• También avalaron el dictamen en materia de simplificación orgánica

En sesión ordinaria, integrantes de la LXVI Legislatura aprobaron con 23 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones dictamen que prueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con el dictamen, el objetivo es ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y fortalecer la capacidad para proteger a los ciudadanos y garantizar que aquellos que cometen delitos graves enfrenten las consecuencias de sus acciones de manera inmediata.

En su intervención, Claudia Lilia Luna Islas, del PAN, fijó su postura en contra y dijo que “quieren meter a la cárcel a inocentes en lo que averiguan si son culpables o no. Su justificación para esta reforma es que los delincuentes son tan poderosos que deben meterlos a la cárcel para investigar. La prisión preventiva oficiosa es una herramienta peligrosa en manos equivocadas”.

Mientras que la diputada Mónica Reyes Martínez, de Nueva Alianza, aseguró que se deben hacer ajustes para evitar que los presuntos criminales evadan la justicia durante el proceso penal para proteger a las víctimas y garantizar la reparación del daño, “esta reforma no está pensada desde la injusticia, está pensada para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía”.

Mientras que Marco Antonio Mendoza Bustamante, legislador del PRI, indicó que un sistema es tan fuerte como el eslabón más débil. “Si seguimos parchando la Constitución y si queremos darle un buen rumbo a este país, no se puede hacer a retazos y a pedazos. Hagámoslo con tiempo”.

Paloma Barragán Santos, integrante del grupo legislativo de Morena, aseguró que esta reforma representa un paso firme hacia el fortalecimiento del sistema de justicia y la lucha frontal contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, “entrando en materia esta reforma amplía el catálogo de conductas que ameritan la prisión preventiva oficiosa, incluyendo casos de extorsión y actividades relacionadas con sustancias químicas, drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados; esta decisión no solo responde a una realidad preocupante, también, el compromiso del Estado por proteger a la sociedad de los flagelos que tanto daño han causado a nuestras comunidades”.

De acuerdo con la diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez, del PRI, éste es un tema muy importante para las personas que no tienen acceso a la justicia, que son encarceladas “sin siquiera tener derecho a un juicio, porque la prisión preventiva oficiosa es considerada como la medida cautelar más grave que se puede imponer a un acusado, puesto que implica encarcelar a una persona sin que haya sido condenada. El uso excesivo de la prisión preventiva vulnera los derechos humanos y contraviene tratados internacionales”.

José Luis Rodríguez Higareda, legislador de Morena, lamentó que “tenemos en todas las cárceles del país a un gran número de ciudadanos inocentes que están pagando una condena sin estar sentenciados. Algunos con un promedio de más de 10 años, de 15 años, y no les puede dar el Estado mexicano ni siquiera la justicia que cualquier ciudadano merece”.

De Movimiento Ciudadano, la legisladora Karla Perales Arrieta aseguró que la prisión preventiva oficiosa impacta desproporcionadamente a grupos vulnerables. “Hoy en este recinto estamos tratando uno de los asuntos más delicados que se han votado hasta ahora por la implicación tan directa que tiene la vida de las decenas de personas. Esta minuta advierte tres supuestos normativos dentro del catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa”.

Del mismo grupo legislativo, el diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal, consideró que la prisión preventiva oficiosa contradice el principio de presunción de inocencia al imponer una pena anticipada a personas que no han sido declaradas como culpables. “Actualmente, más del 44 por ciento de personas en prisión preventiva no tiene sentencia, una clara injusticia para miles de ciudadanos, incluidos personas de grupos vulnerables como mujeres indígenas y adultos mayores”.

Organismos autónomos

Los legisladores también avalaron con 23 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones el dictamen que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica.

Diana Rangel Zúñiga, de Morena, dio lectura al dictamen de la reforma constitucional que establece que los organismos autónomos y reguladores que desaparecerán son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

En su posicionamiento en contra, la legiladora del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, consideró que se está “cercenando nuestra capacidad de auditar, de luchar contra la opacidad gubernamental, de discernir con lucidez, de defendernos ante las potenciales y potenciales abusos de autoridad. Lo más grave es el salvaguardar la privacidad de nuestros datos personales. La reforma constitucional denominada desimplificación orgánica esconde en realidad una intención sumamente alarmante para el tejido democrático mexicano.

Mientras que el diputado Jorge Argüelles Salazar, de Nueva Alianza, dijo que la propuesta que en estos últimos días se ha discutido en la Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, relacionada con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, representa una oportunidad histórica para reconfigurar y fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos en la nación.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Karla Perales Arrieta aseguró que los cálculos que justifican la eliminación de los organismos autónomos son ficticios y “una simulación que, lejos de generar ahorros, la desaparición de organismos autónomos es un grave retroceso para el país y un contrasentido en la separación del poder político y del poder económico”.

En su turno, el legislador Julián Nochebuena Hernández, de Morena, explicó su voto a favor de esta reforma en materia de simplificación orgánica por la reducción de gastos innecesarios y la eliminación de la duplicidad de funciones. “Los organismos constitucionalmente autónomos han cumplido roles importantes, pero con el tiempo han caído en prácticas que duplican funciones con dependencias del Ejecutivo federal”.

En su intervención, el diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal, de Movimiento Ciudadano, explicó que estos organismos fueron creados para garantizar la independencia y la especialización técnica, “son pilares fundamentales para el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia y en beneficios para el pueblo. Esta reforma es parte de un diagnóstico engañoso. No existe un análisis riguroso que justifique la eliminación de estas instituciones”.

Por otro lado, la legisladora Tania Eréndira Meza Escorza, del grupo parlamentario de Morena, indicó que los organismos autónomos que se incluyen en esta reforma de simplificación orgánica no sólo desaparecen por costosos y por “la corrupción de la mayoría de quienes los han presidido. Hay motivos históricos y de justicia social. Los organismos autónomos que están por desaparecer nacieron como consecuencia de las presiones sobre los gobiernos y nuestro país”.

El diputado priista, Marco Antonio Mendoza Bustamante detalló que las facultades que hoy tiene un organismo constitucional autónoma regresarán al Ejecutivo, a una dependencia o entidad que depende del Ejecutivo. “Volvemos a esa centralización que tomó muchas décadas acabar con ella”.

Yarabi González Martínez, legisladora de Morena, aseguró que esta reforma es un paso decisivo para avanzar en la transformación, con lo que se logrará mejorar las actividades del servicio público, evitando la duplicidad de funciones, maximizando los recursos y garantizando el ejercicio adecuado del gasto público.

Diana Rangel Zúñiga, del mismo grupo legislativo, dijo que el debate en torno a los órganos autónomos ha adquirido relevancia central. “La simplificación orgánica no solo es necesaria, sino que resulta en un paso decisivo hacia la construcción de un Estado más eficiente, democrático y comprometido con el bienestar de las mayorías”.

Seguridad pública

Los integrantes de la LXVI Legislatura también avalaron por unanimidad, el dictamen que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública.

Juana Olivia Alarcón Rivera, diputada de Nueva Alianza, leyó el dictamen de seguridad pública con el fin de robustecer el combate a la delincuencia y la reducción de la criminalidad, por lo que resulta necesario el reforzamiento de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación efectiva en la investigación de los delitos.

En su posicionamiento a favor, la diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez, del PRI, detalló que esta reforma refuerza las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dotándole de atribuciones jurídicas que permitan su participación en la investigación de los delitos.

Mientras que el legislador de Morena, Juan Pablo Escalante Urban consideró fundamental continuar fortaleciendo institucionalmente a las dependencias gubernamentales, permitiéndoles responder a los anhelos de una nación pacífica y segura del pueblo mexicano. “La minuta que hoy discutimos refleja la preocupación de la doctora Claudia Sheinbaum por erradicar la violencia, combatir la delincuencia y reducir la criminalidad”.

En su posicionamiento, el diputado del PRI Marco Antonio Mendoza Bustamante, dijo estar a favor de fortalecer la seguridad pública mediante la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y con un mando civil. “Hay que asegurar que las entidades federativas y municipios tengan los recursos necesarios para enfrentar los problemas y retos en materia de seguridad para que las reformas no sean letra muerta”.

En su turno, la diputada Mónica Reyes Martínez, de Nueva Alianza, indicó que la inseguridad pública “es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y ha sido notorio que también es una preocupación del nuevo gobierno. Salvaguardar la seguridad pública es la responsabilidad primaria y esencial del Estado. Proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población son la base para un desarrollo sólido en lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad”.

Planes de desarrollo

Asimismo, los diputados votaron a favor 24 votos a favor del decreto que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo en materia de planes de desarrollo.

José Luis Rodríguez Higareda, legislador de Morena, en la lectura, detalló que en relación a los gobiernos municipales, la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo determina que el titular del Poder Ejecutivo municipal elaborará y remitirá al Congreso de Hidalgo en un término no mayor a 90 días después de tomar posesión de su cargo, el documento que contiene el Plan Municipal de Desarrollo. En su posicionamiento a favor, el diputado Aldo Meza Hernández, de Morena, explicó que el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, podría presentarse hasta máximo el 28 de febrero de 2025 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y su aprobación podría darse hasta en un par de meses más, lo que genera incertidumbre en la integración de dichos planes en el orden municipal y estatal, “pues los mismos ya no están alineados al nacional. Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto ampliar el término para que los municipios del estado puedan llevar a cabo la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo ante el Congreso, a fin de que estos, en la integración de su plan, puedan considerar una alineación entre el Plan Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo. Considerando que, al ampliarse el término de su presentación, los municipios puedan tomar en cuenta las tendencias de interés que se vayan observando en el orden nacional respecto a la conformación del Plan Nacional y puedan incorporarlas a su Plan Municipal para que exista congruencia entre éstos.

Niñez y adolescencia 

En sesión ordinaria, integrantes de la LXVI Legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, en materia de interés superior de la niñez y adolescencia, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.

La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez, del PRI, detalló que la iniciativa tiene por objetivo armonizar y actualizar la Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, “lo que resulta fundamental atendiendo al propósito de evitar conflictos normativos mediante la armonización de la norma a instrumentos internacionales para que las personas puedan acceder de manera efectiva a todos sus derechos y, en el caso que nos ocupa, haciendo compatibles las disposiciones que tutelan el interés superior de los niños, niñas y adolescentes hidalguenses”.

Derecho a la paz

Los diputados también avalaron por unanimidad el dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de derecho a la paz, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.

El diputado Miguel Ángel Moreno Zamora, de la bancada de Morena, dijo que al instaurar en Hidalgo el derecho a la paz, tendrá como garantía constitucional buscar soluciones profundas de los conflictos, trabajando hacia una sociedad que refleje valores desde la justicia y la educación, que encamine a la construcción de una comunidad pacífica, “en la que todas y todos desempeñemos un papel de promoción de una cultura de paz”.

De acuerdo con el dictamen, se busca consolidar las facultades de paz en las regiones y municipios, y garantizar a las presentes y futuras generaciones el derecho a vivir en paz.

En su posicionamiento, la diputada del mismo grupo legislativo, Hilda Miranda Miranda recalcó que el objetivo es garantizar que todas las personas “podamos tener un derecho a la paz, a la convivencia pacífica y solidaria. Este es un momento histórico para transformar nuestro estado al consagrar este derecho en nuestra Constitución local, con el cual damos un paso decisivo hacia la construcción de una sociedad hidalguense más justa, inclusiva y armoniosa”.

Agricultura sostenible

Los integrantes de la LXVI Legislatura también avalaron por unanimidad el dictamen que aprueba parcialmente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de agricultura sostenible, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.

El diputado Juan Pablo Escalante Urban, de Morena, leyó el dictamen que tiene como objetivo reconocer a la agricultura sostenible, productiva e incluyente, como una forma de vida que favorece la preservación de los recursos naturales, el uso eficiente de los recursos agrícolas y de las fuentes de energía, fortaleciendo el desarrollo rural y mejorando la calidad de vida de las y los agricultores del estado.