“El magisterio es la base que sostiene el aprendizaje, impulsa el desarrollo y acompaña la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes. El Estado tiene la obligación de corresponder a esa entrega con justicia, respeto y condiciones de certeza”, afirmó la diputada federal de Morena, Mirna Rubio Sánchez.

Con esa convicción, la legisladora presentó una iniciativa para adicionar el Artículo 115 Bis a la Ley General de Educación, con el propósito de reconocer en la legislación el principio de presunción de inocencia como garantía esencial en favor del personal docente en cualquier procedimiento administrativo o señalamiento, de manera que ninguna maestra, maestro o trabajador de la educación sea tratado como responsable sin una investigación previa, objetiva y sustentada en evidencias.

Rubio Sánchez destacó que la vigencia plena de la presunción de inocencia contribuye a fortalecer la protección del interés superior de la niñez, puesto que obliga a las instituciones a actuar con rigor, profesionalismo y objetividad, diferenciando con claridad los señalamientos infundados de los hechos que realmente requieren intervención. Este equilibrio, afirmó, es indispensable para preservar la confianza de las comunidades educativas y asegurar que la respuesta del Estado sea proporcional, responsable y sustentada en hechos verificables.

La diputada explicó que diversos trabajadores de la educación han enfrentado procedimientos caracterizados por falta de claridad, ausencia de oportunidad para exponer su versión o decisiones adoptadas sin una valoración completa de los hechos. Estas situaciones, señaló, generan incertidumbre laboral y afectan la estabilidad de las escuelas, por lo que se vuelve necesario establecer un marco normativo que garantice procesos justos y que asegure que las autoridades educativas actúen con imparcialidad y apego a la legalidad.

“Ninguna persona puede ser considerada culpable sin pruebas. Ninguna acusación puede suplir una investigación responsable. Enseñar no debe convertirse en un riesgo, ni un señalamiento sin sustento debe vulnerar la trayectoria de quienes dedican su vida a educar. Defender a quienes educan es defender la educación misma”, expresó.

La iniciativa precisa que toda autoridad educativa deberá respetar de manera estricta el principio de presunción de inocencia, garantizar el debido proceso y conducir sus actuaciones con legalidad, imparcialidad y razonabilidad, asegurando simultáneamente la protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Este equilibrio, subrayó la diputada, es fundamental para sostener la confianza de estudiantes, familias y personal educativo en las instituciones responsables de la formación de las nuevas generaciones.

Rubio Sánchez reiteró que legislar en favor del magisterio no es un acto simbólico, sino un ejercicio de responsabilidad institucional: “La educación solo puede prosperar cuando las y los docentes cuentan con respeto, estabilidad y certeza, y cuando la niñez es protegida mediante procedimientos justos y decisiones fundamentadas en la verdad”.

Con esta propuesta, la diputada federal reafirma su compromiso de impulsar acciones legislativas firmes, sensibles y orientadas a fortalecer la educación mediante docentes protegidos, instituciones confiables y una niñez plenamente resguardada.