Actualmente estamos viviendo en nuestro país una guerra intestina para posicionar la narrativa de que algunos mandatarios emanados de Morena tienen nexos con la delincuencia organizada, esta guerra se ha trasladado mayormente al terreno digital, los 99 millones de usuarios activos representan el 74.9% de la población total en México.
Hay algo perturbadoramente simétrico en el argumento que circula con insistencia entre los voceros del partido gobernante, la oposición opera con bots, se reciclan narrativas de los medios criticos y los independientes rematan sin decoro en una operación coordinada para destruir a la Cuarta Transformación. El argumento no es, en su totalidad, falso. Pero su verdad parcial es precisamente el instrumento de su falsedad mayor.
Comencemos por lo que es cierto. Las redes sociales sí se prestan a la coordinación artificial de narrativas. Los bots existen, los trolls existen, y las campañas de descrédito financiadas con dinero privado, con dinero público o con ambos, son una realidad documentada en democracias de todo el mundo. México no es la excepción, y la oposición tradicional, fragmentada y sin proyecto, ha recurrido al escándalo mediático como sustituto del programa político. Ciertos actores repiten palabras como “narco”, “dictadura” o “crisis” en una cadencia que sugiere coordinación.
Hasta ahí llega la parte sólida del argumento de quienes señalan y generalizan. Lo que sigue es donde la narrativa oficial colapsa sobre su propio peso. La tesis de que toda crítica es operación coordinada, de que todo periodismo incómodo es desinformación y de que toda voz disidente responde a un “bloque” orquestado desde el exterior no es análisis de comunicación política, es el manual clásico de la descalificación autoritaria. Lleva el nombre de quienes lo formularon, de Harold Lasswell a Jacques Ellul, y antes que ellos lo practicaron con maestría los regímenes que menos le gustaría evocar a la 4T.
El problema estructural del argumento es epistemológico, hace imposible la refutación. Si cualquier crítica puede ser catalogada como operación de guerra psicológica, ninguna crítica puede ser legítima. Si toda cuenta que usa la palabra “narco” es un bot coordinado, entonces el periodismo de investigación que documenta vínculos entre crimen organizado y funcionarios electos queda automáticamente descalificado antes de ser leído. Ese es el objetivo real del mensaje, no el análisis del contenido en las redes sociales.
Hay además una ironía, la acusación de coordinación artificial se difunde, ella misma, con una cadencia y uniformidad que resulta difícil atribuir a ciudadanos espontáneamente indignados. El mismo texto, las mismas frases, los mismos hashtags, los mismos patrones de publicación en cuentas afines al gobierno. La fábrica del consenso que describen medios que publican, bots que replican, influencers que viralizan, es exactamente el circuito que utilizan para posicionar la narrativa de que no existe tal circuito del lado oficial.
Edward Bernays, el fundador moderno de las relaciones públicas, lo dijo con descarnada claridad: el verdadero poder no está en convencer a las masas de una idea, sino en convencerlas de que la idea que les conviene al poder es la idea que ellas mismas tuvieron. La operación que se denuncia es, con una precisión casi pedagógica, la operación que se ejerce.
Esto no rehabilita a la oposición ni absuelve a los actores que sí operan con mala fe. Significa que el debate sobre la calidad de la conversación pública en México requiere honestidad de todas las partes. Un gobierno que controla presupuestos de comunicación social que históricamente han servido para premiar coberturas favorables y castigar las incómodas no puede erigirse en árbitro de la autenticidad informativa. Un partido que ha construido su base de influencia digital sobre estructuras de amplificación colectiva no puede presentarse como víctima de la propaganda coordinada.
La guerra psicológica digital existe. La manipulación algorítmica existe. La información falsa existe. Pero el antídoto no es la contrapropaganda gubernamental disfrazada de análisis crítico en medios afines. El antídoto es la ciudadanía informada, el periodismo independiente con estándares verificables y las instituciones autónomas capaces de regular sin obedecer. Tres cosas que, en México, a mi parecer permanecen amenazadas desde múltiples frentes.
Cuando el poder acusa a sus críticos de hacer exactamente lo que él practica, no estamos ante un ejercicio de transparencia, estamos ante el gesto más viejo de la política. Conviene llamarlo por su nombre.