La diputada Mayka Ortega Eguiluz, integrante del grupo legislativo del PRI (GLPRI) presentó un exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que cumplimenten a la mayor brevedad posible la sentencia dictada contra el imss en favor de un derechohabiente (expediente 970 / 16-27-01-4) que ordena el concepto de indeminzación, debido al daño que le causó una negligencia médica del personal del IMSS.

Ortega Eguiluz explica en tribuna que, "el derechohabiente, hoy de 69 años, trabajó 20 años como empleado de confianza en DINA Sahagún, de mayo de 1969 a agosto de 1987. 20 años de cumplir con sus deducciones para financiar el funcionamiento del IMSS" .

Son embargo, agregó la legisladora priista, “el seis de noviembre de 2013, que por un ligero agrandamiento de un testículo solicitó atención en su unidad de medicina familiar, a partir de esa fecha inicio un proceso irregular y deficiente de atención médica y administrativa en el Instituto Mexicano del Seguro Social, concluyendo los especialistas en urología del Instituto, en agosto de 2014, que el tratamiento a seguir, era practicar una penectomía (extirpación del pene) total ”.

Ortega Eguiluz precisó que “los calificativos de“ irregular ”y“ deficientemente ”asignados a la atención médica y administrativa, están totalmente documentados con evidencias, declaraciones ante autoridad competente y con la opinión médica de peritos especialistas asignados para determinar la existencia de responsabilidad o negligencia médica, dentro del expediente seguido ante un Tribunal Federal que determinó procedente indemnizar al derechohabiente, por el actuar desapegado a la normatividad por parte de personal del IMSS ”.

“El afectado señala haber recibido, con esta negligencia médica comprobada, un daño físico muy grave, sobre todo por no haber evidencia de justificación médica para la amputación practicada, y un daño moral mucho mayor al daño físico, por ello, en abril del 2015 , entabló demanda contra el IMSS ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el número de expediente 970 / 16-27-01-4 ”, destacó la diputada del GLPRI.

“En mayo del 2019, 4 años y un mes después, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió en favor del afectado, dicha sentencia, ha quedado firme, y en términos por lo dispuesto en la ley, han transcurrido en exceso los cuatro meses que le otorga la ley al IMSS para que de cumplimiento a lo que ha sido condenado, sin que a la fecha exista motivo debidamente fundamentado y motivado para ello, pues únicamente se han limitado a esgrimir, que el IMSS “No cuenta con presupuesto para cumplimentar la sentencia ”.

Ortega Eguiluz refirió que “de nuevo se violentan los derechos humanos del afectado al privarlo indefinidamente y de manera reiterada de un acceso a la justicia por el daño físico y sufrimiento psicológico al cual ha sido sometido por dicha institución de salud y ahora por dicha institución de justicia, no obstante que ambas autoridades tienen la capacidad operativa y legal de proveer lo necesario para resarcir el daño causado a una víctima ”, finalizó.