En el marco del segundo informe de actividades del gobernador Julio Menchaca, hay varios temas que toman mayor espacio entre los medios de información. Uno de los asuntos que más mencionados, es la posibilidad y las razones de que ocurran cambios en su gabinete o en el andamiaje burocrático.

Luego de un proceso electoral más que exitoso para Morena, el jefe del ejecutivo hidalguense se fortaleció como líder político, aparejado al reconocimiento púbico que le hacen el presidente Constitucional, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum; ahora viene una etapa de consolidación, en la que la operación eficiente es fundamental para alcanzar las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Para lograr tal fin, son indispensables dos factores: eficiencia operativa y mucho dinero.

Quienes aseguran que habrá cambios en el gabinete, pueden descartar movimientos en la Secretaría de Hacienda. Está confirmada la llegada a Hidalgo de recursos históricos (por su cuantía), para los próximos meses y la titular de esa dependencia Esther Ramírez, será la encargada del manejo, distribución y aplicación de todos los presupuestos.

Cada vez hay más especulaciones sobre un cambio en la Secretaría de Gobierno. El rumor dice que Guillermo Olivares Reyna será el primer fiscal general del estado de Hidalgo, pero la especie (de ser cierta), no coincide con los tiempos establecidos hasta hoy. Apenas hace unas semanas, el Congreso aprobó una prórroga de 12 meses para concluir la conversión en la todavía Procuraduría de Justicia.

La versión no termina ahí, según los adivinadores, sería Natividad Castrejón Valdez en nuevo secretario de gobierno y en la titularidad de la Secretaría de Educación, ubicarán al hasta ahora subsecretario, Daniel Fragoso.

Los rumores van y vienen por todos los pasillos de las oficinas en Palacio de Gobierno, dicen que habrá muchos más cambios en las direcciones generales, direcciones de área y en las delegaciones federales.

Las filtraciones sobre supuestos acuerdos cupulares, hablan del diputado Luis Ángel Tenorio en una responsabilidad dentro del gobierno, lo mismo que de Julio Valera en una delegación federal y hasta la ubicación de Alejandro Enciso dentro de las nóminas públicas.

Entre la confusión hay cierta lógica ¿dónde van a colocar a los diputados locales que concluyen su periodo legislativo y que fueron tan leales al proyecto de la Transformación?

No hay que olvidar al senador Nabor Rojas, quien concluye su gestión y por su lealtad, tendría cobijo en el sistema.

Los cambios en las dependencias del gobierno ya iniciaron; en Bienestar es un escándalo mayúsculo el despido de directores y la consecuente renuncia de un director general, ligados al tema de la promoción artesanal.

En la Auditoría del Estado, los despidos son cosa de todos los días, lo mismo que el hostigamiento laboral y otros excesos orientados a la generación de espacios para incorporar nuevo personal, “porque son compromisos”.

Dentro del marco del trabajo en una estructura de gobierno como la hidalguense, la rotación de personal, en todos los niveles, debería ser algo natural; la ley contempla estos casos y en teoría, todo se maneja a través de las instancias correspondientes, pero… ¿y la repercusión política en cada cambio de funcionario? ¿cómo calcular los efectos de una sustitución sin todos los elementos necesarios? Esas precisiones ¿dónde están escritas?