La elección judicial en México emergió desde su concepción como un tema candente en el debate político reciente. En un país marcado por la desconfianza hacia las instituciones y una polarización creciente, los paradigmas que rodean este proceso reflejan tanto las aspiraciones democráticas como los desafíos estructurales de su sistema político.
Hoy tiene el pueblo la oportunidad de elegir directamente a sus jueces. El esquema de mecanismos técnicos que priorizaba la competencia interna o las recomendaciones familiares esta por desaparecer. El poder judicial federal y los estatales se encuentran plagados de familiares directos, todo esto aunado a casos de corrupción a través de los años.
Ernesto Zedillo cerro el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separó de su cargo a sus 26 ministros.
Propuso a 18 ministros a modo, los cuales fueron votados por sus eternos aliados del PAN. Veintiséis días le tomó reformar la constitución para obtener la aprobación de los senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales. Impuso a sus incondicionales, no había independencia judicial.
Hoy la reforma judicial impulsada, viene a democratizar un poder históricamente elitista y opaco, alineándolo con la voluntad ciudadana. En un país donde la justicia ha sido señalada por corrupción y favoritismos, la idea de “darle voz al pueblo” resuena con fuerza.
Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar: la falta de preparación del electorado para evaluar méritos judiciales, el riesgo de que los jueces se conviertan en figuras políticas y la influencia de campañas millonarias financiadas por grupos de poder amenazan la imparcialidad.
En el México de 2025, con elecciones marcadas por la desinformación y el clientelismo, este enfoque podría agravar la crisis de legitimidad del sistema judicial en lugar de resolverla.
La SCJN representa el modelo tecnocrático empleado por años, se defendía la tradición de un sistema basado en méritos y designaciones institucionales, como lo fue el modelo previo del Consejo de la Judicatura Federal y las propuestas de la oposición para fortalecerlo. Aquí, la selección de perfiles recaía en expertos que evaluaban “trayectoria, conocimientos jurídicos y ética profesional”, alejando a los jueces de las presiones electorales. Este enfoque, que históricamente dio estabilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se vio cuestionado por la sumisión ante el poder ejecutivo federal. Y perdiendo él tan necesario contrapeso técnico al poder político.
El acceso a la SCJN esta vetado al ciudadano común, su talón de Aquiles, la percepción de elitismo y desconexión: en un país donde el 60% de la población desconfía de las instituciones (según encuestas recientes), un sistema que excluye a la ciudadanía puede ser visto como una reliquia del viejo régimen, incapaz de responder a las demandas sociales.
El domingo iniciaron las campañas para elegir ministros, magistrados y jueces por el voto popular, tal escenario es un reflejo del momento histórico que vive nuestro país.
La clave estará en diseñar un sistema que atienda las demandas de justicia social sin sacrificar la imparcialidad ni la competencia. En un contexto de alta desconfianza y desigualdad, la reforma judicial no solo debe ser efectiva, sino también convencer a una ciudadanía hastiada de que el estado de derecho es más que una promesa vacía.
X @David_Tenorio