La instalación de los consejos municipales y comités de Morena en Hidalgo enfrentan agrias críticas y tensiones internas.

A pesar de que la dirigencia estatal reporta el avance del proceso, las bases y diversos liderazgos locales manifiestan su inconformidad abiertamente. 

Las principales acusaciones y focos de conflicto refieren influyentismo porque hay imposición de perfiles y prácticas de favoritismo en la integración de las estructuras. Ante esto, el dirigente estatal del partido, Marco Antonio Rico Mercado, tuvo que hacer un llamado público para pedir que se formalicen las denuncias ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ). 

También hay acusaciones sobre la compra de voluntades y acarreo en municipios como Mineral de la Reforma.

En esas localidad, el proceso vive momentos críticos, incluyendo la suspensión previa de asambleas debido a escándalos.

Se denunciaron públicamente prácticas contrarias a los principios del partido, como el reparto de insumos a cambio de afiliaciones y votos para controlar los comités seccionales.

La toma de protesta de los consejos locales ocurre en medio de marcadas fracturas en varias secciones electorales.

Los choques entre facciones que buscan controlar los comités han provocado discusiones, interrupciones en las reuniones y llamados urgentes a la unidad por parte de la cúpula morenista, la cual insiste en que estas designaciones no aseguran candidaturas para futuros procesos. 

Las asambleas informativas y de organización continúan, pero el descontento de las bases persiste ante lo que consideran un alejamiento de la selección democrática interna.

A la menor provocación en cualquier municipio hay un estallido de inconformidad social y suena más recio cuando se trata de quienes se autodenominan de la cuarta transformación.

Hidalgo y sus habitantes cayeron en el juego de la polarización entre civiles, a propósito de que los tres niveles de gobierno son del mismo color, lo que le sirve de distractor a los gobernantes, una cortina de humo para no entrar en lo importante, lo sustancial, el fondo de la causa: la corrupción en sus filas de funcionarios. 

Estamos inmersos en una crisis de credibilidad en quienes detentan el poder político y están al mando de la administración pública, que con muchos errores, va saliendo adelante. 

Le faltan aproximadamente dos años y tres meses para concluir a los protagonistas del primer piso de la cuarta transformación en el estado; 1.3 años a los diputados federales y locales, así como a alcaldes, síndicos y regidores. 

No va ser fácil para los hidalguenses de a pie llegar a la mitad del 2026 porque habrá derroche del dinero público, no para obras ni acciones que solucionen problemas, sino para el 'desmadre' que nos hará olvidar , distraer, hasta agradecerles "por alejarnos de la realidad", dirán muchos.

Ese ha sido el sello de Morena.

A divertirse cada fin de semana en lo que llegamos al cinco de septiembre. Posteriormente arranca el calendario electoral. 

Para entonces, que la presión en el entorno político-narco-gubernamental haya disminuido y que estos largos 24 días que faltan para el torneo FIFA 2026 ya no traigan más investigaciones contra los militantes del partido político guinda. 

DE MIS TREBEJOS

El sábado me contó un actopense que le llamó vía telefónica una mujer de una encuestadora. Lo destacado e inverosímil para él, que le preguntaron si está a favor de la reelección de Tatiana Tonatzin P.Ángeles Moreno como diputada federal; de Miguel Moreno Zamora a la curul local, y la peor de las tres preguntas en ese sentido, la de Imelda Cuellar a la presidencia municipal.

Lo sucedido al Mirrey de Pachuca, es la realidad que se vive en Hidalgo: alcaldes que gobiernan en el mundo virtual, porque en el real no dan una y así andan pensando en competir en el 2027.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

X: @elsotanocolumna

Facebook: Noticias de Hidalgo Multiplataforma

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar endureció las acciones de su política de seguridad pública e instruyó “cero tolerancia” a la corrupción policial, el equipamiento masivo de las corporaciones y el combate frontal al crimen organizado. 

El mandatario estatal sostiene firmemente que en Hidalgo la aplicación de la ley es imparcial y se castiga a los delincuentes "trátese de quien se trate".

La reciente detención de elementos policiales y la captura del director y subdirector de Seguridad Pública de Tezontepec de Aldama bajo acusaciones directas de narcomenudeo, son la punta de lanza de una operación “limpieza” que continuó en Progreso de Obregón con el arresto de nueve policías investigados por lesiones y homicidio doloso.

En varios medios de comunicación, el gobernador rechazó tajantemente que esa detenciones obedezcan a persecuciones políticas o partidistas. 

Menchaca Salazar detalló que la conectividad del estado atrae a delincuentes que intentan evadir la justicia, lo que trae como consecuencia, detenciones prioritarias.

Las autoridades de seguridad coinciden en que existe una “Alerta preventiva” en Hidalgo, que es una advertencia previa por repuntes específicos en la tasa de homicidios en zonas colindantes al Estado de México, principalmente.

En cuanto a la seguridad en carreteras locales hay una negativa oficial a las denominadas “alertas de viaje internacionales”, con base en el argumento de que Hidalgo permanece bajo condiciones de tranquilidad y atractivo para la inversión lícita

Por su parte, el y titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Salvador Cruz Neri, mantiene sintonía a la política de mano dura, orientada a la erradicación de mala prácticas locales. 

Recientemente, el secretario instruyó la destitución de mandos ineficientes y reforzó la acción de intolerancia a la corrupción.

El mes pasado, Cruz Neri lanzó una advertencia pública al mando coordinado municipal de Pachuca y acordó con el alcalde Jorge Reyes, cambios en el área de seguridad debido al repunte delictivo y presuntas anomalías operativas.

El secretario de Seguridad patentizo su descontento ante la falta de respuesta y nula coordinación por parte del ahora ex jefe policial de Pachuca, Juan Manuel Ayala Guarro.

Pero el secretario no se detuvo ahí, casi inmediatamente después de resolver en Pachuca el cambio de estafeta policial, ordenó revisiones en Mineral de la Reforma y otras demarcaciones metropolitanas tras recibir constantes quejas ciudadanas por detenciones arbitrarias y extorsión a transportistas. 

También ordenó ejecutar relevos inmediatos de mandos locales para romper inercias viciosas y evitar compromisos delictivos en los municipios.

Derivado de este modelo se conoció el arresto directo y puesta a disposición de elementos estatales (como los capturados en la carretera Pachuca–Tulancingo) imputados por despojar de de dinero en efectivo a automovilistas.

Cruz Neri reportó que bajo su gestión, el 98.7 por ciento de la Policía Estatal ya cuenta con Certificado Único Policial (CUP).

Igualmente, se aceleró la baja de agentes que reprobaron controles de confianza.

Existe una frase que en la comunicación política se repite con frecuencia pero se practica con escasez; “La comunicación no es lo que dices, sino lo que el otro entiende”. Actualmente, esa máxima ha dejado de ser un mero consejo retórico para convertirse en un imperativo. El paradigma cambió. No con la parsimonia característica de la burocracia sino con la contundencia de una ruptura. Y ante esa ruptura, la pregunta no es si los gobiernos deben adaptarse, eso ya no está en discusión, sino cómo hacerlo con convicción y resultados verificables.

Durante décadas, la comunicación gubernamental operó bajo la lógica del evento impecable, el slogan de sala de juntas y la imagen pulida hasta el milímetro. Esa arquitectura funcionaba cuando los medios tradicionales actuaban como filtros controlables. Ese ecosistema ya no existe, y pretender sostenerlo es desperdiciar recursos públicos en mensajes que el ciudadano, familiarizado por años de promesas incumplidas, descifra con rapidez y descarta con desconfianza.

El camino es abandonar el marketing político de fachada, lo que no implica renunciar a la comunicación estratégica. Implica reorientarla. Un gobierno puede, y debe, ser estratégico en sus mensajes, siempre que esa estrategia parta de una premisa diferente, la autenticidad no es debilidad comunicacional; es, en este momento histórico, la ventaja competitiva más poderosa que un funcionario puede cultivar.

Reconocer públicamente que una obra se retrasó, explicar con honestidad por qué, y comunicar el nuevo plazo con precisión no destruye la imagen gubernamental. La reconstruye sobre bases sólidas. Los ciudadanos no esperan perfección; esperan honestidad.

El social listening, la escucha activa y sistemática de lo que la ciudadanía expresa en redes, foros, grupos de WhatsApp y plataformas digitales, sigue siendo en la mayoría de las variadas areas gubernamentales una herramienta de monitoreo de crisis. Lo que ya es un desperdicio estratégico de primer orden.

Bien diseñada, la escucha social puede convertirse en un sistema de alerta temprana para la política pública; identificar dónde falla un programa antes de que el fracaso sea visible y se vuelva escándalo, detectar qué problema público no está siendo nombrado desde las instituciones, reconocer qué la angustia cotidiana, el desabasto, el corredor inseguro, la ventanilla que no responde,  merece una acción concreta antes de convertirse en estallido.

La propuesta operativa es directa, cada oficina de comunicación social debería contar con un protocolo formal de escucha ciudadana que no termine en el reporte semanal de métricas, sino que alimente, con mecanismos claros y plazos definidos, la agenda de las dependencias responsables. Escuchar sin cauce institucional es un gesto vacío. Escuchar con capacidad de respuesta es gobernanza.

Una comunicación gubernamental que habla con un solo tono para todos sus interlocutores no comunica, transmite. Y la transmisión, en un entorno de saturación informativa, simplemente no llega.

La solución no es complicada en su lógica, aunque sí en su ejecución. Una misma política pública puede y debe comunicarse en formatos distintos según el interlocutor. El video corto que explica en lenguaje llano el beneficio de un programa social, el hilo con datos duros para quien quiere profundidad, la reunión comunitaria para quien prefiere la voz y la presencia física. No son contradicciones; son capas del mismo mensaje verdadero, adaptadas a quien necesita recibirlo.

Esto exige equipos de comunicación con capacidad creativa real, no solo operativa. Y exige también la voluntad política de invertir en esa capacidad como se invierte en infraestructura: porque los rendimientos, aunque menos visibles en el corto plazo, son igualmente estratégicos.

La inteligencia artificial ha llegado a la comunicación gubernamental de forma inevitable. Y con ella, una paradoja que conviene nombrar: a mayor sofisticación tecnológica para segmentar y personalizar mensajes, mayor es la demanda ciudadana de autenticidad humana.

La IA puede optimizar tiempos de publicación, analizar tendencias, segmentar audiencias y generar insumos. Lo que no puede replicar es la empatía que surge cuando un servidor público mira a los ojos a quien padece un problema y asume, con honestidad, la responsabilidad de resolverlo.

Usar la inteligencia artificial para hacer más eficiente la comunicación, pero brindar el toque humano en cada punto de contacto que realmente importa. La credibilidad, el activo más escaso y más valioso de la política contemporánea, no se genera con algoritmos. Se genera con coherencia entre el discurso y la acción, y con la disposición genuina a corregir el rumbo cuando la evidencia lo exige.

La pieza final, y la más exigente es también la más transformadora. La comunicación política se legitima o se deslegitima en el terreno de las acciones concretas. No basta con escuchar con atención ni con comunicar con habilidad si el circuito no cierra en política pública verificable.

Dar cauce institucional al sentir ciudadano no es populismo reactivo. Es el ejercicio maduro de la responsabilidad del servicio público, identificar la demanda legítima, procesarla con rigor institucional, traducirla en acción pública medible y comunicar ese proceso, con sus avances, sus obstáculos y sus correcciones con la misma transparencia con que se escuchó la queja original.

Ese ciclo virtuoso es perfectamente construible. Requiere voluntad política, estructuras de comunicación con atribuciones claras, mecanismos formales de retroalimentación y, sobre todo, la convicción de que gobernar bien y comunicar bien no son tareas separadas: son las dos caras del mismo compromiso con la ciudadanía.

Los gobiernos que entiendan eso no solo comunicarán mejor. Gobernarán mejor. Y esa diferencia, al final del día, es la única que verdaderamente importa.