*No existen razones jurídicas para mantener al margen de estos beneficios a Hidalgo

La diputada federal Sayonara Vargas Rodríguez, presentó una proposición con punto de acuerdo a la comisión permanente de la Cámara de Diputados por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a realizar los ajustes administrativos para que se garantice el pago de prestaciones del sector educativo en Hidalgo.

Se requieren $340 millones de pesos; en este contexto refirió que “a Hidalgo no se le están reconociendo los esfuerzos y logros en materia de eficiencia educativa y contrasta con otras entidades federativas que reciben más recursos económicos federales con muchos menos resultados”.

En 2014 la SEP y la SHCP (ambas dependencias federales) realizaron una conciliación de plazas y prestaciones pero en este proceso, no le reconocieron a Hidalgo 14 prestaciones, “de manera que el gobierno estatal lo solventa por diferentes medios, lo que significa una presión constante a las finanzas de la entidad”.

Hidalgo se encuentra entre los estados que menos gasto de operación por alumno recibe, mientras que el promedio nacional es de $970, Hidalgo solo puede ejercer $373, mientras que Oaxaca tiene un gasto de operación por alumno de $776 y Chiapas $627.

En Hidalgo, sus autoridades educativas, sus docentes y sus alumnos cumplen con su labor y entregan resultados a la educación básica. “No se está pidiendo nada que no sea justo y equitativo”

Mencionó que este es el tercer recurso legal que emplea desde el inicio de la legislatura para atender el tema, teniendo como primer antecedente una solicitud de gestión de recursos ante la comisión de presupuesto y cuenta pública, así como una reserva presentada durante la discusión del Presupuesto de Egresos a la Federación, ésta última votada a la negativa por el grupo mayoritario de MORENA en la cámara de Diputados.

Así mismo, indicó que presentó otra proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de México y al SIPPINNA a reformular la Estrategia Nacional de Atención a la Primera infancia, así como a la Secretaría de Salud para implementar talleres alimenticios y vacunar a los niños que se encuentran en la primera infancia y a la Secretaría de Educación Pública a elaborar un programa que favorezca la incorporación escalonada y progresiva a las clases presenciales.