Con el arranque de las campañas para la elección judicial en México, también inicia una nueva era en el equilibrio de poderes de gobierno.

De entrada, el Instituto Nacional Electoral (INE), frena oficialmente cualquier promoción, algo que a nivel estatal ya se había definido ante la opacidad de las reglas para una campaña de 60 días.

Para Hidalgo, ya se estableció que ningún medio público podrá hablarse de aspirantes, y propuestas, pero tampoco podrá hacerse promoción a personajes públicos, tareas cumplidas o entrega de beneficios, inversiones o detalles sobre recorridos, discursos.

Será con recursos de cada candidato y candidata (sus ahorros, dice claramente el ordenamiento), como se contrate publicidad en medios privados, así que es probable que dos meses no sean suficientes para que éstos den a conocer sus proyectos.

Tal vez las redes sociales ayuden a los aspirantes, pero no será suficiente para llegar con sus plataformas a zonas rurales o apartadas ni a sectores ajenos al proceso electoral, de por sí, inédito.

En total se disputan 881 cargos entre 3 mil 422 candidatos; 63 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN);15 a la Sala Superior del Tribunal Electoral; mil 640 a Magistrados de circuito; 38 al tribunal de Disciplina Electoral; 95 a cinco salas regionales del Tribunal Electoral y mil 570 a jueces de distrito.

En estas condiciones, la elección de junio próximo será una de candidatas y candidatos desconocidos, algo que tendrá que corregirse con el tiempo, pero más delicado será que la ciudadanía no entienda qué tareas y responsabilidades tendrán los perfiles que resulten ganadores.

De las estimaciones sobre la participación en el proceso omitiré mis comentarios. Hace semanas que la oficialidad, obliga a sus incondicionales a reunir 100 o más nombres con número de credencial de elector y fotografía, justo como se hacía con los “promovidos” en tiempos del priiato.