Este 18 de julio se desarrolló la sesión ordinaria número 74 de la LXV Legislatura, en la cual se presentaron 17 iniciativas en materia de extorsión, discriminación, equidad de género, adultos mayores, fomento a la lectura, derechos lingüísticos, integridad de los animales, familia, racismo y xenofobia, salud, programas sociales y más. 

También, se aprobaron dos acuerdos económicos para atender la tala ilegal y la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado y, además, se presentó una propuesta de exhorto a los municipios para las Instancias Municipales de la Juventud.

El diputado Julio Valera comenzó con la propuesta de armonizar la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Hidalgo con la Ley General, para garantizar que se considere al espacio público como una parte esencial y se rijan bajo los principios establecidos en el orden federal.

Enseguida, el representante local Rodrigo Castillo presentó la iniciativa que reforma el Código Penal en materia de extorsión en la modalidad de “secuestro virtual”, para tomar las medidas necesarias en cuanto a las sanciones para el responsable de este acto y para quien, en el ejercicio de sus funciones, tenga acceso a bancos de datos personales y los utilice para el delito.

En su participación, el congresista Miguel Martínez expuso el proyecto que adiciona una fracción a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación, y con ello se considere como tal, a todo acto que atente, restrinja o vulnere los derechos político electorales de la ciudadanía.

Por su parte, la legisladora Citlali Jaramillo llamó a promover la participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones de la vida política, económica y social, y con ello, garantizar sus derechos a través de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado.

En breve, la diputada Michel Calderón ostentó que se pretende modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta a efecto de exentar esta contribución en el pago a los Adultos Mayores, y así, asegurar una vejez digna y plena. 

Posteriormente, la congresista Sharon Macotela puso a consideración del pleno establecer en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que toda edición en el estado se encuentre disponible para consulta pública mediante su forma impresa y electrónica, y también, que los editores tengan la obligación de entregar como depósito legal, tres ejemplares de sus obras al Fondo del Estado.

Asimismo, el legislador Jorge Hernández Araus usó la tribuna para proponer que se regule dentro de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación el concepto de discriminación, para que sea considerado cualquier acto que pretenda menoscabar a las personas con cualquier condición de salud mental.

En su turno, el representante local Andrés Caballero presentó la iniciativa para establecer en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que los estacionamientos públicos y privados cuenten con las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos y, además, se emita un reglamento que regule el servicio en cuanto a tarifas, seguridad y horarios.

Asimismo, la diputada Rocío Sosa pretende armonizar la Ley de Derechos Lingüísticos del estado con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas, a efecto de reconocer y proteger los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades de este grupo de la población.

Los congresistas Toño Hernández y Elvia Sierra, pusieron a consideración reformar el Código Electoral, la Ley de Derechos Humanos, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, todas del estado, en materia de igualdad y no discriminación, para que todas y todos tengan las mismas oportunidades de participar en los procesos de selección para la titularidad de los Órganos Internos de Control.

Nuevamente, el diputado Toño Hernández y la diputada Tania Valdez, propusieron modificar la denominación de un capítulo del Código Penal con la finalidad de proteger la vida, integridad y dignidad de los animales, estableciendo un marco de sanciones penales a quienes atenten contra esos seres vivos.

Una vez más, la legisladora Elvia Sierra presentó el documento que intenta abonar en los elementos que componen el cuerpo de los dictámenes que emiten las Comisiones del Poder Legislativo, los criterios necesarios en el apartado de antecedentes, relativos a las actividades que realizó la Comisión para cumplir con el análisis del asunto que se le turnó.

En otra participación, el representante local Juan de Dios Pontigo expuso el proyecto para dar precisión a la sanción que establece el Código Penal, respecto a la suspensión o pérdida de los derechos de familia, en los delitos de lesiones a menores de edad o personas con discapacidad e incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

También, la diputada Marcia Torres sometió a consideración del pleno la adecuación a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación para considerar al racismo y la xenofobia como conductas discriminatorias.

De igual forma, la congresista Erika Rodríguez planteó reformar la Ley de Salud para el estado, con la finalidad de armonizar la normatividad y fortalecer el reglamento del derecho a la protección de la salud que derivan de la Ley General, y con ello, ampliar su alcance en beneficio de los hidalguenses.

De nuevo, la legisladora Tania Valdez tomó la tribuna para solicitar que los ayuntamientos como gobiernos de contacto directo con la ciudadanía, avancen sustantivamente sobre la prevención, sanción y erradicación de violencias mediante el establecimiento del Código Magenta, esto a través de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Luego, el representante local Ángel Tenorio expuso la iniciativa que tiene como utilidad el prever en la Ley de Desarrollo Social, que la evaluación y el seguimiento de los programas sociales implementados por el Ejecutivo Estatal y por los Municipios, puedan ser de carácter interno y externo. 

Posteriormente, 20 integrantes del pleno votaron a favor para exhortar a los 84 ayuntamientos y a la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, para que prevengan la tala ilegal de bosques y realicen acciones para la reforestación de bosques, espacios públicos y áreas verdes.

Asimismo, con 25 sufragios se validó solicitar a los titulares de la Procuraduría de Protección Civil, de la Contraloría del estado y al ayuntamiento de Tepeji del Río, a efecto de programar un operativo para investigar, verificar y sancionar cualquier afectación al medio ambiente ocasionado por la operación de las plantas tratadoras de este municipio.

Posteriormente, el diputado Julio Valera presentó una propuesta de acuerdo económico que dirigió a los ayuntamientos que no cuentan con la Instancia Municipal de la Juventud, para que destinen los recursos suficientes para su creación y operación. Y a quienes ya cuenten con ella, rindan un informe al Congreso sobre su situación actual. Asimismo, integró al exhorto al Instituto Estatal de la Juventud para que implemente las estrategias de apoyo, seguimiento y orientación para la creación de estas instancias.

La congresista Marcia Torres compartió la importancia de la ciencia y la tecnología en las distintas actividades sociales, invitó a la unidad para impulsar acciones concretas para el desarrollo en la entidad, lo que permitirá afrontar las problemáticas de vulnerabilidad social, productividad agrícola y ganadera, sequía y contaminación.

Por último, la legisladora Sharon Macotela resaltó la relevancia de la renovación de quien será el ombudsperson local, ya que durante siete meses no se cuenta con el titular de la Comisión de Derechos Humanos y es relevante para la proveer, respetar y proteger los derechos de los hidalguenses.

Durante la sesión ordinaria número 74 de la LXV Legislatura, el diputado por el décimo distrito, Jorge Hernández Araus hizo uso de la máxima tribuna del estado para exponer la iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo.

La propuestas, a la que se sumaron las legisladoras y legisladores Elvia Sierra, Lorena Hernández, Ángel Tenorio, Osiris Leines, Toño Hernández sienta sus bases en la encuesta Nacional sobre Discriminación realizada en 2017, la cual reveló que en nuestro país 20.2 por ciento de la población mayor de edad declaró haber sufrido algún tipo de discriminación durante todo un año, siendo la forma de vestir, peso, estatura, edad y creencias religiosas las que predominaron sobre cualquier otro tipo de discriminación.

Del mismo modo, argumentó que el 58 por ciento de las personas con alguna discapacidad considera que dentro del país se respeta poco o nada los derechos de distintos grupos de la población, también, las personas que tienen un trastorno mental han declarado que, cuando escuchan expresiones en la calle, o en cualquier espacio público, se sienten maltratadas, aunque se utilicen de forma genérica o no sea dirigido a su persona.                             

Es por ello que el documento presentado por el también presidente de la Junta de Gobierno pretende regular dentro de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación el concepto de discriminación, para que sea considerada de igual forma cualquier acto que pretenda menoscabar a las personas con cualquier condición de salud mental.

“Es necesario legislar en la materia para que esto que lamentablemente se ha normalizado al paso del tiempo deje de considerarse algo sin importancia, algo que lamentablemente daña a muchas personas diariamente#, concluyó el congresista.

• Servicios de salud de calidad y gratuitos para quienes carezcan de seguridad social
• Opinar con responsabilidad fortalece el trabajo del Congreso

La diputada Erika Rodríguez integrante del Grupo Legislativo del PRI en la LXV Legislatura, presentó una iniciativa que busca establecer en la Ley de Salud del Estado de Hidalgo, la armonización normativa y el fortalecimiento reglamentario del derecho a la protección de la salud derivado de diversas reformas a la Ley General de Salud y con ello, ampliar el alcance de este derecho en beneficio de la población hidalguense.

La diputada explicó que la iniciativa “pretende actualizar la Ley estatal conforme a lo dispuesto en la Ley General de Salud para ampliar y mejorar los servicios de salud, incluir en el ordenamiento a los organismos directamente responsables de suministrar los servicios y fortalecer el sistema estatal dando la debida formalidad a diversos órganos que operan de manera cotidiana, pero que su funcionamiento y responsabilidades se limitan a los reglamentos”.

“Instancias como la Comisión de Arbitraje Médico encargada de contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los prestadores de los servicios médicos y los usuarios de éstos, así como la promoción de una buena práctica de la medicina, y la Comisión de Bioética que promueve el estudio y observancia de valores y principios bioéticos en la prestación de los servicios y en los actos de investigación en salud, deben tener un sustento firme en la Ley para prestar sus servicios con la debida certeza jurídica”, puntualizó la promovente.

Erika Rodríguez destacó “con esa seriedad trabajamos desde el ámbito legislativo para beneficiar a quienes nos dieron la confianza de representarlos.

Hoy presenté esta propuesta que tiene que ver con beneficio para la atención de la salud de las y los hidalguenses, así como la semana pasada propuse facultar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para otorgar una pensión a las niñas, niños y adolescentes cuyas madres o referentes afectivos fueron víctimas de feminicidio en el Estado de Hidalgo, instituyendo este derecho al tratarse de víctimas de violencia intrafamiliar y de género, garantizando el interés superior de la niñez y que, a pesar del fin tan sensible que persigue, fue criticada con un notable desconocimiento sobre su origen.

La diputada explicó, “la iniciativa que presenté a nombre del Grupo Legislativo formaba parte de la agenda del PRI en la pasada Legislatura. Fue propuesta, pero hasta ahí se detuvo su proceso legislativo, es decir, no fue estudiada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que presentaba un rezago importantek en el análisis de iniciativas y fue enviada a “la congeladora” como muchas otras que contenían propuestas de gran relevancia”.

Con la intención de proteger los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas la diputada Rocío Sosa Jiménez presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Derechos Lingüísticos.

“Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana”, señaló..

La reforma plante, informó Sosa Jiménez, “que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez para su uso en los ámbitos público y privado en el territorio, localización y contexto en que se hablen dentro del Estado de Hidalgo”.