El desabasto de agua en Pachuca y su zona metropolitana está a punto de convertirse en un problema social y de seguridad.

Cada vez son más los habitantes de la región que sufren por la falta de ésta y más largos los periodos que deben esperar en para que las autoridades consigan regularizar el servicio.

Desde hace décadas se vaticinó una crisis causada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, pero como pocos sectores del quehacer público, el otorgamiento de permisos para construir zonas habitacionales y desarrollos industriales sufrió una corrupción galopante que aceleró la escasez.

La Comisión de Agua, Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales (Caasim) fue operada con un sentido político y dejó a un lado su tarea de rehabilitación a la red, ocupándose sólo de "parchar" fugas pero no de aplicar un proyecto de mejoramiento o modernización.

A la fecha, existen, al menos, cuatro órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de ese organismo operador, pero aún ningún detenido.

Los bloqueos, protestas e inconformidades de los usuarios son "atendidos", pero no resueltos. Las autoridades no quieren reconocer que el problema rebasa por mucho cualquier posibilidad de corto y mediano plazo.

En plena temporada de calor, la falta de agua para uso doméstico en Pachuca ocupa el número uno en los problemas sociales, también es un riesgo de salud que hasta ahora no presenta víctimas confirmadas pero que de un momento a otro puede ser origen de un problema mayor.

Las enfermedades gastrointestinales van al alza, así como las infecciones por vías respiratorias, afectadas por las constantes polvaredas.

El riesgo de casos positivos de otros padecimientos existe, dadas las condiciones actuales en la zona metropolitana de la capital hidalguense y es sólo una cuestión de probabilidad y estadística para entender el gran riesgo de que suceda un estallido social si cada vez son más frecuentes y virulentas las manifestaciones de los sedientos usuarios.

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