Hay actos políticos que buscan convencer y actos que buscan demostrar. El informe de rendición de cuentas que la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución perteneció, sin ambigüedad, a la segunda categoría. La convocatoria a la Plaza de la República y en las plazas públicas del país buscaba algo más que enumerar logros, programas, obras o cifras; pretendía medir el capital social de un movimiento que sigue apostando por la calle como fuente de legitimidad. Morena no convocó a un informe, convocó a una demostración de vigor institucional en un momento en que varios de sus flancos acusan fisuras.

El dispositivo fue quirúrgicamente deliberado en su arquitectura. El evento se transmitió de manera simultánea en las plazas públicas de las 32 entidades del país, con los gobernadores morenistas enlazados  en cadena para exhibir presencia territorial. Gobernadores y gobernadoras hicieron un enlace al Monumento a la Revolución para mostrar cómo se concentraba la gente en sus estados para seguir la “Rendición de Cuentas”. El formato supone que la suma de treinta y dos plazas medianas equivale, en términos de narrativa, a una mayoria ciudadana decantada por la 4T. La operación es inteligente, aunque no infalible,  multiplicar los escenarios dispersa también la lectura crítica de cada uno.

La principal avenida del corazón de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, se encontraba cerrada por centenares de personas que avanzaban hacia el Monumento a la Revolución, y el lugar se encontraba abarrotado. Los asistentes llegaron de distintas entidades, ondeando banderas de México, de sindicatos, alcaldías y diversas entidades del país. La imagen era poderosa.

En lo discursivo, la Presidenta Sheinbaum apostó por dos ejes dominantes. El primero fue el recuento de resultados: informó que se aprobó la semana laboral de cuarenta horas y destacó que los programas de bienestar alcanzarán al cierre de 2026 a más de 42 millones de derechohabientes, con una inversión de un billón 300 mil millones de pesos canalizados a través del Banco del Pueblo, entre otros. El segundo eje, más urgente desde la lógica política, fue la soberanía. La presidenta defendió la soberanía nacional y advirtió que permitir la intervención de otros países en asuntos internos equivale a una injerencia, subrayando que México es un país libre, independiente y soberano. Cuestionó si algunas posturas provenientes de Estados Unidos responden realmente al combate del crimen organizado o a intereses políticos de sectores de la ultraderecha estadounidense de cara a las elecciones de 2027 y 2030. La retórica soberanista es, en circunstancias como ésta, un recurso eficaz para cerrar filas hacia adentro y justificar, hacia afuera, decisiones que de otro modo resultarían costosas de explicar.

El contexto inmediato lo exigía. La operación realizada buscaba cercanía sin exhibir los viejos rituales de movilización masiva; Morena puso en practica otra forma de medir músculo territorial. El festejo cambiaba de formato, no de fondo. Esa es la lectura que debe prevalecer. El partido gobernante no renuncia a la calle, pero aprende a dosificarla. Sustituye la concentración única y colosal por una red de plazas controlables, donde el fracaso parcial de una no compromete el relato global.

El Monumento a la Revolución albergó este domingo un acto de poder. Si fue también un acto de fe colectiva genuina, eso lo dirán las urnas en 2027, no los contingentes del domingo.

A puro grito, declaraciones que distorsionan la realidad y movilización de acarreados pretenden resolver los problemas del país y de Hidalgo, no creo que lo logren. 

Con motivo de los dos años del triunfo y llegada de la primer mujer presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo obligó al desplazamiento de funcionarios y uno que otro civil a concentrarse en 32 plazas públicas, entre las cuales la plancha de cemento frente al Palacio de Gobierno de Hidalgo fue una de estas.

Son descarados y sobra decir cínicos en cuanto a la movilización de autobuses para que llegará la audiencia voluntariamente a fuerza en domingo y que estuvo a pleno sol viendo la transmisión virtual.

Hidalgo cerró la semana con un escándalo mediático en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, el encargado del despacho de ésta, Francisco Fernández Hasbun, figura tan desgastada lleva junto con su antecesor abonando a perder la credibilidad sobre la supuesta justicia versión 4T.

Otro escándalo silencioso es el de Juan Carlos Martínez Domínguez, para unos prestanombres de los empresarios-gobernadores y para otros un exitoso emprendedor que surgió de la nada a flamante millonario.

Presente no solo dentro del organigrama del actual gobierno de la 4T, también en compañías con jugosos contratos adjudicados desde el Poder Ejecutivo estatal, vaya sello de “no somos iguales”.

A nivel federal rebasamos el mes inmersos en una crisis bilateral con Estados Unidos y suponen que el pueblo bueno y sabio olvidará, y creerá ciegamente en el discurso oficial de defender la patria.

En Hidalgo, están saliendo a relucir las corruptelas del primer piso de la cuarta transformación y no pasa nada, en el discurso oficial desvían los temas.

Sin embargo, ambos tienen la similitud: va en caída libre su movimiento de regeneración debido a las agravantes cometidas por quienes prometieron no repetir el pasado.

Mejor pónganse a leer y analizar la Encuesta sobre calidad e impacto gubernamental que acaba de publicar el INEGI y convoquen a la movilización social para resolver juntos los problemas y no andar enfrentando a la población entre sí.

DE MIS TREBEJOS

No veo a la diputada federal por Actopan y exalcaldesa de ese municipio, Tatiana Tonatzin P.Ángeles Moreno defender su promesa en materia de vivienda hecha a los trabajadores de dicho ayuntamiento y sí, junto con su enemiga Imelda Cuellar, sepultar sus palabras con basura que depositan en el terreno donde se iban a construir. Tampoco los funcionarios levantan la voz, quizá por temor a perder sus fuentes laborales 

Estaremos al pendiente, si un grupo de alcaldes hace llegar un documento a la Presidencia de la República sobre supuestas intimidaciones y torturas de la cuales han sido objeto, especialmente si incluyen nombres de los presuntos culpables. 

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 Actualmente estamos viviendo en nuestro país una guerra intestina para posicionar la narrativa de que algunos mandatarios emanados de Morena tienen nexos con la delincuencia organizada, esta guerra se ha trasladado mayormente al terreno digital, los 99 millones de usuarios activos representan el 74.9% de la población total en México.

Hay algo perturbadoramente simétrico en el argumento que circula con insistencia entre los voceros del partido gobernante, la oposición opera con bots, se reciclan narrativas de los medios criticos y los independientes rematan sin decoro en una operación coordinada para destruir a la Cuarta Transformación. El argumento no es, en su totalidad, falso. Pero su verdad parcial es precisamente el instrumento de su falsedad mayor.

Comencemos por lo que es cierto. Las redes sociales sí se prestan a la coordinación artificial de narrativas. Los bots existen, los trolls existen, y las campañas de descrédito financiadas con dinero privado, con dinero público o con ambos, son una realidad documentada en democracias de todo el mundo. México no es la excepción, y la oposición tradicional, fragmentada y sin proyecto, ha recurrido al escándalo mediático como sustituto del programa político. Ciertos actores repiten palabras como “narco”, “dictadura” o “crisis” en una cadencia que sugiere coordinación.

Hasta ahí llega la parte sólida del argumento de quienes señalan y generalizan. Lo que sigue es donde la narrativa oficial colapsa sobre su propio peso. La tesis de que toda crítica es operación coordinada, de que todo periodismo incómodo es desinformación y de que toda voz disidente responde a un “bloque” orquestado desde el exterior no es análisis de comunicación política, es el manual clásico de la descalificación autoritaria. Lleva el nombre de quienes lo formularon, de Harold Lasswell a Jacques Ellul, y antes que ellos lo practicaron con maestría los regímenes que menos le gustaría evocar a la 4T.

El problema estructural del argumento es epistemológico, hace imposible la refutación. Si cualquier crítica puede ser catalogada como operación de guerra psicológica, ninguna crítica puede ser legítima. Si toda cuenta que usa la palabra “narco” es un bot coordinado, entonces el periodismo de investigación que documenta vínculos entre crimen organizado y funcionarios electos queda automáticamente descalificado antes de ser leído. Ese es el objetivo real del mensaje, no el análisis del contenido en las redes sociales.

Hay además una ironía, la acusación de coordinación artificial se difunde, ella misma, con una cadencia y uniformidad que resulta difícil atribuir a ciudadanos espontáneamente indignados. El mismo texto, las mismas frases, los mismos hashtags, los mismos patrones de publicación en cuentas afines al gobierno. La fábrica del consenso que describen medios que publican, bots que replican, influencers que viralizan, es exactamente el circuito que utilizan para posicionar la narrativa de que no existe tal circuito del lado oficial. 

Edward Bernays, el fundador moderno de las relaciones públicas, lo dijo con descarnada claridad: el verdadero poder no está en convencer a las masas de una idea, sino en convencerlas de que la idea que les conviene al poder es la idea que ellas mismas tuvieron. La operación que se denuncia es, con una precisión casi pedagógica, la operación que se ejerce.

Esto no rehabilita a la oposición ni absuelve a los actores que sí operan con mala fe. Significa que el debate sobre la calidad de la conversación pública en México requiere honestidad de todas las partes. Un gobierno que controla presupuestos de comunicación social que históricamente han servido para premiar coberturas favorables y castigar las incómodas no puede erigirse en árbitro de la autenticidad informativa. Un partido que ha construido su base de influencia digital sobre estructuras de amplificación colectiva no puede presentarse como víctima de la propaganda coordinada. 

La guerra psicológica digital existe. La manipulación algorítmica existe. La información falsa existe. Pero el antídoto no es la contrapropaganda gubernamental disfrazada de análisis crítico en medios afines. El antídoto es la ciudadanía informada, el periodismo independiente con estándares verificables y las instituciones autónomas capaces de regular sin obedecer. Tres cosas que, en México, a mi parecer permanecen amenazadas desde múltiples frentes.

Cuando el poder acusa a sus críticos de hacer exactamente lo que él practica, no estamos ante un ejercicio de transparencia, estamos ante el gesto más viejo de la política. Conviene llamarlo por su nombre.

El concepto de "crear ciudadanía" por parte de Morena es un tema de intenso debate en México, con posturas polarizadas que lo ven,  ya sea como un proyecto legítimo de transformación social,  o como una estrategia clientelar de control político 

Recolecté en diversos medios impresos y electrónicos, algunos  los principales argumentos de ambas perspectivas que ahora sintetizo para el lector. 

Quienes defienden las acciones del partido en el Poder, argumentan que sí existe un esfuerzo real por construir una nueva ciudadanía a través de los siguientes mecanismos:

Inclusión social.

Los programas sociales universales buscan dar autonomía económica a sectores históricamente vulnerados. 

Justicia distributiva.

Se promueve la idea de que los apoyos económicos son derechos constitucionales y no dádivas gubernamentales.

Politización de la base.

Se fomenta la participación y el interés de las clases populares en las decisiones públicas del país. 

Democracia directa.

El impulso a mecanismos como la revocación de mandato o las consultas populares busca empoderar al ciudadano frente a los gobernantes.

Por otro lado, los críticos, opositores y diversos analistas políticos sostienen que el concepto se utiliza como una fachada para consolidar el poder del partido, señalando que todo es un andamiaje de clientelismo electoral. 

Los programas sociales masivos se utilizan para generar dependencia económica y asegurar votos en las urnas. 

Erosión institucional.

La narrativa oficial debilita a los organismos autónomos (como el Instituto Nacional Electoral (INE), o el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que garantizan los derechos ciudadanos frente al Estado.

Polarización social.

Se critica que el discurso oficial divide a la población entre "el pueblo bueno" y los adversarios, fragmentando el tejido ciudadano.

Falta de pensamiento crítico.

También argumentan que se busca la lealtad ciega al proyecto de la "Cuarta Transformación" en lugar de un cuestionamiento ciudadano independiente

Aquí, unos unos pocos conceptos populares a favor y en contra de lo que para unos es transformación y para otros retórica.