Hoy 12 de julio se realizó la sesión ordinaria número 73 en el Congreso del Estado de Hidalgo, con la presentación de 20 iniciativas en materia de primer empleo, personas con discapacidad, pesca y acuacultura, lenguaje inclusivo, lactancia, planeación y prospectiva, feminicidio, adultos mayores, insumos médicos, revocación de mandato, primera infancia, licencias de conducir, por mencionar algunos.

Además, se propuso exhortar para la declaratoria de monumentos históricos y ciberseguridad a las autoridades correspondientes.

La sesión comenzó con la participación del diputado Julio Valera, quien propuso expedir la Ley de Fomento al Primer Empleo y la Primera Empresa, y así, impulsar el desarrollo de las personas jóvenes para contribuir su inclusión en el mercado laboral y en la economía del estado.

De igual forma, el legislador Roberto Rico presentó la iniciativa para crear la medalla al mérito jurídico “Alfonso Cravioto Mejorada” para reconocer la labor de quienes ejercen la abogacía y han dejado estampa en la entidad, brindando memoria al personaje que le da nombre a través del ejemplo que deriva de la pasión por servir a la sociedad.

Posteriormente, la representante local Tania Valdez busca eliminar el lenguaje discriminatorio contenido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el estado y así, garantizar el respeto a la dignidad humana y a la no discriminación hacia las personas con discapacidad en la promoción de la política forestal.

Por otra parte, la congresista Rocío Sosa expuso el documento que regula el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, así como la mejora de la calidad de vida de quienes realizan estas actividades, procurando el respeto sobre los recursos de los pueblos y comunidades indígenas a través de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

Después, el legislador Ángel Tenorio hizo uso de la voz para reformar la Ley de Derechos Humanos del estado, y así establecer las medidas legislativas con el único propósito de promover la igualdad entre mujeres y hombres mediante un lenguaje incluyente.

Luego, la diputada Citlali Jaramillo planteó modificar la Ley Federal del Trabajo y así ampliar los derechos de las madres trabajadoras, aumentando el periodo máximo de lactancia hasta los dos años de edad del menor. Además, para establecer salas de lactancia dentro de las instalaciones del trabajo.

Enseguida, el diputado Andrés Caballero propuso transformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el objetivo de establecer que toda comisión legislativa deberá presentar resolución y/o dictaminación en los negocios de su competencia.

Nuevamente, Jaramillo sometió a consideración del pleno el reformar la Ley de Planeación y Prospectiva, para fortalecer el proceso de Planeación Estatal de Desarrollo a través de la integración y participación efectiva de los distintos actores en la definición de los objetivos y estrategias, además, para que el Poder Judicial y los organismos autónomos participen de manera activa dentro del Comité. 

En su participación, la representante local Erika Rodríguez expuso la iniciativa que faculta al Poder Ejecutivo otorgar pensión a los hijos e hijas menores de edad de víctimas de feminicidio, aunado a lo que establece el Código Penal con relación a la reparación de daños y perjuicios para feminicidio.

Más tarde, el diputado Juan de Dios Pontigo puso a consideración el documento para complementar la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar con la finalidad de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sea el que establezca y se encargue del funcionamiento del Registro de Instituciones en esta materia.

Una vez más, Pontigo Loyola presentó el proyecto que adiciona un artículo en la Ley de Hacienda y con ello impulsar la contratación de las personas adultas mayores, tanto del sector público como privado, mediante un estímulo fiscal del 25 por ciento en el pago de impuesto sobre nóminas.

El legislador Fortunato González realizó la exposición de motivos para establecer en la Constitución local la posibilidad de iniciar procesos para la revocación del mandato de diputados locales y presidentes municipales.

En otro sentido, el congresista Toño Hernández mencionó que es importante modificar la Ley de Salud y así reglamentar los conceptos considerados como insumos en pro de una mejor comprensión de los objetos, materiales y recursos usados, además de incluir acciones que puedan ser consideradas como agravantes en materia de vacunas e insumos médicos.

Con posterioridad, la diputada Silvia Sánchez usó la tribuna para presentar el proyecto de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que las autoridades estatales y municipales garanticen a los menores en primera infancia las condiciones de una vida digna para su óptimo desarrollo, mediante la elaboración de políticas públicas, planes y programas.

De la misma forma, la legisladora Michel Calderón propuso promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para proteger a los trabajadores de las instituciones médicas que grupos de la sociedad incrementan los ataques en contra del personal que hace frente al COVID 19, mediante.

Más adelante, la representante local Adelaida Muñoz externó la iniciativa que busca trabajar en la transformación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y hacer énfasis en los requisitos para la obtención de licencias de conducir, para garantizar la capacidad de las personas físicas conductoras para poder manejar un vehículo automotor de manera segura.

Los congresistas Ángel Tenorio y Vanesa Escalante, expusieron el documento que modifica la Constitución del estado para que los Órganos Internos de Control estén facultados en autorizar la compatibilidad del ejercicio de empleos o cargos públicos, cuando por dos o más cargos se perciba sueldo.

Por su parte, los representantes locales Miguel Martínez y Tania Valdez plantearon ante esta Soberanía adicionar lo relativo a la salud mental y establecer que la secretaría de Trabajo y Previsión Social sancione a quien contrate a personas menores de 15 años, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para Hidalgo.

Nuevamente, el diputado Roberto Rico sometió a consideración la iniciativa para modificar la Ley Orgánica Municipal con la finalidad de homologar la terminología utilizada en el texto de la norma jurídica reguladora de la administración pública municipal, específicamente el de ayuntamiento, y así otorgar seguridad jurídica a los habitantes.

También, Rico externó el proyecto que tiene la finalidad de establecer un lenguaje inclusivo en la expresión “personal titular” para referirnos a las y los titulares de las dependencias que integran el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo, esto a través de la Ley de Seguridad Pública.

Más tarde, la legisladora Elvia Sierra realizó la propuesta de exhortar al ayuntamiento de Huichapan para que ejecute las acciones que garanticen la emisión de la Declaratoria de Monumentos Históricos a 150 bienes inmuebles ubicados en la cabecera municipal.

Asimismo, el diputado Tavo Magaña solicitó hacer un llamado a los titulares del Poder Ejecutivo del estado, de la secretaría de Gobierno, la secretaría Seguridad Pública, de la Policía Cibernética para que sumen y fortalezcan la ciberseguridad en salvaguarda de la integridad y salud mental de niñas, niños y adolescentes del estado.

Por último, la representante local Vanesa Escalante presentó su posicionamiento para reconocer la labor del personal durante la pandemia de COVID 19 y al mismo tiempo, para exponer el abandono del gobierno ante quienes para ellos en un momento fueron héroes y hoy son desempleados, refrendó su apoyo para hacer justicia.

Hay 100 contratos más en hospital de Zimapán

Comprensión, flexibilidad y dialogo pide el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera a profesionales que laboraron en los distintos Hospitales de Respuesta Inmediata y unidades de salud cuyo contrato concluyó el pasado 30 de junio.

El Secretario aseguró que, hay apertura para volver contratar a quienes ya cuentan con la experiencia en la atención a la COVID-19, misma que se ha visto manifiesta en diferentes mesas de trabajo con ex trabadores cuyos salarios eran solventados con recursos estatales extraordinarios.

Por ello, como parte de los acuerdos emanados de dichas mesas de trabajo, en donde estuvieron presentes las partes involucradas, se plantearon y aceptaron diversas alternativas que comprendían el análisis de los perfiles y la designación de nuevos contratos a Unidades de Primero (Centros de Salud) o Segundo Nivel de Atención (Hospitales), en donde existieran vacantes o se requiriera personal.

El titular de los Servicios de Salud recordó que, pese a que los contratos son finitos, no se ha desamparado a quienes estuvieron frente a la pandemia, por lo que, se mostraron todas las posibilidades mismas que, fueron aceptadas o rechazadas por los inconformes según sus intereses.

En ese sentido ejemplificó que de los 693 profesionales que concluyeron su relación laboral con Servicios de Salud el pasado 30 de junio, a la fecha han sido contratados 296, y 299 más se encuentran en espera de vacantes. De estos trabajadores, 14 médicos especialistas ya fueron notificados de su situación laboral, en donde 12 ya fueron contratados y dos más están por firmar su nuevo contrato cuya rectoría corresponderá al INSABI.

Así mismo, comento que afortunadamente 98 ex trabajadores cuentan con empleo en otras instituciones del Sector Salud, lo que les permite contar con otra fuente de ingresos.

Por lo anterior, aseguró que quienes se manifestaron en la sede del Congreso local, tienen las puertas abiertas de la Secretaría para dar seguimiento a su caso, sin embargo insistió, en que en este momento, no será posible crear vacantes donde no las hay, por lo que las propuestas laborales pueden ser en lugares donde anteriormente no se desempeñaban, dijo “En este momento tenemos 100 contratos inmediatos en el Hospital de Zimapán para quien quiera tomar esta alternativa”, por lo que insistió a no cerrar el dialogo y aceptar las vacantes que han sido presentadas.

Con fecha 11 de julio tuvo verificativo la sesión ordinaria número 72 de la LXV Legislatura, en la cual se presentaron 14 iniciativas para modificar las leyes de Desarrollo Metropolitano, Adultos Mayores, Derechos y Cultura Indígena, Juventud, Obras Públicas, Familia, Protección del Medio Ambiente, Trabajadores al Servicio de los Gobiernos, Orgánica Municipal y del Poder Legislativo. 

Asimismo, se aprobaron seis dictámenes en pro de la integridad de los animales, los derechos de las mujeres, el voto informado, la juventud y la seguridad pública; y además, se presentó una propuesta de exhorto para la presidenta municipal de Tianguistengo. 

En su participación, el diputado Julio Valera propuso reformar la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano, en busca de generar y actualizar los temas en la elaboración de una Agenda, para que se construyan políticas públicas que permitan a los municipios participar en el cumplimiento de los objetivos de sus planes de desarrollo.

Por su parte, la legisladora Elvia Sierra presentó la iniciativa para armonizar la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de cultura, con la finalidad de implementar las medidas que aseguren su acceso preferencial a bienes y servicios culturales.

Enseguida, el congresista Toño Hernández expuso el documento que llama a adicionar un artículo a la Ley Orgánica Municipal, con el objeto de que la Contraloría tenga a una persona cuyo nombramiento deba realizarse en los términos a que alude esta Ley, y el titular se sujetará a los principios previstos en la legislación en materia de responsabilidades administrativas. 

Posteriormente, la diputada Rocío Sosa hizo uso de la tribuna con el propósito de garantizar la totalidad de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a través del reconocimiento del derecho al acceso efectivo a servicios sociales básicos, esto por medio de la Ley de Derechos y Cultura Indígena.

Continuamente, el diputado Toño Hernández y la diputada Elvia Sierra subieron a la tribuna para externar el proyecto cuya intención es incorporar a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores el derecho a la información plural, oportuna y accesible de este grupo.

El congresista Andrés Caballero trabaja en una armonización en la Ley Orgánica del Poder Legislativo respecto de la integración de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y su definición, con relación a la normatividad aplicable en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En su turno, la diputada Michelle Calderón propuso modificar la Ley de la Juventud del estado para generar y promover mecanismos y sistemas efectivos de participación de las juventudes en los planes y programas municipales, y así, fortalecer la política estatal en esta materia.

Nuevamente, el legislador Toño Hernández se pronunció para plantear la reforma a la Ley Orgánica Municipal, y así lograr que la Comisión de Asuntos Metropolitanos se encuentre puntualmente establecida dentro de la Ley, y de esta manera, se responda y atienda al nuevo reto que enfrentan los gobiernos subnacionales.

Con posterioridad, Juan de Dios Pontigo diputado de esta Legislatura, expuso el documento que motiva la actualización del marco normativo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, en materia de alianzas productivas de inversión, así como en las sanciones de los servidores públicos que infrinjan las disposiciones que esta misma establece.

Asimismo, la legisladora Erika Rodríguez busca establecer en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las acciones que beneficien a los infantes de entre los cero y cinco años de edad, como sujetos que gocen de derechos y atenciones especiales requeridas en la primera infancia para una vida digna.

La congresista Marcia Torres presentó el planteamiento para armonizar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos con la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del estado, para establecer diversos conceptos y disposiciones, además del uso de residuos sólidos urbanos para aprovechar la materia orgánica en procesos de generación de energía.

Por otra parte, la legisladora Sharon Macotela puso a consideración del pleno regular las disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para lograr mejorar su calidad de vida, con la puesta en práctica de políticas y programas que permitan un tránsito digno de la persona en pro del envejecimiento.

Las diputadas Carmen Lozano y Tania Valdez llamaron a adicionar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente los instrumentos económicos que estén orientados a generar equidad social y perspectiva de género e interculturalidad sobre la distribución de costos y beneficios que posean los objetivos de la política ambiental local.

Después, el legislador Ángel Tenorio externó que pretende corregir la Ley de los Trabajadores al servicio de los gobiernos estatal y federal, así como de los Organismos Descentralizados para incluir los términos de identidad de género, expresión de género, orientación sexual y características sexuales.

Más adelante, se aprobó con 22 votos incorporar en el Código Civil del estado el celebrar asambleas mediante el uso de videoconferencias, lo que permitirá se desarrollen actividades que atiendan la problemática que existe en las personas morales civiles.

También se validó con 20 sufragios realizar los cambios en la Constitución local, para establecer la obligación de los habitantes a respetar la vida y la integridad de los animales, en términos de lo establecido en las normas jurídicas de la materia. 

21 integrantes del pleno votaron a favor para reformar la Ley de Población para que se amplíen las capacidades de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.

Se aprobó con 22 sufragios adicionar al Código Electoral del Estado los mecanismos de transparencia, anticorrupción, control y confianza que deban atender las candidatas y los candidatos, a fin de que la ciudadanía pueda emitir un voto informado. 

Además, se validó con 21 votos incluir el Premio Estatal de la Juventud en el cuerpo de la Ley de la Juventud de la entidad, como una motivación de superación personal y pueda considerarse ejemplo de buenas prácticas en el ámbito social y comunitario.

20 diputadas y diputados votaron para reformar la Ley de Seguridad Pública y la Ley Orgánica Municipal, y de esta manera, sea obligatorio un régimen complementario de seguridad social para que cada integrante de los cuerpos policiacos goce de prestaciones que les otorguen certidumbre y realicen sus actividades con mayor convicción y eficacia.

Igualmente, con 21 sufragios, se aprobó el acuerdo económico para que se formule la iniciativa que adiciona el derecho a la adopción de los infantes en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por otra parte, se realizó la propuesta de exhorto por parte de la diputada Marcia Torres, dirigido a la presidenta municipal de Tianguistengo para que se pronuncie y dé respuesta a las peticiones ciudadanas en materia de monumentos, bustos, placas y nomenclaturas.

Para finalizar, la diputada Lisset Marcelino intervino para hacer mención sobre los cambios que habrá al inicio del nuevo gobierno y resaltó que esta administración actuará con transparencia para no defraudar la confianza del pueblo.

Después de una persistente lucha por parte del Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo en Hidalgo, Osiris Leines, el día de hoy en sesión de pleno del Congreso del Estado de Hidalgo se aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 50 bis a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo. La labor realizada por las y los policías es esencial para el desarrollo de nuestras vidas en sociedad, de la manera en la que se realice su trabajo, se refleja en el tipo de calidad de vida que tenemos nosotros los hidalguenses, a su vez esta misma labor vuelve vulnerables a las y los agentes de seguridad pública.

Por esta razón se establece la adicción al artículo 50 bis con finalidad de establecer como obligatorio un régimen complementario de seguridad social dentro de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, para que cada integrante de los cuerpos policiacos estatales y municipales gocen de los derechos como lo son: un fondo de ahorro, seguro de vida, créditos hipotecarios y de corto plazo, gastos funerarios, en caso de fallecimiento por motivo de ejercicio de sus funciones y seguro educativo para dependientes económico, por muerte o permanentemente.

Derivado de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública para Hidalgo 2021, el 24.1% de los hogares, tuvo al menos una víctima de delito en 2020, lo que se traduce en un costo en consecuencia de la inseguridad y el delito 5 mil 358.3 millones de pesos para el Estado Hidalgo y para los hogares, las medidas preventivas costaron un estimado de 2 mil 622.3 millones de pesos, para las familias hidalguenses. Así mismo, el luchador social Osiris Leines menciono: ” Las y los policías salen de sus casas, sin saber si van a regresar y por ello el Estado debe velar por ellos, que cuenten con condiciones mínimas de seguridad, para poder desempeñar su labor con base a la ley y con profesionalismo”.

De esta manera, el legislador Osiris Leines reafirma su compromiso de velar por la seguridad Pública de las y los Hidalguenses, así como de los cuerpos policiacos, buscando un trato digno y justo, resaltando la importancia de las y los funcionarios de seguridad pública que conllevan a realizar su lucha diaria contra el crimen, que en muchas ocasiones se encuentra mejor organizada y armada que ellos. Con la aprobación de esta iniciativa, el Estado de Hidalgo se suma a otras siete Entidades Federativas, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Tabasco, Yucatán y Veracruz, que han incorporado dentro de sus legislaciones un régimen complementario de Seguridad Social, lo que se traducirá en una mejor seguridad pública y mayor bienestar social, el decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil veintitrés