Las Diputadas Rocío Jaqueline Sosa Jiménez y Michelle Calderón Ramírez integrantes del Grupo Legislativo del del PRI en el Congreso estatal, presentaron una iniciativa que reforma la Ley Orgánica Municipal en materia de participación e inclusión de personas con discapacidad.

El objetivo de la iniciativa, informó Sosa Jiménez, “es la inclusión en la plantilla del personal de los 84 municipios de personas con discapacidad, con base en el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”.

La diputada priista informó que “de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, (OMS) se  indica que la tasa de empleo para personas con discapacidad es tan solo del 44% de la población, mientras que el porcentaje de las personas sin discapacidad asciende al 75%”.

“La realidad es que las personas que buscan trabajo con alguna discapacidad se encuentran con la dificultad de las modificaciones y/o adaptaciones en cuanto a las diferentes áreas laborales”, señaló Sosa Jiménez.

Al continuar con la expulsión de la iniciativa, la legisladora Michelle Calderón Ramírez explicó que “con cifras también de la OMS, el 14% de la población de México sufre alguna discapacidad, lo que es equivalente a 16.5 millones”, precisó.

“La inclusión debe ir mucho más lejos que el ámbito laboral: debe abarcar la vida social, cultural y el entorno que rodea la sociedad, tomando en cuenta un dato importante,  México ocupa el lugar 45 de inclusión de las 78 economías más grandes del planeta, de acuerdo con el reporte de Crecimiento y Desarrollo Inclusivo (IDI) 2017 del Foro Económico Mundial”, destacó Calderón Ramírez.

En resumen, precisó, “todas las personas con discapacidad, deben tener un efectivo reconocimiento a sus derechos, lo que conlleva a que tengan una participación plena y efectiva en la sociedad, así, como el respeto de su derecho a la igualdad y no discriminación, lo que implica crear y adecuar el marco normativo para que se adopten medidas que compensen la desigualdad enfrentada por las personas con discapacidad en el goce y ejercicio de sus derechos a consecuencia de las diferencias, lo anterior para instituir en las normas la igualdad formal”.

“La igualdad formal implica que la ley en su texto proteja a todas las personas sin distinción, y requiere que esta protección sea igualmente accesible para todas las personas en la situación descrita por la norma jurídica mediante los actos de aplicación individuales de esta ley”.

Finalmente, la diputada del GLPRI destacó que “en esta Legislatura se deberá sumar esfuerzos para incluir e implementar acciones afirmativas y permanentes en las normas, con el objetivo de asegurar la eliminación de las desigualdades que sufren las personas con discapacidad, para lograr la autorrealización personal”, concluyó.