La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo que preside la Mtra. Ana Karen Parra Bonilla, realizó la publicación del Informe Anual de Centros de Reinserción Social y de Internamiento para Adolescentes 2025, así como el Informe Anual de Áreas de Detención Municipal en el Estado de Hidalgo 2025.
El primero presenta un análisis integral sobre las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad (PPL) en los Centros de Reinserción Social de Hidalgo, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y el fortalecimiento de la reinserción social. Se trata de un instrumento para conocer, evaluar y fortalecer las condiciones estructurales y operativas de estos espacios, incluido el Centro de Internamiento para Adolescentes. El documento analiza dimensiones clave como infraestructura, personal, gobernabilidad, salud, educación, programas de reinserción y atención a grupos de atención prioritaria.
Una novedad para la emisión de este año es la incorporación de una herramienta de semaforización que se estructuró con tres criterios de valoración:
En cada recuadro de la matriz de semaforización se incluyeron observaciones cualitativas, distinguiendo entre Buenas prácticas: Aspectos que evidencian acciones correctas, cumplimiento normativo y protección efectiva de derechos. Áreas de oportunidad o deficiencias: Elementos que requieren atención, corrección o fortalecimiento para garantizar la protección integral de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Por otro lado, el Informe Anual de Áreas de Detención Municipal (ADM) en el Estado de Hidalgo 2025 permite contar con información actualizada, objetiva y verificable sobre las condiciones reales en que operan las ADM en los diversos Ayuntamientos; así mismo, analiza la actuación de las autoridades responsables de la Seguridad Pública y del aseguramiento de personas. Este ejercicio permite identificar deficiencias estructurales, vacíos normativos, riesgos persistentes y áreas de oportunidad que deben ser atendidas mediante acciones institucionales coordinadas; a la par, también evidencian los avances y buenas prácticas que se han generado en cuanto al tema. Dicho informe fue realizado a través de la aplicación de instrumentos técnicos de evaluación, visitas de supervisión, entrevistas, revisión documental y análisis normativo; se analizan aspectos clave como infraestructura, condiciones de higiene, ventilación, iluminación, acceso al agua potable, servicios sanitarios, alimentación, atención médica, uso de registros, control de ingreso y egreso, comunicación con familiares; así como, sobre el conocimiento y aplicación de Protocolos de Actuación por parte del personal de Seguridad Pública.