El legislador, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer que anoche el Senado de la República aprobó por unanimidad la nueva Ley de Extinción de Dominio, misma que permitirá que el Estado pueda disponer con premura de los bienes que han sido obtenidos de forma ilícita por los integrantes del crimen organizado, de aquellos que provengan de hechos de corrupción y encubrimiento cometidos por servidores públicos.

El senador, aseguró que con esta reforma se pretende recuperar los 50 mil millones de dólares anuales que obtiene en ganancias la delincuencia organizada, es decir, que se busca pegarles en donde más les duele: el pilar financiero.

Tras destacar que la aprobación de esta nueva Ley de Extinción de Dominio es el resultado del trabajo realizado por los integrantes de la Comisión de Justicia, mismo que permitió la aprobación unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, Menchaca Salazar, aclaró que esta nueva disposición legal aplicará de forma retrospectiva sobre los actos de corrupción del pasado, ya que será imprescriptible e independiente del proceso penal que se siga al dueño del bien en cuestión, por lo que el Estado podrá vender éste de forma anticipada para evitar costos de administración de los bienes, previo a la emisión de la sentencia definitiva.

Explicó que el dictamen resalta la eliminación del nombre de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el de Instituto de Administración de Bienes y Activos y ya no habrá secreto fiscal, bancario, cambiario y tributario que los demandados e imputados puedan invocar para mantener aquellas propiedades de origen ilícito.

El legislador hidalguense señaló que, de acuerdo con el dictamen, la extinción de dominio se aplicará a tierras ejidales y bienes utilizados para cometer algún ilícito por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo nada para impedirlo; salvaguardando siempre los derechos fundamentales de los legítimos propietarios.

El presidente de la Comisión de Justicia mencionó que, golpeando las finanzas del crimen organizado, al quitarle las propiedades y bienes obtenidos por narcotráfico, huachicol, trata de personas, secuestro, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión; el gobierno de la República y de las entidades federativas podrán recuperar en poco tiempo la anhelada seguridad que reclaman los ciudadanos.

Julio Menchaca Salazar, manifestó que entre los cambios centrales incluidos al dictamen está la definición de buena fe en la adquisición o destino de un bien, incluida también en la Ley modelo de la ONU y que deberá acreditarse mediante constancias que demuestren su propiedad anterior a la realización del hecho ilícito y el pago de impuestos, contribuciones y sobre todo que no pudo dar aviso a las autoridades por temor o desconocimiento; refirió también que se incorporó a esta ley la caducidad de 10 años para que el Ministerio Público ejerza la acción de extinción de dominio, manteniendo la característica de que es imprescriptible el delito.