-Inauguró el gobernador Fayad infraestructura educativa con una inversión superior a los 27 mdp

-La infraestructura certificada beneficiará a 600 estudiantes de Ingeniería Civil; generará ingresos públicos anuales por más de 300 mdp

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) se convirtió en la primera institución de su tipo, en México, en contar con un Laboratorio de Ingeniería Civil certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Durante la inauguración el gobernador Omar Fayad destacó que con 26 millones de pesos (mdp) se construyó el laboratorio de concreto certificado por la EMA, “los servicios de este laboratorio abonarán a la experiencia y aprendizaje de los 600 alumnos de Ingeniería Civil de la propia universidad, pero también reforzará la certificación de calidad de la obra pública y privada en Hidalgo y en el centro del país”.

El laboratorio será una fuente de captación de ingresos propios que contribuirán al presupuesto de operación de la UPT, lo que significa ingresos públicos anuales superiores a los 300 millones de pesos; es decir un legado para las siguientes generaciones “esta universidad va a tener tal autosustentabilidad que su crecimiento, que su calidad está asegurada”, expuso el gobernador Fayad.

El laboratorio certificado de la UPT ofrecerá a la industria de la construcción servicios de control de calidad en los materiales y procedimientos utilizados en la obra pública y privada, entre otros.

Además del laboratorio, el gobernador Fayad inauguró la plaza pública de la institución, obras con un monto global superior a los 27 mdp que “son parte del gran esfuerzo para fortalecer los procesos educativos y la formación de nuestros jóvenes que así se convertirán en agentes del desarrollo de largo aliento para nuestra entidad”.

El mandatario adelantó que en breve anunciará la construcción de infraestructura en beneficio de la población de esa región.

Acompañado por Yndira Castillo del Ángel, coordinadora académica y de desarrollo de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Gobierno de México, subrayó que el laboratorio será uno de los dos habilitados en universidades públicas del centro del país; además de ser el primero de los cuatro que funcionarán en instituciones de educación superior pública de México.

Andrea Jiménez Herrera, representante de Entidad Mexicana de Acreditación, detalló que la certificación otorgada al laboratorio de la UPT se sustenta en el cumplimento de normas, capacitación continua, personal capacitado, instalaciones y equipamiento seguro.

El rector de la UPT, Arturo Gil Borja, recordó los apoyos que el gobernador Fayad ha dado a la juventud hidalguense, entre ellos: becas, tabletas electrónicas, uniformes y libros de texto gratuito, modernización de instalaciones de centros educativos, entrega de equipamiento, entre otras acciones sin precedentes en la historia de la entidad.

Hizo énfasis en que el gobierno de Fayad impulsa políticas públicas integrales, sus resultados permean en todos los rubros en beneficio de las familias hidalguenses, por ejemplo: la atracción de inversiones, la generación de empleos, acciones en materia de salud para enfrentar la pandemia; así como la obra pública que está transformando a Hidalgo.

El alcalde de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, habló de la importancia de fortalecer la educación, pues a través de ella se abren mejores rutas de desarrollo para las nuevas generaciones.

Y una prueba de ello, finalizó, es la inauguración de los espacios hoy entregados, y que reflejan el gran respaldo e impulso que el gobernador Omar Fayad da a las universidades públicas.

• Se integraron 106 carpetas de investigación a centros de trabajo que se negaron a suspender actividades, por no cumplir con las medidas sanitarias.
• La STPSH ha aportado los elementos necesarios en el ámbito de su competencia, para contribuir a las indagatorias realizadas por el Ministerio Público.

Derivado del procedimiento de inspección, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), inició ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 106 carpetas de investigación a centros de trabajo que se negaron a suspender actividades, no obstante que incumplían con las medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias, para evitar contagios de Covid-19.

La Directora General del Trabajo y Previsión Social de la STPSH, Ivonne Montiel Ángeles, informó que derivado de la coordinación entre las autoridades en la vigilancia al cumplimiento de las medidas sanitarias en los centros de trabajo, se integraron las 106 carpetas de investigación; de las cuales tres han sido vinculadas a proceso por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad.

Detalló que la STPSH ha aportado los elementos necesarios en el ámbito de su competencia, para contribuir a las indagatorias realizadas por el Ministerio Público.

La directora, detalló que los centros de trabajo denunciados se encuentran en 39 municipios dedicados al comercio y a los servicios principalmente.

Montiel Ángeles puntualizó que recientemente la PGJEH, obtuvo la vinculación a proceso de una persona, por su probable responsabilidad en hechos que la ley señala como delito al no cumplir con las medidas de prevención, que fueron establecidas para evitar la propagación de Covid-19.

Ante tal hecho, la directora general, precisó que se trata de un hecho que marca un precedente, por lo que destacó la coordinación interinstitucional, en beneficio de las y los trabajadores procurando su salud en el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Además reiteró que aquellos patrones que no atiendan las medidas sanitarias o que se niegan a atender las inspecciones por parte de las autoridades, serán sujetos a procedimientos administrativos y al inicio de carpetas de investigación ante el ministerio público que pueden derivar incluso en una vinculación a proceso.

• Se integraron 106 carpetas de investigación a centros de trabajo que se negaron a suspender actividades, por no cumplir con las medidas sanitarias.
• La STPSH ha aportado los elementos necesarios en el ámbito de su competencia, para contribuir a las indagatorias realizadas por el Ministerio Público.

Derivado del procedimiento de inspección, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), inició ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 106 carpetas de investigación a centros de trabajo que se negaron a suspender actividades, no obstante que incumplían con las medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias, para evitar contagios de Covid-19.

La Directora General del Trabajo y Previsión Social de la STPSH, Ivonne Montiel Ángeles, informó que derivado de la coordinación entre las autoridades en la vigilancia al cumplimiento de las medidas sanitarias en los centros de trabajo, se integraron las 106 carpetas de investigación; de las cuales tres han sido vinculadas a proceso por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad.

Detalló que la STPSH ha aportado los elementos necesarios en el ámbito de su competencia, para contribuir a las indagatorias realizadas por el Ministerio Público.

La directora, detalló que los centros de trabajo denunciados se encuentran en 39 municipios dedicados al comercio y a los servicios principalmente.

Montiel Ángeles puntualizó que recientemente la PGJEH, obtuvo la vinculación a proceso de una persona, por su probable responsabilidad en hechos que la ley señala como delito al no cumplir con las medidas de prevención, que fueron establecidas para evitar la propagación de Covid-19.

Ante tal hecho, la directora general, precisó que se trata de un hecho que marca un precedente, por lo que destacó la coordinación interinstitucional, en beneficio de las y los trabajadores procurando su salud en el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Además reiteró que aquellos patrones que no atiendan las medidas sanitarias o que se niegan a atender las inspecciones por parte de las autoridades, serán sujetos a procedimientos administrativos y al inicio de carpetas de investigación ante el ministerio público que pueden derivar incluso en una vinculación a proceso.

Tercer cambio en bancada de Morena; eligen a Rafael Garnica como su coordinador.

Este martes 16 de marzo se llevó a cabo la sesión ordinaria 167 de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo que preside el diputado y coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, en la cual se dio a conocer que el representante local, Rafael Garnica Alonso, sustituirá a Lisset Marcelino Tovar, como coordinador de la bancada del Partido Morena.

Durante tales trabajos, las y los diputados locales exhortaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, a fin de que informe a este Congreso y dé a conocer a la ciudadanía los planes y programas para la reducción de emisiones contaminantes dentro de la cuenca atmosférica de Tula de Allende y sus avances. Asimismo, informe sobre los trabajos que, en conjunto con el gobierno federal, están llevando a cabo para la restauración ecológica de la zona, compartiendo su alcance y avance.

De igual manera, se llamó al titular del Poder Ejecutivo de la Federación para que, en el ámbito de sus facultades publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia ambiental de la Zona Tula y a la vez se destine el recurso financiero suficiente para la ejecución de los proyectos de la Zona Tula en el Estado de Hidalgo.

De la misma forma, se exhortó a los 84 Municipios del Estado de Hidalgo, para que, en la elaboración de su Plan municipal de Desarrollo, integren políticas de protección al medio ambiente; así como la elaboración de campañas de difusión de los programas en materia ambiental, privilegiando las acciones tendentes a la educación ambiental, con la participación de la población del municipio.

También se pidió a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública del Estado de Hidalgo, para que implementen en las escuelas de educación básica y media superior del estado, una campaña de educación ambiental en línea, para el fomento de la perspectiva ambiental.

Por otra parte, se exhortó a los Ayuntamientos de Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo para que, en el ámbito de sus atribuciones refuercen las acciones en los centros de control animal y zoonosis; asimismo, desarrollen planes de protección, refugio, adopción y esterilización de animales de compañía en situación de calle.

PRESENTAN INICIATIVAS

Durante los trabajos de este martes, las diputadas morenistas, Lisset Marcelino Tovar y Margarita Evelyn Leonel Cruz, promovieron una iniciativa para modificar el Código Penal para el Estado de Hidalgo, en razón de establecer que los abogados que sean autores o partícipes de del delito de falsear los hechos o no conducirse con la verdad, independientemente de los delitos en que incurran por virtud del artículo 333, podrán ser sancionados con suspensión para el ejercicio de la profesión hasta por tres años.

“Se pretende reformar el artículo 313 del Código Penal del Estado de Hidalgo a efecto de ampliar la pena privativa de libertad a quien incurra en este delito, elevando su pena actual de tres meses a dos años a una que implica de dos a cinco años de prisión y la elevación de una multa que originalmente establecía de 5 a 50 días, para ser elevada de 100 a 500 días”, se mencionó.

La legisladora local, Areli Rubí Miranda Ayala, propuso una iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, a fin de establecer el concepto de “Violencia Simbólica”, la cual trata de un tipo de violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce mediante la expresión, emisión o difusión de mensajes, signos, valores icónicos e ideas con patrones estereotipados y simbólicos, que se transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad.

También, dijo, es necesario establecer que son facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo, realizar a través del Instituto Hidalguense de las Mujeres y con el apoyo de las instancias correspondientes, campañas permanentes de información, sensibilización y concientización sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos fundamentales de las mujeres, en el conocimiento de las leyes, las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten.

Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusieron una iniciativa para modificar el Código Penal para el estado de Hidalgo, en materia de instigación o ayuda al suicidio, así como de la muerte asistida.

Para lo anterior, se planteó adicionar el artículo 153 BIS: “En los supuestos previstos en el artículo anterior no constituyen delito de instigación o ayuda al suicidio, las conductas realizadas por el personal de las instituciones de salud facultados, para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo”.

Y agrega que: “Tampoco serán punibles las conductas suscritas y realizadas por el solicitante o representante, conforme a las formalidades y requisitos del Documento de Voluntad Anticipada para efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Hidalgo”.

La diputada morenista, Roxana Montealegre Salvador, expuso una iniciativa para crear el Instituto Hidalguense de Ciencias Forenses, su Ley Orgánica y Reglamento Interno, modificando el segundo párrafo del artículo 90, así como el párrafo quinto del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

“El Instituto Hidalguense de Ciencias Forenses pretende ser un proyecto similar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses creado el 08 de junio de1998, momento en el que el estado de Jalisco se colocó a la vanguardia al implementar el primer modelo vanguardista e innovador desde el punto de vista jurídico, al dotar de autonomía técnica a los servicios forenses, es decir se convirtió en un organismo público descentralizado dotado de patrimonio y personalidad jurídica propia”, dijo.

 Su compañero de bancada, Humberto Augusto Veras Godoy, planteó una iniciativa para modificar la Ley que crea el Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos y la Ley de Educación, ambas del estado de Hidalgo en materia de donación altruista de órganos.

“La presente propuesta tiene como objetivo homologar la definición de donación con la Ley General de Salud y, de igual forma, armonizar la Ley de Educación del Estado de Hidalgo con la Ley General de Educación, con la finalidad que dentro de los programas educativos de todos los niveles se contemple este tema”, afirmó.

El legislador de Morena, Víctor Osmind Guerrero Trejo, propuso modificar la Ley Orgánica del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, a fin de establecer que, para ser defensor público se requiere satisfacer los mismos requisitos que establece el artículo 11 salvo el relativo a tener como mínimo dos años de experiencia profesional en las materias relacionadas con la prestación de sus servicios; aprobar los exámenes de ingreso correspondientes; y en cuanto a la permanencia, no incurrir en deficiencia técnica manifiesta o reiterada ni incumplir los deberes propios del cargo.

Asimismo, “El personal del Instituto tendrá derecho a ser reconocido mediante estímulos, cuando su desempeño y servicios así lo ameriten, acorde a las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera y a la disponibilidad presupuestaria”.

Su compañera de bancada, María Corina Martínez García, pidió se reforme el artículo 302 y se agregue un artículo 304 BIS al Código Penal para el Estado de Hidalgo, para estipular sanciones a las y los servidores públicos que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con un procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la ley como delitos, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización.

Así como establecer que, “Las sanciones previstas en el numeral 302, aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de víctimas en un proceso penal o de sus familiares; se trate de delitos contra mujeres, niñas, o adolescentes, o sea sobre las circunstancias de su condición de víctima, de las lesiones o del estado de salud de la misma”.

ASUNTOS GENERALES

En asuntos generales, participaron cinco integrantes de la LXIV Legislatura de Hidalgo con una propuesta para exhortar a los ayuntamientos de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Epazoyucan, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez, Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Tula y Tizayuca, todos municipios que integran alguna de las zonas metropolitanas del estado de Hidalgo, para que, en el ámbito de sus atribuciones, creen e instalen la comisión especial de asuntos metropolitanos dentro de sus respectivos ayuntamientos.

Asimismo, seis diputadas y diputados locales plantearon exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo, para que, en el ámbito de sus facultades, gire instrucciones a la Secretaría de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de la entidad, para que realicen las adecuaciones presupuestarias al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, con el objetivo de atender los proyectos de obra pública destinados para los municipios de Chilcuautla, Ixmiquilpan, Cardonal, Xochiatipan, Tasquillo, Santiago de Anaya, Zimapán, y Alfajayucan.

El integrante de la bancada morenista, Jorge Mayorga Olvera, pidió se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para que gire instrucciones de manera urgente al Departamento de Identificación Humana de la Dirección General de Servicios Periciales para realizar las actividades conducentes para expedir la constancia de antecedentes no penales vía electrónica a la ciudadanía.

En tanto, la diputada priista, Mayka Ortega Eguiluz, expuso un posicionamiento con el que recordó que el Congreso de la Unión debe escuchar a las y los empresarios, respecto al tema de las reformas en materia energética. Afirmó que es importante que, en la toma de decisiones, se tengan en cuenta los tratados internacionales en materia comercial, así como las necesidades de la sociedad mexicana y la economía del país.

Finalmente, la presidenta de la directiva en turno e integrante del Grupo Legislativo de Morena, Doralicia Martínez Bautista, convocó a las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo para la sesión ordinaria 168 a celebrarse el jueves 18 de marzo de 2021.