Contexto Político

Implacables

Benjamín Franklin decía que “en este mundo no hay nada tan cierto como la muerte  y los impuestos”. El Estado no podría tener vida sin la existencia de los elementos económicos que integran la hacienda pública.

Para el funcionamiento de hospitales, escuelas, pago de salarios de médicos, profesores y policías, construcción de carreteras, escuelas hospitales, entre otros muchos pero muchos más, se necesitan recursos financieros, los cuales son provistos mediante el pago de impuestos. También llamados tributos o contribuciones, los impuestos deben de ser justos, proporcionales y equitativos. Pero los impuestos no siempre se pagan, la evasión fiscal es el no pago de una contribución, no hacer el pago es equivalente a eludir el deber de cubrirla, con ello se viola la ley.

La evasión fiscal en los últimos cuatro años fue de cerca de 354 mil millones de pesos (el 1.4% del PIB), alrededor de 9 mil empresas “fantasmas” defraudaron mediante la simulación de operaciones comerciales la emisión ilícita de facturas y el impago de impuestos a las arcas públicas. La cifra de facturas falsas creció 21 veces en los últimos cuatro años, estas fueron emitidas desde empresas “fantasmas” creadas ex profeso para ello. Empresas que no tienen activos, empleados y actividad económica, pero simulan operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales. Con ello se reduce el pago de sus impuestos, desde luego todo mediante el pago de una comisión. El negocio es o era tan rentable que utilizaban catálogos como si de comprar ropa o zapatos se tratara, bastaba escoger el giro del cual se quería deducir y voila.

Recién el Senado de la República estableció que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a quien use los servicios de las llamadas empresas “fantasma”.

Las sanciones irán de cinco a ocho años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o ampare actos jurídicos simulados. Aunado a ello el Estado podrá hacer uso de la extinción de dominio para incautar propiedades de quienes incurran en el delito de evasión fiscal. Era una decisión impostergable ponerle un alto a tanto exceso, el piso debe ser parejo, era importante romper la añeja y hedionda costumbre donde ricos y poderosos eran intocables y podían violar la ley una y otra vez.

Ante la impunidad y la corrupción, el Estado debe ser implacable.

 

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Last modified on Miércoles, 16 Octubre 2019 14:24