El Estado de Hidalgo se consolida como un referente a nivel nacional en transparencia y disciplina financiera.
Destaca principalmente por obtener el segundo lugar nacional en el Índice de Calidad de la Información (ICI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A nivel general, el manejo responsable de los recursos públicos y la fiscalización, instruidos por el gobernador Julio Menchaca, posicionó al estado en los primeros planos de confianza.
La empresa Ranking Mitofsky, presentó, esta misma semana, una evaluación de posicionamiento de los gobernadores y gobernadoras de México.
Julio Menchaca, se ubica en el primer lugar de la zona centro con 61.1 por ciento de aprobación; a nivel nacional alcanzó el cuarto sitio.
El aumento en los índices de aceptación al desempeño del gobernador hidalguense, también repercute en la aprobación de la ciudadanía a la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum que llegó a 79.5 por ciento.
El uso transparente de los recursos públicos genera en Hidalgo, según los sondeos de opinión, un clima de confianza en su gobierno.
Evaluaciones previas a la administración pública hidalguense, arrojaron calificación perfecta (100 puntos), en los rubros de consistencia de recursos transferidos y gestión de proyectos.
En otro escenario, las encuestas de percepción ciudadana (Arias Consultores), posicionan frecuentemente al gobierno estatal en el primer lugar nacional en percepción de combate a la corrupción y también en los primeros sitios de desempeño gubernamental.
Para lograr estos niveles de transparencia, el gobierno hidalguense desarrolló y aplicó diversas estrategias y obligaciones directas.
La Auditoría Superior de la Federación (ADF),emitió dictámenes sin observaciones económicas ni administrativas para el estado en la revisión de participaciones federales.
También, homologaron los procesos de transparencia y declaraciones patrimoniales (con un cumplimiento superior al 98 por ciento de los servidores públicos), utilizando un sistema digital que concentra la información de los tres poderes y los municipios.
La estrategia de transparencia involucró a dependencias locales, en conjunto con instancias como la Auditoría Superior del Estado (ASEH), quien auditó de manera continua el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de los 84 ayuntamientos.