Integrantes del Grupo Legislativo del PRI, Citlali Jaramillo Ramírez y Roberto Rico Ruíz, presentaron una Iniciativa con la que se expide la Ley de Juicio Político del Estado de Hidalgo, con el objeto de establecer el procedimiento de responsabilidad política de las personas servidoras públicas precisadas en la Constitución Política del Estado, como un mecanismo de enjuiciamiento ante las acciones u omisiones indebidas en que las mismas incurran en el tiempo de su encargo y, cuando estas redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

La Diputada Citlali Jaramillo Ramírez puntualizó que “los hechos reprobables requieren de mecanismos de exigencia de la responsabilidad de la que depende, y bajo esa magnitud o intensidad de se impone la sanción e, incluso, la decisión de poner en marcha los mecanismos como lo es el juicio político”.

Jaramillo Ramírez enfatizó que “el ejercicio de la función pública guarda un contexto ético-administrativo en el que se encontrarán sujetos a la prosecución de la conciencia pública, mediante el juicio político, en virtud de haber generado perjuicio a los intereses públicos fundamentales de la nación y de su buen despacho”.

De esta forma, reiteró que la exigencia sobre el estricto respeto a las obligaciones que derivan del encargo de funcionarios con un alto grado de posibilidad en irrumpir el orden social deberá apuntar a la aplicación práctica de sanciones, al agotar el procedimiento político en el que se vislumbre la actualización de responsabilidad.

Por su parte, el Diputado Rico Ruiz dijo que “actualmente lo que aqueja a la ciudadanía, es esa vulnerabilidad social ante la impunidad y la protección a personas servidoras públicas, lo que conlleva a constituyen un factor determinante para la inclusión de leyes y mecanismos que otorguen seguridad jurídica a las y los gobernados”.

“Una tarea fundamental de los legisladores es, hacer que los derechos de la ciudadanía prevalezcan de tal manera que la presente iniciativa atiende a los daños causados ​​por aspectos políticos que dan paso al privilegio de unos cuantos para hacer posible la protección de corruptelas”, señaló Rico Ruíz.

El legislador priista precisó que “resulta indispensable poner a disposición de la ciudadanía el poder del Estado para que sea la misma, la gran fuente de protección de sus derechos, a fin de establecer las bases para que la arbitrariedad, incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficacia no prevalezcan, no corrompan los valores superiores que deben tutelar el servicio público”.

Roco Ruiz explicó que, dando un paso a la lucha por la justicia igualitaria, “se avanza en el propósito de dotar al Estado de todos los elementos indispensables, para oponer a las desviaciones del quehacer público ya la conducta ilícita de personas servidoras públicas, la majestad de la ley y la fuerza del derecho, cuyo propósito es evitar la inmunidad para las personas servidoras públicas que delinquen”.

Finalmente, Rico Ruiz destacó que “la ciudadanía exige se implemente una ley en específico para dar el tratamiento a lo que es el Juicio Político en el Estado, como un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y/o inhabilitación a personas servidoras públicas , en el ámbito de sus atribuciones, que han incurrido en arbitrariedad o abuso o exceso de poder”, concluyó.

Con el objetivo de prevenir el virus de Influenza en la población fue implementada desde finales del año 2021, la Campaña de Vacunación Contra la Influenza Estacional 2021-2022, durante la cual se aplicaron en las unidades del sector salud de Hidalgo un total de 940 mil 863 dosis, es decir, más de las previstas.

La población vacunada del grupo blanco y de riesgo fueron: población menor de cinco años y personas mayores de 60 años de edad; embarazadas; personal de salud; personas con diabetes, obesidad mórbida, cardiopatías, asmáticos, VIH, cáncer, enfermedades cardiacas, insuficiencia renal o con inmunosupresión.

Cabe destacar que, la vacuna ha sido una de las mejores herramientas para la protección, debido a la variación antigénica del virus, y esta debe repetirse anualmente.

Las cepas incluidas en las vacunas antigripales de esta temporada invernal fueron: Constitución de la vacuna: A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09; A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) y B/Washington/02/2019(linaje B/Victoria). Fue hecha por sub unidades purificadas del virus, por lo tanto, no causa la enfermedad.

La vacuna genera inmunidad a casi el 90 por ciento de los vacunados a partir de la tercera semana de su aplicación, además si se enferman disminuye la severidad del cuadro clínico y, por lo tanto, el riesgo de morir por esta enfermedad.

El sector salud, reconoce a la población la participación y destaca que, la forma más eficaz de prevenir esta enfermedad y sus consecuencias graves es la vacunación y no bajar la guardia además de mantener las medidas de autocuidado como: lavado correcto y frecuente de manos con agua y jabón, o usando soluciones alcoholadas desinfectantes; estornudo de etiqueta; evitar saludo de mano y beso; si se tiene sintomatología respiratoria acudir de inmediato a recibir atención médica en caso de presentar síntomas (fiebre o sentirse con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, fatiga y cansancio, algunas personas pueden tener vómitos y diarrea); evitar automedicación y permanecer en casa.

La Influenza es también conocida como gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la misma. Afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones, este virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotitas expulsadas con la tos o los estornudos y al hablar.

Se recuerda que la temporada de Influenza inició el tres de octubre del 2021 y concluye el 21 de mayo del 2022.

Durante la sesión ordinaria número 53, desarrollada este 03 de mayo, se presentaron seis iniciativas y dos propuestas de acuerdos económicos en temas relacionados con ley de Obras Públicas, medio ambiente, juicio político, Ley Orgánica del Poder Legislativo y más. 

La asamblea inició con la participación de la diputada Citlalli Jaramillo y el diputado Roberto Rico, quienes dieron lectura a la iniciativa cuya finalidad es establecer el procedimiento de responsabilidad política de las y los servidores públicos, como un mecanismo de prosecución ante las acciones u omisiones indebidas en que las mismas incurran en el tiempo de su encargo y, cuando estas redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.  

De igual forma, los legisladores Rocío Sosa y Juan de Dios Pontigo, presentaron el proyecto para incorporar las reformas en materia de protección de adolescentes, con la intención de que la autoridad que tenga conocimiento de la realización de un acto de tortura o penas crueles, inhumanas o desgastantes en contra de un o una adolescente deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente para que se inicie el procedimiento correspondiente, de conformidad con los protocolos relativos y demás disposiciones aplicables.

Posteriormente, se dio a conocer la iniciativa inscrita por el grupo de legisladores del PRI, la cual consiste en garantizar, regular y promover en el estado el incremento, ampliación, desarrollo, conservación, mantenimiento, manejo, preservación, protección y restitución de las áreas verdes y árboles en zonas urbanas, a fin de lograr un equilibrio ecológico propicio para el sano desarrollo de la  población hidalguense; de igual forma, plantearon armonizar el marco normativo de la ley de Protección Contra los Efectos Nocivos del Tabaco para el estado, para garantizar el derecho de las personas no fumadoras en espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, en lugares de concurrencia colectiva.

Por su parte, el diputado Ángel Tenorio expuso el proyecto que tiene como objetivo que los instrumentos legislativos que se presenten ante el Congreso estén acordes al planteamiento y solución de los problemas desde la perspectiva de género, en caso de que la requiera, y de ser necesario, observar en los dictámenes que se elaboren un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista.

Asimismo, el representante local Fortunato González subió a la máxima tribuna del estado para dar lectura a la iniciativa que busca que los contratistas que hayan sido inhabilitados 

por la secretaría de la Contraloría sean también suspendidos del Padrón de Contratistas. De igual manera, planteó que las dependencias, entidades y municipios conserven en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria del gasto en dichas obras o servicios relacionados con las mismas durante un lapso de ocho años y que quienes infrinjan las disposiciones contenidas en la ley de Obras Públicas o las normas que con base en ella se dicten, sean sancionados con multa equivalente a la cantidad de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización. También propuso que la Contraloría suspenda temporalmente el registro de los contratistas, por los supuestos que contempla la ley por hasta cinco años y no tres, como se considera actualmente.

En cuanto a las propuestas de acuerdos económicos, en esta sesión se pronunciaron la legisladora Carmen Lozano, exhortando a las autoridades del gobierno federal y del estado, así como a la secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (federal y estatal), la Comisión Nacional del Agua, la secretaría de Marina, la secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado y la Comisión Federal de Electricidad, para que, en el ámbito de sus facultades, realicen acciones para solucionar la problemática actual de la presa hidroeléctrica “Fernando Hiriart Balderrama”, ubicada en Zimapán.

De igual forma, el diputado Rodrigo Martínez llamó al Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa para que ejecute un programa para la construcción de rampas e instalaciones sanitarias para las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad, debiendo asignar gradualmente los recursos necesarios para su cumplimiento.

Para finalizar la sesión, la legisladora Sharon Macotela, hizo uso de la tribuna para reconocer a los medios de comunicación por su labor, haciendo hincapié que la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa sirve para celebrar los principios fundamentales que garantizan la buena toma de decisiones.

Integrantes de la LXV Legislatura se dieron cita este 02 de mayo para realizar la sesión ordinaria número 52, en la cual fueron presentadas ocho iniciativas, ocho dictámenes y una propuesta de acuerdo económico en temas como derecho a la cultura, erradicación de la violencia, Código Penal, personas con discapacidad, equilibrio ecológico, finanzas, educación, por mencionar algunos.

En la primera participación la diputada Elvia Sierra dio lectura a la iniciativa que tiene el propósito de concretar el derecho a la cultura en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, con la finalidad de ampliar y profundizar el reconocimiento de los derechos culturales bajo el esquema de los derechos humanos, adicionando el tratamiento del patrimonio cultural.

Acto seguido, las y los diputados del PT presentaron la iniciativa que busca integrar en la ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado la alerta de violencia de género para garantizar la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por legislaciones o políticas públicas que pudieran agraviar sus derechos humanos y el Protocolo Alba para llevar a cabo la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad.

Por otra parte, en voz de la diputada Vanesa Escalante se propuso al pleno la modificación que permite incorporar al Código Penal vigente en el estado nuevas conductas delictivas, algunas con agravantes, no sólo porque atentan contra el derecho a la vida, sino en oposición a un conjunto de derechos previos y posteriores a la privación de la vida, para dotar de las herramientas indispensables en el desempeño de sus funciones, a los órganos de procuración y administración de justicia.

Posteriormente, el diputado Miguel Martínez planteó la reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a través de la cual se busca dar cabal cumplimiento a los derechos político- electorales de las y los legisladores locales. Aunado a ello, la iniciativa pretende salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos de gozar de una óptima representación por parte de las y los legisladores a quienes han elegido.

Más adelante, la legisladora Lisset Marcelino expuso la importancia del maíz nativo en la economía, cultura, tradición y alimentación en la sociedad hidalguense, sin embargo, no existe hasta este momento, regulación que garantice el derecho de acceso y preservación de este tipo de maíz. Por esta razón, presentó la iniciativa que tiene por objeto declarar la protección, producción, comercialización y consumo de las actividades del maíz nativo y en diversificación constante, como manifestación cultural.

Asimismo, las y los legisladores Elvia Sierra, Adelfa Zúñiga, Fortunato González, Jorge Hernández Araus, Toó Hernández, Vanesa Escalante, Lisset Marcelino, Lorena Hernández, Ángel Tenorio y Timoteo López, propusieron la iniciativa que busca proteger el derecho de las personas en estado de gestación a recibir alimentos, como una medida para combatir la violencia contra la mujer, estableciendo medidas que busquen erradicar la normalización de este tipo de violencia económica.

En la misma sesión, las y los representantes locales provenientes del PRI plantearon el proyecto para integrar dentro de la legislación en materia de protección al ambiente la contaminación por ruido dentro de las definiciones contempladas en la ley, en armonización con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley de Protección al Ambiente.

Por otro lado, el diputado Rodrigo Castillo puso a consideración la iniciativa que tiene como finalidad la creación de la Unidad Especializada en Estudios Económicos y de las Finanzas Públicas como una unidad de apoyo más del Instituto de Estudios Legislativos, cuya misión será auxiliar en el desarrollo de las actividades legislativas que llevan a cabo los grupos legislativos, las comisiones de estudio y dictamen, la directiva y la Junta de Gobierno del Congreso, cuyos asuntos están relacionados con la actividad económica y las finanzas públicas de nuestro estado y del país. 

También en esta sesión los integrantes de la LXV Legislatura discutieron y aprobaron dictámenes:

El primer dictamen, aprobado con 28 votos, reconoce dentro de los tipos de violencia establecidos en la ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado, la violencia vicaria, en donde el agresor provoca daño psicológico o físico, incluso la muerte, especialmente a hijas o hijos, o a cualquier otra persona con quien la mujer tenga un lazo afectivo, utilizándolos como instrumento para dañar a la propia mujer, asimismo, integra las características de la violencia vicaria en la modalidad de violencia familiar y amplía las medidas de protección para las víctimas. De igual manera, este tipo de violencia se incorporará en los delitos de violencia familiar del Código Penal para el Estado de Hidalgo.

En igual forma, se validó con 27 sufragios el llamado sobre el principio de progresividad de los derechos humanos puesto que avanza en el reconocimiento de los derechos político electorales de todos los sectores poblacionales del estado para lograr su pleno cumplimiento. Además, de promover el derecho a la identidad el cual es considerado como el punto de acceso a otros derechos que se encuentran consagrados en la Constitución y leyes infraconstitucionales que permiten la individualización de cada persona. Este decreto no se limita a garantizar el derecho al voto migrante, sino que va más allá de la visión tradicionalista al garantizar el derecho a ser votado para que la representación política de los migrantes se vea reflejada de manera directa en el Poder Legislativo y en los ayuntamientos, expandiendo los derechos de los migrantes en la vida pública y política del estado. 

Con 24 votos, aprobado también el dictamen para establecer como requisito en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que la presentación de una iniciativa de ley o decreto, así como, los dictámenes 

que emitan las comisiones legislativas, incorporen un análisis de impacto económico-presupuestal, debido a que con frecuencia las iniciativas presentadas por las distintas autoridades facultadas por la constitución abordan problemáticas que requieren recursos para su resolución, impactando las finanzas del estado o los municipios, lo que complica su viabilidad presupuestal.

De igual forma, se votó el dictamen que busca incorporar que el ayuntamiento promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos de las personas de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y que toda persona sin distinción alguna tengan derecho a los métodos de justicia administrativa. Aunado a lo anterior, proyecta establecer como requisito el que el conciliador municipal cuente con el grado académico de licenciatura de Derecho, así como, un mínimo de experiencia para desempeñar el cargo. Con 19 fue avalado. 

Seguidamente, con 22 votos a favor, se aprobó sustituir el término “individuo” por “persona” en la ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo, y con ello, ofrecer un marco normativo acorde con las necesidades actuales de la población en esta materia, y de esta manera se fortalece la igualdad de género y se erradica cualquier tipo de discriminación y con 20 votos aprobaron el dictamen que permite fomentar u fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que, entre sus actividades se encuentre la creación y funcionamiento de refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos y, de esta manera, coadyuvar para garantizar el derecho de las hidalguenses a recibir atención en espacios adecuados, para protegerse y transitar a una vida libre de violencia.

Con 23 y 22 votos, respectivamente, se declararon válidos también el dictamen para impulsar a la promoción de la equidad e igualdad social, la perspectiva intercultural y de género, a fin de que el Ejecutivo del Estado y los municipios en el ámbito de sus competencias promuevan estos principios en los lineamientos de sus instrumentos y de su política ambiental, y el que garantiza que la prestación de los servicios educativos sea en condiciones óptimas, para que así exista un buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos. Además, de poder realizar actividades de capacitación, sensibilización y formación sobre equidad e igualdad de género, prevenir y atender los diferentes tipos de violencia y cultura para la paz, dirigidos a servidores públicos y para el personal administrativo y docente a fin de eliminar la reproducción de roles estereotipados de género, se impulse la igualdad sustantiva y se promueva el derecho a una vida libre de violencia de las niñas, niños y adolescentes. 

Para concluir con esta sesión, se procedió con los asuntos generales, en donde la diputada Lisset Marcelino presentó una propuesta de acuerdo económico con mira a exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que instruya a los miembros de su gabinete a observar los principios de imparcialidad y neutralidad en campañas electorales y no afectar la equidad de los comicios.