OBLIGACIÓN DEL ESTADO, PROMOVER ACCIONES PARA LA REGENERACIÓN, RESTAURACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE RECURSOS FORESTALES: GLPRI

Los diputados José Luis Espinosa Silva y Julio Valera Piedras, integrantes del Grupo legislativo del PRI (GLPRI) en el Congreso local, presentaron una iniciativa de reforma a la  Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Para el estado de Hidalgo ante la Diputación Permanente de la 64 legislatura.

El objetivo de la iniciativa, señaló Espinosa Silva, es “homologar lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo con lo que incluye la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de los principios rectores que deberá observar la política en materia forestal desarrollada por el Ejecutivo Estatal”.

Explicó que “el manejo sustentable de los recursos naturales no sólo es una demanda articulada a la calidad de vida de los ciudadanos, sino una necesidad y una posibilidad para el desarrollo de las propias comunidades rurales”.

Espinosa Silva expuso que “la política de desarrollo forestal en prospectiva, es muy importante para buscar la transformación a un enfoque con la participación de las comunidades y ejidos en la toma de decisiones y consolidar el profundo cambio de actitud para buscar el desarrollo de base con visión de sustentabilidad en ejidos y comunidades”.

Es decir, precisó, “existe la necesidad de integrar exitosamente las fortalezas de una comunidad con las oportunidades del medio ambiente externo, así como tratar de minimizar sus impactos para el alcance de un desarrollo sustentable, la comunidad deberá aprender a integrarse y monitorear continuamente el medio ambiente, con la finalidad de reformular las estrategias en proceso o crear nuevas y así cambiar de comunidad reactiva y/o adaptativa a comunidad proactiva y/o anticipativa”.

Por lo tanto, destacó Espinosa Silva, “con esta iniciativa, a política Estatal en materia forestal, promoverá el fomento y adecuada planeación de un desarrollo forestal sustentable, entendido éste como un proceso evaluable, mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social, que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida, sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector”.

Así mismo, “la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y los legítimos poseedores de recursos forestales”, finalizó.

 

 

 

 

 

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