Autoridades federales y de los estados de México e Hidalgo, sostuvieron diálogo con transportistas, quienes expusieron los puntos vulnerables que el operativo “Corredor seguro”, que emprende acciones desde la delegación Gustavo A. Madero a Tizayuca, derivado del homicidio de un operador de transporte público concesionado este jueves, cuyo cuerpo fue hallado en Ojo de Agua.

En la sesión se hizo un repaso sobre las acciones emprendidas cada con esta estrategia de
seguridad; los transportistas hicieron el reconocimiento al esfuerzo que el Estado de Hidalgo ha generado con respecto a estos operativos, pues en esta entidad el índice delictivo ha disminuido, sin embargo, expresaron la necesidad de incrementar una estrecha coordinación para reforzar los puntos vulnerables y desactivar los vínculos generadores de violencia como lo es el robo de hidrocarburo (huachicol), narcotráfico, extorsión y secuestro.

El Secretario Guillermo Olivares Reyna indicó que es fundamental atender los puntos estratégicos que los transportistas previamente han señalado como cruciales, y que habrá que reforzar la estrategia que el equipo de trabajo interinstitucional desarrolla para detener a los generadores de violencia.

Explicó que hoy el vínculo que se genera con el Estado de México y el aumento de atribuciones de la Coordinación Nacional anti secuestro (CONASE), la cual ahora suma la facultad de ley para hacerse cargo de los delitos de extorsión, hace crucial el trabajo para promover la denuncia ciudadana.

Un transportista declaró que, “ya no es solicitar el inicio de una carpeta o acelerar el trámite, lo que queremos son las detenciones. Sí, se presentó el ejército y las autoridades, sobre todo Hidalgo hizo lo suyo, pero hoy nos atacaron por donde no había, es difícil blindar todo el camino, si hay apoyo, lo he visto, dando seguimiento y nosotros aportando todo lo que nos solicita la autoridad (…) queremos el apoyo del Estado de México, que llamen al ejército porque ellos si inhiben, que hagan revisiones antes de subir a las unidades, que nos atiendan estas citas que tienen más de un mes pendientes”, declaró.

Hoy mismo se realizarán sesiones de trabajo en simultáneo tanto en Hidalgo como en el Estado de México para poder desplegar estrategias operativas y detener de forma contundente estas incidencias, por lo que el involucramiento del gobierno federal es un componente que refuerza seriamente esta estrategia.

A la sesión asistió el gabinete de Seguridad de Hidalgo integrado por Guillermo Olivares Reyna, Secretario de Gobierno en Hidalgo; Salvador Cruz Neri, Secretario de Seguridad Pública; el General de Brigada, Juan José Gómez Ruiz; el titular de la 18ª Zona Militar y el Inspector General de la Guardia Nacional, José Francisco González Hernández, así como la Subprocuradora del Estado de Hidalgo Julia Granados, reforzando la reunión la Subsecretaria de Gobierno del Estado de México Rocío Díaz Montoya, y el Subsecretario Martín Sovera Peña, junto con personal de la fiscalía del Estado de México, así como autoridades federales y municipales.

Con el objetivo de analizar los logros alcanzados y los desafíos a enfrentar en el ámbito de educación media superior, el gobernador Julio Menchaca Salazar, sostuvo una reunión con el coordinador nacional de los organismos descentralizados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), Alejandro Samuel Colín Ramírez. 

“La pandemia nos dejó importantes retos en materia educativa, parte de ellos son sin duda la atención a temas de rezago, el abandono y la deserción escolar entre las y los adolescentes; por ello destacamos que tanto el Gobierno de México como el de Hidalgo nos encontramos trabajando de la mano para continuar sentando las bases de la transformación en este sector”, declaró.

El mandatario estatal explicó que esta coordinación permitirá a las juventudes hidalguenses contar con opciones educativas de alto nivel, que no solo les formen en lo académico, también como personas comprometidas con su entorno y sus comunidades. 

En esta reunión de trabajo estuvieron presentes el secretario de Educación Pública de la entidad, Natividad Castrejón Valdez, y el director General del CECyTE Hidalgo, Agustín Rowe Córdova.

Durante el primer año de la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, la Unidad de Planeación y Prospectiva, bajo la dirección de Miguel Ángel Tello Vargas, se aplicaron esquemas de participación para mantener un gobierno cercano al pueblo, donde ciudadanía definió las políticas públicas a seguir.

A través de este proceso se realizó un total de 105 foros de consulta en colaboración con diversas instituciones, donde participó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Comisión para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, así como otras dependencias. La mayoría de las propuestas fueron realizadas por mujeres, al representar un 56 por ciento del total.

Como resultado de los foros, Miguel Ángel Tello Vargas presentó ante la LXV Legislatura el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, estructurado a partir de las propuestas ciudadanas. 

Dicho proyecto se dividió en objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores, por lo que fue aprobado, de manera unánime, por la Comisión de Planeación y Prospectiva del Congreso de Hidalgo.

En el primer año de gestión del gobernador Julio Menchaca, se recorrieron todas las regiones de Hidalgo, donde se atendieron las necesidades del pueblo a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional, esfuerzos que han sentaron las bases para una gobernanza más transparente y responsable.

Además, bajo la estrategia "Hidalgo 2030 Ruta Coordinada de Acción", el estado se ha unido a los esfuerzos internacionales para lograr un Desarrollo Sostenible Inclusivo. El gobernador Julio Menchaca se ha comprometido a establecer acciones de inclusión, combatir la pobreza, el analfabetismo y garantizar servicios de salud integrales como parte de este compromiso.

Estos logros son el resultado de la colaboración entre el pueblo y el gobierno para mejorar la calidad de vida de hidalguenses.

Con miras a conformar la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo (FGJH), la Procuraduría General de Justicia del Estado implementó políticas públicas orientadas al combate a la impunidad que genera la corrupción, así como al combate del rezago histórico de averiguaciones previas, carpetas de investigación y órdenes de aprehensión.

La dependencia informó que se trabaja para que la Fiscalía se consolide como un organismo eficaz en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, con mayor capacidad de investigación, modernización e innovación en sus procesos para el control de la criminalidad, a través de la tecnología.

Durante el primer año de la presente administración, fue implementado el programa de abatimiento de rezago de averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite, con el objetivo de resolver investigaciones pendientes para beneficio de las víctimas, lo que permitió la determinación de 5 mil 550 averiguaciones previas, es decir, 98 por ciento del rezago encontrado, y se resolvieron 23 mil 476 carpetas de investigación.

También se ejecutaron mil 221 órdenes (mil 68 del sistema acusatorio y 153 del sistema tradicional), lo que representa 15 por ciento más que en el periodo anterior, comprendido del 5 de septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2022.

De esta manera se redujo la impunidad bajo mecanismos instruidos por el gobernador Julio Menchaca Salazar y coordinados por el jefe del despacho de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo.

En el primer año de gestión gubernamental, la procuraduría puso en marcha el Programa de Conversión a Justicia Restaurativa, que ha beneficiado a las víctimas del delito proporcionando una solución ágil que a la fecha alcanza un monto de 114.2 millones de pesos, acordados como pago para la reparación del daño, mediante 3 mil 905 acuerdos reparatorios (25% más que en el periodo anterior) de los cuales se han pagado más de 43.1 millones de pesos. El resto continúa en proceso de pago según las condiciones acordadas entre las partes. 

Este año de gobierno, se judicializaron 6 mil 368 carpetas de investigación, 79 por ciento más que en el periodo anterior; se registran 2 mil 680 vinculaciones a proceso, 22 por ciento más, y 623 sentencias condenatorias; 11 por ciento más en comparación con el periodo 2021-2022.

En el combate al secuestro fueron atendidas y liberadas 11 víctimas y se detuvieron a 48 personas, por lo que se fijaron sentencias de hasta 80 años de prisión.

La PGJEH destacó que en la presente administración se desarticularon tres bandas de narcomenudeo, y se impactó en la estructura de cuatro grupos delictivos.

Respecto al apoyo a familias de personas desaparecidas, se diseñó una estrategia con base en la cooperación jurídica y operativa con instituciones nacionales, que permitieron focalizar esfuerzos para elevar las probabilidades de éxito en su localización, así como fortalecer las investigaciones correspondientes. 

En el marco de esta estrategia, se atendió a 294 familias de personas desaparecidas, también en delitos cometidos en razón de género, en específico el feminicidio, se registró una tasa de efectividad de 94 por ciento en investigación y persecución de este delito, obteniendo sentencias de hasta 52 años de prisión.

Sobre delitos sexuales, la procuraduría ejecutó 236 órdenes de aprehensión. Con apoyo del gobierno de Estados Unidos, se logró deshabilitar un sitio digital que albergaba información de 697 víctimas objeto de un mercado de explotación sexual digital. 

En cuanto al maxiproceso de la “Estafa Siniestra”, la dependencia vinculó a proceso a seis presidentes municipales por delitos como peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, por lo que fueron separados de sus cargos. 

Asimismo, en la investigación y persecución del mismo esquema instrumentado en las dependencias estatales fueron vinculados a proceso a un ex secretario estatal por el delito de peculado agravado, un ex subsecretario estatal, por el delito de peculado agravado y un ex director general. 

Se obtuvieron tres órdenes de aprehensión más contra ex servidores públicos estatales (2 exsecretarios de estado y el excontralor de un organismo público descentralizado), así como tres fichas rojas de Interpol, y tres órdenes de aprehensión más contra los representantes legales de empresas fachada.

Con acciones para reducir la impunidad y erradicar la corrupción, se han recuperado 100 millones de pesos, con lo que se busca garantizar el pago de la reparación del daño al pueblo hidalguense, comunicó la PGJEH.