Todavía no hay gobierno federal y estatal que realice una intervención quirúrgica en las corporaciones policiales a cargo de los municipios, ni lo habrá; primero estos dos niveles de la administración pública deben ser ejemplo de contar con uniformados confiables para la población y no estar al servicio del narco y el crimen organizado.

Mientras en Actopan la policía municipal no pudo evitar el linchamiento de un hombre con presunta trayectoria delictiva, en Tizayuca al parecer tres policías y el juez cívico del Centro de Justicia Cívica ubicado en Haciendas de Tizayuca, están relacionados con la investigación a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, que inició una carpeta de investigación por homicidio doloso en agravio de un civil que falleció en el Hospital General de Pachuca posterior a estar en manos de los que suponemos están para proteger a la gente de los malechores. 

Días antes de su muerte, el sujeto había publicado un video contando que sobornó a policías con $500 pesos para evitar su estancia en la barandilla; al enterarse los aludidos uniformados lo ubicaron posteriormente para detenerlo por supuestamente ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, lo trasladaron con el juez cívico, fue certificado por el médico en turno y fue entonces cuando lo golpearon los oficiales.

Sin fuerzas para sostenerse, terminó su infracción administrativa, el juez ordenó sacarlo y lo dejaron en la calle frente al Centro de Justicia Cívica en Haciendas de Tizayuca donde pasó la noche y al otro día la gente lo observó tirado en el suelo, por lo que llegó una ambulancia y lo trasladaron al Centro de Salud, pero no lo recibieron, y trasladado al Hospital General de Pachuca para ahí morir.

Sobre el caso, la novata presidenta municipal, Alyne Atilano Moreno, publicó un comunicado al respecto, 15 días después del deceso cuando tardíamente se enteró la prensa que lo difundió, por eso la reacción oficial.

En las filas de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, al mando de Salvador Cruz Neri, también hay malos policías que se reportan con el jefe; el delegado en Actopan ya cuenta con su video que lo haría ver como un delincuente.

Mejorar la seguridad para la población es el talón de Aquiles de los gobiernos y no hay justificación para la 4T: su primer piso se alzó en cimientos de una narcorrelación entre el gobierno federal y los capos, a nivel estatal Actopan y Tizayuca son alcaldesas emanadas de Morena, no es coincidencia es sinónimo de incapacidad, y Salvador Cruz sigue la misma línea: sus mandos coordinados forman parte del problema.

La impunidad sigue vigente como en tiempos del régimen anterior, ahí está Ramón Amieva que, denunciado por desviar recursos federales etiquetados para Seguridad Pública, siendo alcalde de Morena en Mixquiahuala, hoy lo “premiaron” con un cargo a nivel federal.

Y así seguiremos reproduciendo más historias de cómo los policías municipales son minimizados y fluyendo la corrupción en sus filas, ¿verdad Martín Sayago y Gerardo Hurtado, titular de la policía en Tizayuca y director, respectivamente?

El olor a podrido en las corporaciones policiales se ha normalizado, a un alto costo para la sociedad que votó por Morena, quienes creyeron en la cuarta transformación.

La marcha por la paz celebrada ayer domingo en Actopan simboliza ese hartazgo. La oficialidad la minimizara por el número de participantes y principal promotor; si de números hablamos hay 20 mil actopenses que no apoyaron en las urnas a la hoy alcaldesa Imelda Cuellar, como a su antecesora Tatiana Tonatzin P.Ángeles Moreno.

DE MIS TREBEJOS

El malogrado Mirrey que fue convertido improvisadamente en alcalde de Pachuca, no tiene el control ni gobierna, o acaso va despedir de su cargo a la hermana de la diputada local Liz Ordaz Rodríguez, la secretaria de Administración Evelyn, quien en un año no ha podido contar con un servicio de mantenimiento al parque vehicular por lo que las unidades no están en buenas condiciones y habría sido causa del incendio de una de esas la semana anterior.

La otra mitad del camino del gobernador Julio Menchaca se pronóstica difícil, la sociedad lo juzgará por su transparente desempeño frente a la catástrofe que dejó el huracán Priscila y que sus secretarios no caigan en la tentación de desviar los recursos a las empresas que surjan como proveedores de los materiales e insumos para la reconstrucción. 

¿Cuánto durará la economía de los hidalguenses para seguir donando víveres para los paisanos que perdieron su patrimonio, cultivos y bienes por las lluvias? Los gobiernos tendrán que apechugar lo que iban a desviar de dinero público o perderán en las urnas en el 2027 y 2028. El dolor no se va olvidar con un “no mentir, no robar ni traicionar al pueblo”.

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