José Luis Espinosa Silva que se exhorte a la la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo para que en el ámbito de sus facultades inicie una campaña de información en todos los medios de comunicación respecto a los pacientes recuperados de Covid-19, con el objetivo de evitar actos de discriminación.

El diputado del PESH, Felipe Ernesto Lara Caballo, pidió se exhorte a los ayuntamientos hidalguenses a que implementen acciones de supervisión y en su caso suspensión, evitar todo tipo de actividades o eventos que impliquen aglomeración de personas durante las festividades decembrinas, con el objetivo de evitar la propagación de Covid-19.

El legislador Salvador Sosa Arroyo solicitó se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los municipios de Santiago Tulantepec y Tulancingo, para que, en el ámbito de sus facultades, implementen un programa vial, con el objetivo de evitar accidentes de tránsito provocados por camiones de doble remolque o alto tonelaje que circulan en la carretera federal México-Tuxpan, en especial en el tramo de la bajada de Santiago Tulantepec y Tulancingo.

En los posicionamientos participaron las y los diputados, Lucero Ambrocio Cruz, Ricardo Raúl Baptista González, María Corina Martínez García y Jorge Mayorga Olvera.