El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar endureció las acciones de su política de seguridad pública e instruyó “cero tolerancia” a la corrupción policial, el equipamiento masivo de las corporaciones y el combate frontal al crimen organizado. 

El mandatario estatal sostiene firmemente que en Hidalgo la aplicación de la ley es imparcial y se castiga a los delincuentes "trátese de quien se trate".

La reciente detención de elementos policiales y la captura del director y subdirector de Seguridad Pública de Tezontepec de Aldama bajo acusaciones directas de narcomenudeo, son la punta de lanza de una operación “limpieza” que continuó en Progreso de Obregón con el arresto de nueve policías investigados por lesiones y homicidio doloso.

En varios medios de comunicación, el gobernador rechazó tajantemente que esa detenciones obedezcan a persecuciones políticas o partidistas. 

Menchaca Salazar detalló que la conectividad del estado atrae a delincuentes que intentan evadir la justicia, lo que trae como consecuencia, detenciones prioritarias.

Las autoridades de seguridad coinciden en que existe una “Alerta preventiva” en Hidalgo, que es una advertencia previa por repuntes específicos en la tasa de homicidios en zonas colindantes al Estado de México, principalmente.

En cuanto a la seguridad en carreteras locales hay una negativa oficial a las denominadas “alertas de viaje internacionales”, con base en el argumento de que Hidalgo permanece bajo condiciones de tranquilidad y atractivo para la inversión lícita

Por su parte, el y titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Salvador Cruz Neri, mantiene sintonía a la política de mano dura, orientada a la erradicación de mala prácticas locales. 

Recientemente, el secretario instruyó la destitución de mandos ineficientes y reforzó la acción de intolerancia a la corrupción.

El mes pasado, Cruz Neri lanzó una advertencia pública al mando coordinado municipal de Pachuca y acordó con el alcalde Jorge Reyes, cambios en el área de seguridad debido al repunte delictivo y presuntas anomalías operativas.

El secretario de Seguridad patentizo su descontento ante la falta de respuesta y nula coordinación por parte del ahora ex jefe policial de Pachuca, Juan Manuel Ayala Guarro.

Pero el secretario no se detuvo ahí, casi inmediatamente después de resolver en Pachuca el cambio de estafeta policial, ordenó revisiones en Mineral de la Reforma y otras demarcaciones metropolitanas tras recibir constantes quejas ciudadanas por detenciones arbitrarias y extorsión a transportistas. 

También ordenó ejecutar relevos inmediatos de mandos locales para romper inercias viciosas y evitar compromisos delictivos en los municipios.

Derivado de este modelo se conoció el arresto directo y puesta a disposición de elementos estatales (como los capturados en la carretera Pachuca–Tulancingo) imputados por despojar de de dinero en efectivo a automovilistas.

Cruz Neri reportó que bajo su gestión, el 98.7 por ciento de la Policía Estatal ya cuenta con Certificado Único Policial (CUP).

Igualmente, se aceleró la baja de agentes que reprobaron controles de confianza.