En un esfuerzo constante por combatir la corrupción y promover buenas prácticas en la administración pública y el sector privado, la Secretaría de Contraloría liderada por Álvaro Bardales, llevó a cabo la séptima jornada de capacitación denominada “Empresas Íntegras”. 

Este evento, realizado el pasado 12 de julio en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, tuvo como tema central “Cultura de la Integridad para la Prevención de la Corrupción”, y fue dirigido por los ponentes Carlos Esteban Ortiz Martínez y Guillermo Rodríguez Ruiz de la Secretaría de la Función Pública.

La capacitación contó con la participación de líderes empresariales tanto a nivel federal como estatal. Entre los asistentes destacaron Juan Fernando Castillejos Echandi, representante de CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, y Samuel Gershevich representante de CONCAMIN. A nivel estatal, estuvieron presentes Jorge González Corona,  Alejandro Rubio Hernández y  Estela Moreno Cornejo del CCEH, German Carrillo Téllez de la CMIC, así como representantes de COPARMEX, CANACO PACHUCA y CANACO TULA.

De la misma manera, asistieron miembros del parlamento juvenil de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, proveedores y contratistas. Además de las diferentes Cámaras empresariales.

La Contraloría busca combatir la corrupción en la interacción entre el sector público y privado, mediante la política de cero tolerancia a la corrupción y la baja temporal del padrón de 455 proveedores por incumplimiento de la Ley de Adquisiciones y 480 contratistas por incumplimiento en materia de obra pública.

De los 2 mil 11 contratistas en el Padrón, mil perdieron vigencia de sus registros al no cumplir con los requisitos establecidos en las leyes, se  dieron de baja temporal a 480, de las cuales 109 solventaron sus observaciones, por lo que, actualmente, quedan 640 empresas autorizadas para ejecutar obra pública en el estado.

La jornada de capacitación se centró en sensibilizar a las empresas sobre la importancia de implementar la Política de Integridad y formar parte del Padrón de Empresas Íntegras, con el objetivo de fortalecer la relación entre el sector empresarial y la administración pública y prevenir riesgos de corrupción. 

Este tipo de iniciativas subraya el compromiso del gobierno de no solo implementar medidas correctivas, sino también de ejecutar acciones preventivas para erradicar las malas prácticas.