El próximo domingo 1 de junio, Hidalgo será escenario de un proceso histórico: la elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, un ejercicio sin precedentes en México que busca transformar la manera en que se conforma el sistema de justicia. Este proceso, impulsado por la reforma constitucional promulgada en septiembre de 2024, plantea un cambio radical en la relación entre la ciudadanía y la impartición de justicia. Sin embargo, las repercusiones, el nivel de participación esperado y el impacto social y político de esta elección en Hidalgo generan tanto expectativas como preocupaciones.
La elección judicial en Hidalgo, donde se elegirán 30 cargos de un total de 183 candidaturas, representa una oportunidad para democratizar un poder históricamente percibido como elitista y lejano. La posibilidad de que los hidalguenses decidan quiénes serán sus jueces y magistrados podría fortalecer la confianza en el sistema judicial, siempre y cuando los candidatos sean seleccionados por su capacidad, imparcialidad y experiencia jurídica.
No obstante, esta apertura también conlleva riesgos. La politización del Poder Judicial, advertida por analistas y sectores empresariales, podría derivar en una justicia más permeable a los intereses de los partidos políticos. En un estado donde la participación electoral ha sido históricamente baja, con un promedio de abstencionismo del 57% en elecciones de diputados locales, la elección judicial enfrenta el desafío de legitimarse en un contexto de apatía política. Si bien la elección de autoridades judiciales podría ser vista como un ejercicio de empoderamiento ciudadano, la falta de información clara sobre los candidatos y el proceso mismo podría desincentivar la participación y abrir la puerta a prácticas como el acarreo o la compra de votos, como se ha denunciado en elecciones locales en otros estados.
Entre la esperanza y la apatía, el nivel de participación ciudadana en la elección se pronostica sea bajo. El Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han intensificado esfuerzos para difundir información sobre este proceso, con conversatorios y paneles como el organizado por la UPN-Hidalgo, que buscó analizar las implicaciones de la elección judicial con la comunidad estudiantil. Sin embargo, la experiencia en elecciones previas en Hidalgo sugiere que la participación podría ser limitada. Entre 1999 y 2010, las elecciones a gobernador en el estado se caracterizaron por un abstencionismo elevado y una competencia política dominada por el PRI, con una transición hacia un pluralismo limitado solo en años recientes. En 2013, por ejemplo, la participación en elecciones de diputados locales fue de apenas 60.28%, con mayor involucramiento en zonas marginadas, lo que plantea preguntas sobre la posible manipulación electoral en áreas con menor vigilancia.
La elección judicial, al ser un proceso novedoso, podría generar curiosidad y movilizar a sectores interesados en la justicia, pero también enfrenta el riesgo de una baja participación debido a la complejidad del proceso y la percepción de que el voto ciudadano no tendrá un impacto real. En Bolivia, el único país latinoamericano con un modelo similar, las elecciones judiciales han registrado alta abstención y votos nulos, lo que podría replicarse en Hidalgo si no se garantiza una campaña de información efectiva.
El impacto social de esta elección en Hidalgo dependerá de cómo se perciba la independencia de los jueces electos. La justicia en México es un pilar fundamental para resolver conflictos que afectan la vida cotidiana, desde disputas laborales hasta casos electorales.
La elección judicial en Hidalgo es un experimento democrático que podría redefinir la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Sin embargo, su éxito dependerá de tres factores clave: una participación ciudadana informada y activa, la transparencia en la selección de candidatos y la garantía de que el proceso esté libre de presiones políticas o económicas. Los hidalguenses tienen en sus manos una oportunidad histórica para moldear un sistema de justicia más cercano a sus necesidades.
Para que esta reforma cumpla su propósito, es crucial que el IEEH y el INE redoblen esfuerzos en la supervisión y revisión de información de los aspirantes, que los partidos políticos actúen con responsabilidad y que la ciudadanía ejerza su voto con conciencia. Solo así, Hidalgo podrá demostrar que la elección judicial no es solo un experimento, sino un paso hacia una democracia más robusta y justa.