Huasca de Ocampo, Hidalgo. — Habitantes y representantes de núcleos agrarios de la región de Huasca señalan una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el Rancho Santa Elena, las cuales involucran afectaciones al patrimonio forestal, el aprovechamiento de recursos hídricos y posibles invasiones de terrenos ejidales. 

Entre los principales señalamientos destaca la presunta devastación forestal registrada durante más de cuatro décadas dentro del perímetro del Rancho Santa Elena, donde, de acuerdo con las denuncias, se habría utilizado maquinaria pesada para realizar actividades de tala indiscriminada, ocasionando daños prolongados a los ecosistemas y recursos naturales de la zona. 

Otro de los puntos de mayor preocupación corresponde al manejo y aprovechamiento del agua de la Presa San Carlos, infraestructura que abastece de agua para riego a diversos núcleos ejidales ubicados en la parte baja de Huasca.

Aseguraron que la administración del Rancho Santa Elena tendría control sobre el recurso hídrico y realizaría su aprovechamiento sin contar, presuntamente, con la concesión correspondiente, situación que podría afectar el acceso y la distribución equitativa del agua entre las comunidades beneficiarias. 

A estas problemáticas se suman denuncias por el presunto despojo y apropiación irregular de extensiones de tierra pertenecientes a distintos núcleos agrarios colindantes con el rancho. 

Los ejidos señalados como posibles afectados son:

Puente de Doria, Totoapa, San Dionisio, El Susto y Santo Domingo. 

La situación genera preocupación por las posibles afectaciones al patrimonio de las comunidades agrarias, así como por el impacto que estas prácticas podrían tener en la conservación ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales de la región. 

Ante este escenario, resulta necesario que las autoridades competentes en materia agraria, ambiental y de administración del agua realicen las investigaciones y verificaciones correspondientes, a fin de esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y, en su caso, garantizar la restitución de los derechos de los núcleos ejidales afectados. 

La protección del territorio, los recursos naturales y los derechos agrarios requiere atención institucional, transparencia y certeza jurídica para las comunidades de la región de Huasca.