La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al citar a Benito Juárez y subrayar que “la justa medianía debe ser la guía de todo servidor público”, fue un recordatorio contundente de los principios que deben regir a quienes ostentan un cargo público en México. En un país donde la desigualdad y la percepción de abuso de poder han marcado la relación entre gobernantes y ciudadanos. Este mensaje no solo reafirma los valores de austeridad y congruencia, sino que también pone el dedo en la llaga frente a las actitudes de quienes, desde el poder, parecen olvidar el compromiso con la ciudadanía. La alusión a destinos como Lisboa, Madrid, Capri, Ibiza o Tokio no es casual: es una crítica directa a aquellos funcionarios que, seducidos por el glamour o la ostentación, desvían su brújula ética y olvidan que su labor debe estar al servicio del pueblo, no de sus propios intereses. 

La justa medianía, ese concepto juarista que aboga por una vida digna pero sin excesos, no es solo una filosofía personal, sino un deber ético para quienes manejan los recursos públicos. En el contexto de Morena, un partido que se ha proclamado defensor de la austeridad y la transformación, este principio debería ser innegociable. Sin embargo, la realidad a menudo dista de los ideales. No es raro escuchar de servidores públicos que, lejos de practicar la sobriedad, incurren en gastos excesivos. Esto no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que contradice los valores que el propio movimiento de la Cuarta Transformación dice defender. 

Para ilustrar cómo otros países han abordado esta problemática, basta mirar casos como el de Estados Unidos, donde los gastos personales de los funcionarios públicos están estrictamente separados de los recursos del erario. Por ejemplo, en el ámbito federal, los servidores públicos de alto nivel, como congresistas o miembros del gabinete, deben cubrir de su propio bolsillo gastos como comidas personales, viajes no oficiales o incluso el transporte cotidiano, salvo que estén estrictamente relacionados con sus funciones. Además, existen regulaciones claras, como las establecidas por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), que exigen transparencia en los ingresos, regalos y posibles conflictos de interés. Este tipo de mecanismos no solo promueven la rendición de cuentas, sino que refuerzan la idea de que el servicio público no es un medio para el enriquecimiento personal.

En países como Canadá, los funcionarios están sujetos a códigos de conducta estrictos, y los gastos relacionados con viajes o eventos oficiales deben justificarse minuciosamente. Por ejemplo, un ministro que asista a una cumbre internacional debe detallar el propósito del viaje, los costos asociados y cómo estos benefician al país. En caso de irregularidades, los órganos de fiscalización, como el Comisionado de Ética, pueden imponer sanciones o hacer públicas las faltas, lo que actúa como un disuasivo.

En México, aunque se han implementado medidas de austeridad, como la eliminación de privilegios excesivos para altos funcionarios o la reducción de salarios, aún falta consolidar mecanismos robustos que garanticen la transparencia y eviten el mal uso de recursos públicos. Por ejemplo, la Ley de Austeridad Republicana de 2019 prohíbe el uso de fondos públicos para gastos suntuosos, pero su aplicación ha sido desigual. Un paso hacia adelante podría ser la creación de un sistema de auditorías en tiempo real para los gastos de funcionarios, similar al modelo estadounidense, donde cualquier erogación debe estar respaldada por facturas y justificaciones públicas. Asimismo, la obligatoriedad de declaraciones patrimoniales y de intereses, verificadas por un organismo independiente, ayudaría a prevenir conflictos de interés y a detectar enriquecimientos ilícitos. 

El mensaje de Sheinbaum no debe quedarse en la retórica. La justa medianía exige no solo un cambio de mentalidad en los servidores públicos, sino también la creación de instituciones y mecanismos que hagan imposible el desvío de recursos para fines personales. Los militantes de Morena, y en general todos los funcionarios, deben entender que el poder no es sinónimo de privilegio, sino de responsabilidad. La ciudadanía, cada vez más informada y vigilante, no tolerará incongruencias. Si México aspira a una verdadera transformación, la austeridad no puede ser solo un discurso, sino una práctica cotidiana que refleje el compromiso con la justicia y la equidad que Juárez defendió hace más de un siglo.

La presidenta Sheinbaum ha puesto sobre la mesa un principio fundamental que debe permear no solo a su gobierno, sino a toda la clase política. La justa medianía no es una utopía, sino una exigencia ética y práctica que puede lograrse con voluntad política, transparencia y sistemas de rendición de cuentas efectivos.

Solo así, los destinos, la joyería, los autos y las comidas de lujo dejarán de ser una tentación para quienes han jurado servir al pueblo.

X @David_Tenorio